Una maraña de pleitos jurídicos entrecruzados
La expropiacion del holding de la abeja ha desencadenado una compleja gama de pleitos jurídicos. Los tribunales españoles han tramitado, como mínimo, unas 10 denuncias. Entre estas se encontraban dos causas penales contra Jose María Ruiz-Mateos y ocho recursos que cuestionaban la expropiación del grupo.Las actuaciones judiciales han sido requeridas tanto por la familia Ruiz-Mateos como por la Administración española. Ruiz-Mateos presentó al Tribunal Supremo tres recursos contenciosos-administrativos: en demanda de poseer prioridad en la reprivatización de Rumasa, sobre habilitación de fondos para gastos de justiprecio y contra el acuerdo de reprivatizar el Banco Atlántico.
Ruiz-Mateos también presentó dos recursos de amparo, ante el Tribunal Constitucional, contra el decreto ley de expropiación y el auto de su procesamiento. Además de un interdicto, ante un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, para recuperar la posesión de los bienes y derechos de Rumasa.
El Ministerio Fiscal presentó una querella contra el empresario por diversos delitos monetarios entre los que se contaban fraudes a la Seguridad Social y operaciones ilegales de divisas. El juzgado exigió a Ruiz-Mateos el pago de 100.000 millones de pesetas de fianza. Al poco tiempo, la Audiencia Nacional le declaró en rebeldía. El gobernador y el subgobernador del Banco de España se querellaron por unas declaraciones de Ruiz-Mateos que consideraron calumniosas. El fiscal del Estado también inició un proceso contra el empresario por otro presunto delito de injurias al jefe del Estado.
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