Cerca de 70 policías serán sancionados en los proximos días por el Ministerio del Interior

La Dirección General de la Policía ha decidido, según informó ayer la Unión Sindical de Policías (USP), ejecutar los expedientes disciplinarios resueltos en los últimos meses, aunque, con arreglo al artículo 24 de la Constitución, dicha ejecución no puede realizarse si las sanciones no son confirmadas por vía judicial. La mayoría de los expedientes fueron abiertos contra dirigentes sindicales de la policía, y la cifra de sancionados puede ser de 70, según estimaciones de la USP. Prácticamente la totalidad de los miembros de la ejecutiva de la USP puede verse afectada por la medida.

La decisión de la Dirección de la Policía, conocida por la USP a través de un comentario hecho esta misma semana por el director de la Policía, Rafael del Río se ha tomado sólo unos días después de que, el pasado 1 de agosto, la Dirección de la Policía sancionara con tres años y 21 días de suspensión de funciones y otros 12 de suspensión de empleo al inspector Modesto García, ex secretario general de la USP, debido a tres faltas.

Para algunas fuentes sindicales, esta cadena de sanciones constituye la preparación del terreno para la aprobación de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Al parecer, el Consejo de Ministros estudiará, en su reunión del próximo día 28, un anteproyecto. El Ministerio del Interior no ha podido sacar adelante este texto legal en casi los tres años de gestión y el que propondrá ahora a la aprobación del Gobierno no parece que recoja mínimamente las pretensiones de los sindicatos policiales.

La USP difundió ayer un comunicado en el que se dice que, "una vez más, la Dirección General de la Policía utiliza la relajación propia de los meses veraniegos" para sancionar a un dirigente sindical y "decide ordenar se hagan inmediatamente ejecutivas todas las sanciones adoptadas en su día y que no han sido confirmadas por sentencia judicial".

Para la USP, el cumplimiento de esta decisión de la Dirección de la Policía supondría "una burla del principio de tutela jurisdiccional señalado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna".

El citado artículo 24 dice textualmente: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producir indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".

Réplica de la USP

Con la aplicación de las sanciones, según la USP, "la Dirección de la Policía y el equipo directivo policial del Ministerio del Interior pretenden encubrir su incapacidad para la dirección de profesionales de la policía".

El citado artículo de la Constitución es puesto de relieve por Modesto García en los tres recursos que, contra sus sanciones, ha presentado en la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La sanción más importante que le ha sido impuesta, de tres años y un día de suspensión de funciones, le fue aplicada por una falta de "manifiesta insubordinación individual", consistente en que, hace ocho meses, no se presentó a una citación del gabinete técnico de la Dirección de la Policía. En su recurso, Modesto García señala que su correctivo supone una discriminación con respecto a otros funcionarios cuyos correctivos no les son aplicados hasta que las sanciones no son firmes por vía judicial, lo que, en, su caso, vulnera el artículo 24 de la Constitución.

El ex secretario general de la USP entiende que la insubordinación individual ya no es considerada falta muy grave en la nueva legislación policial y agrega que el expediente se le abrió en relación con una actividad "derivada de la actividad sindical", ya que entonces era todavía secretario general de la USP. En los otros dos recursos presentados, Modesto García plantea similares argumentos. Las dos sanciones más con las que ha sido castigado están basadas en unas supuestas manifestaciones públicas de García para criticar el traslado a Granada de la esposa del jefe superior de policía de Granada, José Lesmes, hecho por el que ha sido suspendido de funciones durante 20 días, y en las declaraciones que hizo Modesto García para criticar la forma en que había sido detenido el entonces presidente del Sindicato Profesional de Policías (SPP), Manuel Novás, razón por la que ha sido sancionado con 12 días de suspensión de sueldo.