El juicio contra Otelo Saraiva, aplazado por la ausencia de un 'arrepentido'
El proceso abierto ayer en Monsanto, cerca de Lisboa, contra el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, estratega de la revolución de los claveles, y 73 miembros de la organización clandestina de extrema izquierda Fuerzas Populares Veinticinco de Abril (FP-25) ha sido aplazado hasta el próximo 7 de octubre, según anunció el presidente del tribunal, Adelíno Salvado. La causa del aplazamiento ha sido la ausencia de un acusado importante, José Rosa Barradas, uno de los arrepentidos que colaboró con la policía durante la investigación, que fue ametrallado el pasado viernes en su domicilio y se encuentra hospitalizado en estado muy grave. El atentado fue reivindicado por las FP-25.
La decisión del juez Salvado fue mal acogida entre los acusados, que llevan ya un año en la cárcel y que tendrán que esperar todavía dos meses y medio para ser juzgados. Catorce de los 73 acusados se hallan todavía fugados y los busca la policía.
Otelo Saraiva de Carvalho se sentó ayer en el banquillo ante el tribunal de Monsanto acusado de terrorismo y de conspiración contra el régimen democrático en un juicio calificado de "farsa" por el cerebro de la revolución del 25 de abril, que fue expulsado de la sala de audiencias. La primera jornada del proceso, que se puede considerar histórico por el número de reos y la relevancia del principal acusado, fue seguida por decenas de periodistas extranjeros, juristas y observadores.
La acusación considera a Otelo, como familiarmente se le conoce en Portugal, como el inspirador de las FP-25, organización a la que, junto al Frente de Unidad Popular, se atribuye la responsabilidad de una larga serie de atentados desde 1980, que han costado la vida a media docena de personas.
Se esperaba que la dificultad de constituir un jurado de 11 miembros fuese el primer obstáculo en la apertura del juicio, pero el problema no llegó siquiera a plantearse, porque la defensa abrió el fuego antes. Francisco Salgado Zenha, ex ministro de Justicia, ex dirigente del Partido Socialista de Portugal (PS), defensor de José Luis Mouta Liz, uno de los cuatro supuestos dirigentes de las FP-25, cuestionó de entrada la acusación y la composición del tribunal y requirió la nulidad del proceso.
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Los abogados de los acusados de las FP-25 consideran que el juicio viola la Constitución y las leyes portuguesas
Viene de la primera páginaFancisco Salgado Zenha, político y letrado con una larga experiencia de los tribunales plenarios del régimen salazarista, dijo que la instrucción del proceso constituye una "violación flagrante de la Constitución y de la legislación portuguesa, y de la Convención Europea de los Derechos Humanos" y un atentado al prestigio de la Justicia. "En esta Babel procesal", dijo Zenha, "no se puede ejercer el derecho de defensa", porque ningún abogado puede defender eficaz y seriamente a su cliente sin saber concretamente las acusaciones que pesan sobre él y las pruebas materiales que serán utilizadas al efecto".
Salgado Zenha recordó que el derecho democrático portugués no contempla la responsa bilidad criminal colectiva" y que toda acusación debe basarse en "hechos materiales y psicológi cos individuales". "El resultado de un proceso organizado en es tas condiciones es conocido; en vez de un proceso judicial, va mos a tener un proceso de opinión pública, en que el tribunal y el jurado formarán su criterio tras una parodia de la cual la defensa será un mero instrumento decorativo".Salgado Zenha, y el abogado de Otelo, Romeu Francés, cuestionaron también la competencia del presidente del tribunal, que es el mismo magistrado que concluyó la instrucción del proceso, firmando el acta de acusación. Secundados por los demás abogados de la defensa, Zenha y Francés invocaron la violación del principio constitucional que prevé la clara separación de las fases de instrucción, acusación y enjuiciamiento.
El abogado Saalgado Zenha estaba llamado a convertirse en la estrella del proceso de las FP25, pero un ausente le arrebató ese papel: José Manuel Rosa Barradas, de 34 años, uno de los arrepentidos, cuyos testimonios constituyen el principal triunfo de la acusación.
Barradas que, con otros dos arrepentidos, aguardaba en libertad el momento de declarar contra sus ex compañeros, está internado en un hospital de Lisboa con una bala alojada en la columna vertebral y en peligro de muerte.
El presidente del tribunal considera que la declaración de Barradas es "imprescindible para aclarar los hechos".
El fiscal había pedido la separación de este acusado del expediente para "no prolongar por más tiempo la prisión preventiva de 56 de los acusados", y el argumento había sido aceptado por la mayor parte de los abogados de la defensa.
El tribunal decidió, no obstante, y contra todas las previsiones, suspender la vista hasta el 7 de octubre próximo, para permitir la presencia en el tribunal del acusado-testigo Barradas.
Los arrepentidos fueron el principal problema desde el principio. Los abogados de oficio que les fueron atribuidos no comparecieron en el tribunal y fue preciso encontrar un letrado entre el público, para que pudiera iniciarse la vista.
No tuvieron, sin embargo, que sentarse en la jaula de vidrio prevista en el recinto reservado a los acusados y aislado del resto de la sala por cristales a prueba de balas: el tribunal consideró suficiente, para evitar eventuales incidentes, sentar a los dos arrepentidos y a los dos acusados considerados altamente peligrosos en un banco aparte, en la primera fila del lugar atribuido a los abogados.
No fueron colocadas las rejas metálicas, que habían provocado polémica en la prensa portuguesa. En cambio, el riguroso dispositivo de seguridad instalado alrededor del tribunal y en el interior de la sala de audiencias, suscitó las protestas de los letrados, del público, y de los periodistas, que tuvieron que esperar cerca de dos horas, bajo un sol de rigor, para poder entrar en la sala de prensa instalada a unas decenas de metros del tribunal, y donde siguen la vista a través de un circuito interior de televisión en blanco y negro.
Los alrededores de Monsanto y todas las carreteras de acceso estaban estrechamente vigilados. Para entrar en la sala de audiencias era necesario pasar un control policial con rayos X.
A primera hora de la tarde, no se había conseguido todavía elegir a los integrantes del jurado y el presidente del tribunal no había procedido a la lectura del acta de acusación.
Evidente malestar
Es obvio también el malestar de las autoridades portuguesas frente a la perspectiva de un juicio que no llegó a alcanzar el carácter ejemplar que dejaba prever la espectacularidad de la redada de junio de 1984, que condujo a prisión a los que ahora se sientan en el banquillo.
La opinión pública no está movilizada, ni en favor ni en contra de los acusados, y a pesar del despliegue informativo la vista amenaza con derivar hacia una confrontación entre acusadores y acusados.
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