El fiscal que seguía el espionaje político presentó su renuncia a continuar actuando en el caso

Carlos Ladrón de Cegama, de 49 años, fiscal de la causa relativa al espionaje político, presentó el pasado lunes al fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid Pedro Claver su renuncia a continuar actuando en el caso, por entender que se ha producido una supuesta ruptura del principio de unidad. Ladrón de Cegama tomó esta decisión al conocer extraoficialmente, mediante los medios de comunicación, que el auto por el que el Tribunal Supremo exime de responsabilidad al Gobierno está basado fundamentalmente en el informe de la Fiscalía General del Estado, mientras que Ladrón de Cegama continúa convencido de que hay indicios racionales de implicación en los hechos de miembros del Ejecutivo.

CARLOS YÁRNOZ, El fiscal de la Audiencia Territorial aconsejó a Ladrón de Cegama que no mantuviera su renuncia -presentada por escrito-, momento en que el fiscal de la causa del espionaje decidió retirarla. No obstante, y una vez que conozca oficialmente el auto del Tribunal Supremo y, probablemente, el informe de la propia Fiscalía General del Estado, si se confirma oficialmente que el fiscal general del Estado ha mantenido tesis contrarias a las suyas, también se Poduciría, en opinión de Ladrón de Cegama, una ruptura del principio de legalidad, por lo que sería muy difícil que el fiscal continuase actuando en la causa.Carlos Ladrón de Cegama suscribió en su día la decisión del juez instructor de la causa, José María Vázquez Honrubia, de enviar una copia del sumario al Tribunal Supremo, por entender que había sospechas e indicios de que estaban implicados en los hechos el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el diputado socialista Eduardo Martín Toval.

El fiscal Ladrón de Cegama declaró ayer a EL PAIS: "Si yo puse el visto bueno en las diligencias del juez porque, a ciencia y conciencia, estimaba que había sospechas sobre personas aforadas -los dos miembros del Gobierno y el diputado- implicadas. Y no es que estime que la decisión del Tribunal Supremo, que aún desconozco oficialmente, es injusta. Lo que ocurre es que, aún hoy, estoy convencido de que existen esas sospechas e indicios. Puse el visto muy bien meditado".

Burón estaba informado

Durante la realización de las diligencias judiciales sobre el espionaje -se iniciaron a finales de mayo y un mes más tarde fueron enviadas al Tribunal Supremo-, el fiscal Carlos Ladrón de Cegama informó sobre su desarrollo en cuatro ocasiones, dos oralmente y otras dos por escrito, a sus superiores: tres al fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, y otra al fiscal de la Audiencia Territorial. El primer informe fue oral y se produjo pocas horas después de que, el pasado 27 de mayo, el juez Vázquez Honrubia interviniera los archivos de la Brigada de Interior, de donde se llevó 180 informes policiales sobre Alianza Popular.

A raíz de este primer informe oral, Burón Barba solicitó que la comunicación se relizara por escrito. Días más tarde, y coincidiendo con que el juez Vázquez Honrubia citó a declarar al vicepresidente del Gobierno y a otros altos cargos de la Administración, Ladrón de Cegama volvió a informar oralmente al fiscal general del Estado. Por último, Ladrón de Cegama presentó un cuarto informe, escrito, al fiscal de la Audiencia Territorial, justo antes de que el juez Vázquez Honrubia enviara una copia del sumario al Tribunal Supremo.

En ninguna de las cuatro ocasiones, el fiscal general del Estado pidió o insinuó a Ladrón de Cegama que variara o rectificara su línea de actuación. "No recibí objeción alguna u observación a los informes", ha dicho Ladrón de Cegama, quien ha precisado: "El fiscal general no ejerció la más mínima presión sobre mí para que yo actuara en un sentido o en otro, ni me marcó la línea a seguir. Tampoco me presionó en ningún momento para que, a mi vez, influyera sobre las decisiones de Vázquez Honrubia, en contra de algunos rumores que han trascendido últimamente".

Ante estos hechos, el fiscal Carlos Ladrón de Cegama entiende que han podido quedar rotos dos principios básicos en las actuaciones de los fiscales, que son los de unidad -según el cual la línea fiscal debe ser única, ya que el ministerio fiscal es único para todo el Estado- y, de continuar él actuando en la misma causa (puesto que sigue convencido de que hay indicios y sospechas contra miembros del GObierno), el de legalidad: según el cual el fiscal, si no está de acuerdo con las directrices que le marcan sus superiores, puede comunicárselo a ellos, quienes deciden si debe o no continuar actuando en el caso.

En cuanto al principio de unidad, en medios judiciales se estima que, si el fiscal general del Estado no estaba de acuerdo con la línea seguida por Ladrón de Cegama, quizás lo lógico habría sido que se lo comunicara en su momento. Sin embargo, al no hacerlo así, ha supuesto una sorpresa para Ladrón de Cegama el enterarse, según diversos medios de comunicación, de que el citado auto del Tribunal Supremo estaba basado en un informe de la Fiscalía General del Estado cuyo contenido era contrario a las tesis mantenidas por el propio Ladrón de Cegama.

Con respecto al principio de legalidad, ningún fiscal puede ser obligado a continuar actuando en una línea fijada por sus superiores -en este caso la Fiscalía General del Estado-, cuando el propio fiscal tiene el convencimiento de que esa línea no es, en su opinión, la correcta. En tal caso, el fiscal puede ser obligado a continuar actuando -aunque eximido de las responsabilidades que pudieran derivarse- o puede ser sustituido por otro fiscal.

Por estos motivos, el fiscal Carlos Ladrón de Cegama cree que se encuentra en una difícil situación para continuar actuando en la causa sobre el espionaje político, aunque precisa que no por todo ello puede afirmar que el error esté en la Fiscalía General del. Estado y admite que él mismo puede ser el equivocado.