La Comunidad de Madrid, un rosario de conflictos

La gestión del Gobierno regional madrileño ha sido una sucesión de polémicas y enfrentamientos entre el partido mayoritario, el PSOF, y la oposición, Coalición Popular y el PCE. La batalla por el recargo del 3% y las críticas sobre la subordinación de Joaquín Leguina al Gobierno central han supuesto una pérdida de credibilidad no sólo para los socialistas sino para la propia comunidad. Pero el presidente regional se muestra relativamente satisfecho de su labor y argumenta con cierta amargura que las realizaciones de su Gobierno no han sido valoradas por los ciudadanos ni reconocidas por una oposición que te niega el pan y la sal.

La historia de la autonomía madrileña es la de sus conflictos. La polémica del himno y la bandera, la proyectada televisión, el parque regional de la cuenca alta del Manzanares, y la culminación, la campaña contra el recargo del 3%. Este Gobierno regional ha cosechado cinco recursos de inconstitucionalidad. Dos, contra el par que del Manzanares, uno de Coalición Popular y otro del Gobierno de Felipe González, aunque éste último fue retirado después. El Gobierno recurrió también un artículo de la ley del consejo asesor de Radiotelevisión Española (RTVE) en Madrid. Coalición Popular y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos contra el recargo del 3%.En junio del pasado año se produjo, además, la primera crisis del Gobierno regional, que acaba con la sustitución del consejero de Economía y Hacienda, Francisco Gil, por Luis Cendrero. En otoño puede haber alguna otra dimisión.

Coalición Popular ha asumido la función de martillo del Gobierno regional. El acoso de los diputados del Grupo Popular ha sido constante, acoso que tanto el PSOE como el PCE creen desproporcionado. La oposición de derechas ha trabajado para zancadillear continuamente los planes del Gobierno regional, más que en la presentación de proyectos alternativos. José López López, actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, insiste en la paradoja de que un Gobierno regional de izquierdas "tiene relaciones menos fluidas con el Gobierno central que las de otras comunidades regidas por la derecha".

El Grupo Popular califica estos dos primeros años de gestión de decepcionantes: "Ni se ha terminado el proceso de transferencias, ni se han conseguido las competencias en materia de Educación, ni hay un incremento perceptible de la inversión pública, ni la comunidad disfruta de autonomía financiera. Al margen de los temas concretos en que hemos estado en desacuerdo, como la ley del parque del Manzanares", afirma López López, "los pecados más graves del Gobierno regional son los que ha cometido por omisión".

Para la oposición conservadora, "se ha hecho muy poco contra el paro y la inseguridad ciudadana, que es lo que más preocupa a los madrileños. Incluso la Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) va a marcha lenta, y la Consejería de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, se dedica a hacer parques metropolitanos, un tema que es muy importante, pero que no es el de mayor prioridad".

La oposición no deja de recordar, a Leguina los planteamientos excesivamente optimistas que desgranó en su discurso de investidura. Lorenzo Hernández, portavoz en la Asamblea de Madrid del Grupo Comunista, reafirma hoy el escepticismo que sintió cuando, en el citado discurso, oyó a Leguina prometer que a principios de 1985 estaría concluido el proceso de transferencias incluidas en el estatuto, y la comunidad habría recibido, previa aprobación por ley orgánica, las competencias de Educación, Sanidad, Trabajo y Seguridad Social que el estatuto aplaza cinco años desde su entrada en vigor.

"Los males que aquejan a la autonomía madrileña provienen de esta situación, caracterizada por el frenazo del Gobierno de Felipe González a los procesos de transferencias, por su miedo a que se le dispare el déficit público, y la actitud de subordinación partidaria que ha adoptado el Gobierno regional", afirma Hernández. "Aún no se han recibido todas las transferencias, no se sabe nada de las leyes orgánicas que las Cortes iban a aprobar, la situación financiera de la comunidad es grave y Leguina opta por el famoso recargo del 3%. El fracaso del Gobierno regional en este tema ha significado también un distanciamiento de los ciudadanos hacia un ente del que casi la primera noticia que han tenido ha sido una amenaza directa a sus bolsillos".

"Esa política de no molestar al Gobierno central condiciona todo lo demás", añade el portavoz comunista. "Se aceptan sin protestar los retrasos de las transferencias, los proyectos se eternizan -aún no se ha nombrado siquiera el gerente de la Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR)- o no se emite deuda pública para no incrementar el déficit".

Hernández pertenece al sector carrillista del PCE. Los diputados fieles a la actual dirección comunista coinciden en estos planteamientos, aunque matizan que "no es un problema de Leguina; la comunidad sufre la política de frenazo al proceso autonómico impuesto por el Gobierno central, y es casi indiferente quiénes sean las personas que ocupan el Gobierno regional".

Joaquín Leguina, sin embargo, piensa que la comunidad avanza, contra viento y marea, y que su consolidación es un hecho irreversible. El presidente del Gobierno regional acusa a la oposición, particularmente a Coalición Popular, de practicar una política negativa a todo lo que venga del Gobierno autónomo y de olvidar las dificultades de rodaje de los primeros meses.

"En los dos próximos años comenzarán a notarse los efectos positivos de la gestión", asegura Leguina. "Están en marcha proyectos muy importantes: la instalación de la Zona de Urgente Reindustrialización, el Plan Cuatrienal de Asistencia Social, la creación de grandes parques metropolitanos, el control de las ur