La inflación derivada del déficit público podría llegar al 26%

El déficit público y la política de financiarlo en los tres últimos años sin crear dinero, para aflorar su coste y frenar la subida de precios al consumo, han incrementado las deudas estatales hasta los 10 billones de pesetas, con una carga por intereses que se aproximará en 1986 al billón. Pero los propios artífices de esta línea, el Banco de España y varios altos cargos de la Administración, opinan ahora que no se podrá mantener en el futuro. Si no se ajustan los gastos e ingresos, "se precisarían tasas de inflación comprendidas entre el 15 y 26%, aún en los casos más favorables" según un experto del banco emisor. De la afirmación entrecomillada sólo se había publicado la primera cifra, ya calificada inmediatamente como disparatada por el secretario de Estado de Economía, Miguel Angel Fernández Ordoñez, al anunciar que el índice de precios de junio quedará en el 0,1 o 0,2%.El trabajo contestado por Fernández Ordoñez trascendió cuando el director general del Tesoro, Raimundo Ortega, consideró "incluso optimista" la conclusión de que "serán necesarias tasas anuales de inflación cercanas al 15% para financiar a corto plazo las necesidades de endeudamiento derivadas del déficit en los dos últimos años", según dijo. Su autor, José Viñals, economista del Banco de España presentó el informe en el curso sobre déficit público celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, donde la validez de sus previsiones fue admitida por los asistentes, entre ellos el catedrático Enrique Fuentes Quintana, Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, y varias decenas de profesores universitarios.

El texto aparece en el número de la revista Papeles de Economía española que se pondrá a la venta en las próximas semanas y había sido comentado antes de su publicación con Luis Ángel Rojo, director del servicio de estudios del Banco de España, y otros miembros del mismo, según anota a pie de página el autor.

Una de las principales conclusiones del estudio indica que, si se mantienen los actuales déficit, "pueden hacer insostenible una financiación no inflacionaria de los niveles presentes de endeudamiento público". Otra, que si ingresos y gastos no se ajustan en la dirección adecuada, "sería inevitable tener que incrementar la tasa de inflación (impuesto inflacionario, según afirma el propio autor) hasta niveles del 15 al 26%. Un tercer argumento en favor de reducir el déficit descansa en la necesidad de que las expectativas de inflación implícitas en el mismo "no erosionen la credibilidad y la eficacia anti-inflacionista de la política monetaria". José Viñals insiste en tomar con cautelas esté tipo de conjeturas. De hecho, al presentar el trabajo sólo se refirió al 15%. y no al 26% que figura en el escrito. Pero reitera que también este máximo forma parte de las hipótesis más favorables.

En efecto, éstas se formulan para un escenario en que la economía crece al 4% y el déficit público estructural -así denominan los economistas al exceso de gastos que mantendría el Estado en caso de alcanzar la economía el máximo crecimiento potencial- se sitúa entre el 2 y el 3% del Producto Interior Bruto.

Y todo parece indicar que el crecimiento va a ser casi la mitad en los próximos años y el déficit resultará algo superior, pues aumenta a medida que la actividad económica es menor, según apuntaron los ponentes del curso sobre déficit público.