...Y un problema político

PERO VOLVIENDO al comienzo de esta larga historia, la denegación de la demanda presentada por Fraga para conseguir que Televisión Española proyectara un vídeo sobre su etapa como ministro de la Gobernación agota el aspecto jurídico, pero no la dimensión política del problema creado.La manipulación informativa de Televisión Española en beneficio del poder no es un invento, ni mucho menos, de los socialistas, sino una constante de nuestra reciente historia política. Puesto a hacer el vídeo de Fraga, Televisión Española podía haber recordado también que éste heredó el monopolio de Gabriel Arias Salgado para potenciar la adulación al dictador y el linchamiento moral de los discrepantes entre 1962 y 1969. En la España democrática, Televisión Española ha estado al servicio de los sucesivos Gobiernos centristas, incluida la etapa en que Carlos Robles Piquer hizo compatible el apoyo al presidente Calvo Sotelo con el fortalecimiento de Alianza Popular, partido en el que hoy ocupa una elevada responsabilidad. Cuando los socialistas -entonces en la oposición- iniciaron, con motivo de una auditoría, una querella criminal contra Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado, directores de RTVE con Adolfo Suárez, el trasfondo político de la acción penal apenas quedó disfrazado. Y si Fernando Castedo fue destituido como director del Ente Público RTVE por Leopoldo Calvo Sotelo, las claves de esa destitución tuvieron también carácter partidista y electoralista. Sin embargo, que Manuel Fraga haya sido objeto de uno de esos tratamientos a los que nos tenía acostumbrados Prado del Rey cuando el actual agredido era ministro de Información muestra hasta qué punto las antiguas víctimas pueden interiorizar en sus conciencias los principios y las pautas de conducta de sus antiguos verdugos. Una transición como la española, que se ha hecho desde la reconciliación, no debe olvidar este carácter esencial del proceso, y una televisión que es monopolista y estatal no puede comportarse con semejante prepotencia en una democracia.La pretensión de Manuel Fraga de poner su vídeo frente al vídeo de los otros era inadmisible, y responde a las pulsiones autoritarias de siempre conocidas en él. La petición de destitución del actual director general de RTVE por el Gobierno, en estricto cumplimiento del Estatuto de Televisión, es en cambio razonable si se quiere garantizar que estos atropellos políticos no vuelvan a repetirse -contra Fraga, o contra el PCE, o contra Pujol, o contra Boyer, o contra Suárez, o contra quien sea- en la próxima campaña electoral. El artículo 12 de esa norma establece que "el Gobierno podrá cesar al director general, oído el consejo de administración, mediante resolución motivada" por causa de "incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos" definidos en los artículos 3º y 4º del estatuto. No sólo los socialistas tienen mayoría absoluta en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, sino que además dos consejeros que militan en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -Elena Vázquez y Luis Enciso- han estado a punto de ser expulsados de su partido precisamente por ser pioneros de las críticas a Calviño. En cuanto a las razones que avalarían la destitución del actual director general, el estatuto ordena que la actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspiren en los principios de "objetividad, veracidad e imparcialidad de la información", de "separación entre informaciones y opiniones", de "respeto al pluralismo político" y a "cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución". Tras la lectura de esas líneas, ¿puede afirmar alguien sin que se le caiga la cara de vergúenza que el estatuto de RTVE impide o dificulta al Gobierno, previo informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, destituir a Calviño?, ¿cabe entonces alguna duda de la parcialidad que inspiró el reportaje en cuestión? El justo triunfo de TVE ante los tribunales es un triunfo para todos. Pero es el Gobierno y no los jueces quienes deben poner coto a una situación política que desdice del respeto a las más elementales normas y al funcionamiento de la democracia que unos gobernantes elegidos por el pueblo deben guardar.