Tierno escribe al ministro de Economía y Hacienda para que aclare la legalidad del cobro de la ORA

El alcalde de Madrid, Enrique Tierno, envió ayer una carta al nuevo ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, para pedirle que se dicte una normativa clara que resuelva de una vez por todas las dudas que se han venido sucediendo respecto a la legalidad de la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA). El concejal responsable del área de seguridad, circulación y transportes, Emilio García Horcajo, manifestó que "si la legalidad de la ORA no se puede aclarar por la vía jurídica, debe solucionarse por vía legislativa".

Emilio García Horcajo explicó que la finalidad de la carta que ha dirigido el alcalde de Madrid, Enrique Tierno, a Carlos Solchaga es "zanjar las dudas sobre la legalidad de la ORA, utilizando la vía legislativa; es decir, pedir una redacción clara del artículo 86.2 del decreto ley del 30 de diciembre de 1976". Este artículo determina que el impuesto de circulación sustituirá a cualquier otro arbitrio o tasa sobre el rodaje en la vía pública, aunque exceptúa el establecimiento de servicios de aparcamiento vigilado."El artículo", añadió García Horcajo, "ha sido interpretado de manera contradictoria por distintas salas de la Audiencia Territorial de Madrid, por lo que entendemos que la Administración central debe elaborar una normativa clara al respecto". En efecto, los tribunales madrileños han dictado sentencias opuestas respecto a dos recursos interpuestos por el abogado Eduardo Rodríguez y por el Real Automóvil Club de España (RACE).

En el primer caso, la Sala Primera de lo contencioso de la Audiencia Territorial de Madrid dictó el 12 de diciembre de 1984, sentencia favorable a la demanda presentada por Rodríguez contra el Ayuntamiento por una multa de 500 pesetas que le había sido impuesta por no poner la tarjeta horaria que acredita el pago de la tasa de aparcamiento en la zona de la ciudad afectada por la ORA. La sentencia se basó, según explicó García Horcajo, en que los empleados municipales encargados de controlar el pago de la tasa de la ORA, no realizan en la práctica labores de vigilancia de los vehículos. Esta sentencia fue ratificada el pasado 27 de junio por un auto del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento basándose en la escasa cuantía económica de la multa.

Sin embargo, la sala Cuarta de la Audiencia Territorial de Madrid dictó, el pasado mes de marzo, sentencia favorable al Ayuntamiento en el recurso presentado por el RACE. Dicha sentencia considera que "el uso de las áreas de estacionamiento vigilado se condiciona en primer lugar al pago de una tasa, contrapartida lógica y necesaria derivada de la utilización individualizada de un bien de dominio público".

Los miembros del Grupo Popular de la corporación madrileña reiteraron ayer su petición de suspender la aplicación de la ORA "para evitar confusiones". El portavoz del grupo, José María Álvarez del Manzano, manifestó que "el Ayuntamiento debe ordenar el espacio físico para el aparcamiento, pero con un soporte legal". La oposición considera escandaloso el hecho de que "el Ayuntamiento esté jugando con la creencia de que los ciudadanos no van a interponer recursos contra la ORA porque les saldrá muy caro".

Obligado cumplimiento

La oficina del Defensor del Pueblo difundió ayer un comunicado en el que aclara que la sentencia de la audiencia territorial de Madrid se limita a anular una resolución administrativa sancionatoria a un ciudadano, lo que supone que la ordenanza que regula la ORA se encuentra vigente y en consecuencia es de obligado cumplimiento".El comunicado añade que la institución del Defensor del Pueblo se ha limitado, hasta el momento, a estudiar las sentencias de la Audiencia Territorial y el auto de Tribunal Supremo, sin haber adoptado ningún tipo de resolución.