Enviado al fiscal general del Estado el sumario sobre el espionaje

Una copia del sumario sobre el espionaje policial sufrido por Alianza Popular fue remitido ayer por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, para que éste emita el correspondiente informe sobre el alcance y posibles responsabilidades del contenido del citado sumario. El informe, según fuentes Judiciales, puede estar concluido antes del próximo día 25, y la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo prevé tomar una decisión sobre si asume la competencia respecto a la causa antes de concluir el presente mes.En medios judiciales se estima que el Tribunal Supremo prefiere agilizar todas las gestiones para adoptar cuanto antes una determinación, la primera de las cuales consistirá en señalar si el alto tribunal entiende que hay indicios o sospechas fundadas para implicar a miembros del Gobierno o parlamentarios, en cuyo caso la Sala Segunda de lo Penal asumirá la competencia del caso.

Posibilidades del Supremo

Otras posibilidades jurídicas que caben son las siguientes. En caso de que el Tribunal Supremo estime que no hay indicios para procesar a miembros del Gobierno o parlamentarios, y sí en cambio a altos cargos policiales, comunicará al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que el tribunal competente en este caso es la Audíencia Territorial.La Sala Segunda también puede entender que no hay sospechas suficientemente fundadas como para continuar la causa, en cuyo caso cabe la posibilidad de que inste al juez José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado de Instrucción número 21, a que realice nuevas diligencias para intentar obtener más pruebas.

Cabe igualmente que la Sala Segunda entienda que no hay motivos para procesar a ninguna persona, en cuyo caso la causa podría quedar archivada sin más.

La razón por la que el sumario se encuentra en el Tribunal Supremo estriba en que el juez Vázquez Honrubía estima que, entre los posibles implicados en el espionaje policial a partidos políticos, pueden figurar miembros del Gobierno -concretamente, el vicepresidente del Ejecutivo y el ministro del Interior- y el parlamentario socialista Eduardo Martín Toval.

Tanto los miembros del Gobierno como los parlamentarios gozan de un fuero especial a la hora de plantear su posible procesamiento. En el caso de los integrantes del Gobierno, su procesamiento sólo puede ser dictado por el Tribunal Supremo. En el caso de los parlamentarios, su procesamiento sólo puede ser dictado tras obtener la correspondiente autorización de la cámara respectiva una vez votado el consiguiente suplicatorio.

Cuando se trata de procesamientos de altos cargos de la Administración -con categoría más elevada que la de jefe superior de la Administración-, la competencia corresponde a la Audiencia Territorial.

En la misma causa también puede haber procesados que no gocen de ningún fuero especial, como los supuestos topos que obtenían información en el seno de AP.