Canarias, algo más que una hora de diferencia

El Congreso de los Diputados ratificó por unanimidad el pasado jueves el estatuto de adhesión de Canarias a la Comunidad Económica Europea. La aprobación se produjo cuatro días después de que el Parlamento canario hubiese rechazado por mayoría el citado estatuto de adhesión, al aliarse todas las fuerzas representadas (desde la derecha de Fraga a los independentistas) frente a la minoría mayoritaria del PSOE. Las peculiaridades de esta comunidad autónoma -la única con derecho a pronunciarse sobre esta materia, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el artículo 45 de su estatuto de autonomía- y la falta de consideración por parte del Congreso a la moción aprobada por el Parlamento regional han provocado una gran conmoción en las islas y han introducido un elemento más de desestabilización en una sociedad profundamente desvertebrada.La desautorización que de hecho se ha producido por parte del Congreso al Parlamento canario en este tema plantea, en primer lugar, una cuestión de constitucionalidad. Izquierda Nacionalista Canaria ha anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por estimar que la moción del Parlamento regional es vinculante para el Estado. Esta interpretación, discutida ahora por muchas de las fuerzas que se aliaron en la votación contraria al texto de integración en la CEE, figuraba textualmente ("expresamos nuestra convicción (le que estamos ante un informe (de carácter vinculante") en la moción aprobada. La postura de los partidos de ámbito estatal en Canarias (Alianza Popular, PDP, CDS y PCE) se ha tornado en extremadamente incómoda a partir de estos hechos.

El actual conflicto de soberanía entre parlamentos y el pronunciamiento mayoritario de la Cámara canaria contra el texto de adhesión resulta dificil de entender desde Madrid o Bruselas, a la vista de las condiciones globales concedidas por la CEE a este archipiélago.

Claves para un conflicto

De las tres opciones barajadas para Canarias (integración plena, estatuto especial o régimen de tercer país con acuerdos especiales), el Parlamento de esta comunidad se pronunció el 1 de diciembre pasado por la opción segunda: quedar fuera de la Unión Aduanera y de la política agrícola comunitaria, no aplicación del impuesto sobre el valor añadido, zona de libre comercio en doble sentido entre la CEE ampliada y Canarias, una solución aceptable para la industria tabaquera y posibilidad de algún arancel propio o tarifa puntual para proteger coyunturalmente alguna producción de interés estratégico. El Gobierno español asumió esta posición del Parlamento regional y la defendió en las negociaciones de Bruselas. La CEE, según el consejero de Economía del Gobierno canario, Rafael Molina Petit, concedió todo lo solicitado por Canarias, a excepción del libre acceso de productos agrícolas y pesqueros a la CEE, que queda sometido a precios de referencia y contingentes para algunos productos.

Desde la óptica de la CEE, el acuerdo es muy generoso para Canarias, mucho más que el tratamiento dispensado a otras regiones españolas. Y ello ha sido posible al aceptar las tesis españolas de las especiales características de Canarias, zona de importancia geoestratégica muy alejada del continente europeo y con una economía muy débil (el 0,3% del producto interior bruto de la CEE) que no plantea problemas serios a las producciones comunitarias. La preocupación de la República Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido por mantener la estabilidad política y económica en esta zona ha sido decisiva para la concesión de este trato privilegiado a Canarias. La opción primera, la integración plena, habría hundido el comercio y el turismo canario al provocar incrementos de precios del orden de 20 puntos y poner fin al régimen de puertos francos.

¿Qué ha ocurrido para que, a pesar de la bondad de este estatuto, se hayan producido manifestacíones multitudinarias en Gran Canaria y Tenerife contra las condiciones de adhesión y para que el Parlamento regional se haya pronunciado en contra? La respuesta que parece acercarse más a la realidad, después de consultar a diferentes sectores económicos y políticos de las islas, es que el estatuto concedido a Canarias, siendo muy bueno a nivel económico para el archipielago, en cifras globales, va a provocar también la recesión o el hundimiento de actividades de escasa viabilidad económica, pero de alto interés social. La agricultura supone sólo el 8,5% del producto interior bruto (PIB) de Canarias (frente al 70% del sector servicios o el 21 % de la industria y la construcción), pero da empleo al 16% de la población activa. La escasa participación de la agricultura en el PIB y el elevado volumen de mano de obra que absorbe pone en evidencia la escasa rentabilidad y viabilidad de esta actividad en Canarias, independientemente de la adhesión o no a la CEE.

El 'síndrome Almería'

No obstante, la agricultura canaria afectada por los precios de referencia (precios mínimos temporales que impone la CEE para la entrada de determinados productos en su mercado) se circunscribe al tomate, el pepino, las berenjenas y los calabacines (la denominada agricultura de exportación, que representa el 4,5% del PIB canario). El plátano, en principio, conserva el mercado peninsular durante la etapa transitoria, y muy probablemente, mediante mecanismos indirectos como hacen otros países, pueda asegurarse definitivamente el mismo.

El problema, pues, se plantea con mayor gravedad en los cuatro productos citados, que pueden verse desplazados de sus mercados europeos tradicionales mediante tasas compensatorias que los hagan no competitivos. La aceptación de estos productos canarios en los mercados europeos se ha debido, fundamentalmente, a su estacionalidad. No tenían competencia. Desde hace unos años, el sureste español, Almería especialmente, compite con Canarias en producciones tempranas de estos productos, y éste sí es un problema para los agricultores canarios. Hasta ahora los cultivadores de la Península y los del archipiélago se ponían de acuerdo para coordinar y combinar sus exportaciones y no hundir los precios en el mercado europeo. Pero a partir de la entrada en la CEE, Almería está dentro de la política agraria de la CEE, sin precios de referencia ni contingentes, y Canarias no.

El actual calendario de precios de referencia de la Comunidad Económica Europea, a la vista de las estadísticas de exportación de los tres últimos ejercicios, sólo afectaría al 30% o 40% de las ventas canarias de estos productos al Mercado Común. Pero existe el temor de que los competidores almerienses arranquen a la CEE una ampliación de la vigencia de estos precios referenciados para hacerse con la cota de mercado del archipiélago.

Desde un punto de vista estrictamente económico, estas medidas de la CEE lo único que deberían producir es la desaparición de unas actividades poco viables y la aceleración de una profunda reconversión agrícola en Canarias. La realidad, sin embargo, es menos aséptica y académica. Tres o cuatro islas del archipiélago viven casi exclusivamente de estos cultivos o de las conservas de pescado. El grado de salinidad de las aguas y el analfabetismo generalizado de la mano de obra del sector hacen casi imposible reconvertir a corto plazo estas actividades o sustituir producciones. Son pequeños Saguntos tercermundistas rodeados de agua, aislados del resto del archipiélago, encerrados en sí mismos, que difícilmente van a poder subsistir de otra cosa que no sea la agricultura. A la falta de infraestructura sanitaria, escolar, de servicios, se añade así la posible pérdida del único medio de subsistencia que poseen. El problema desde una perspectiva estadística es mínimo, ya que son islas poco pobladas cuyo desempleo engrosaría mínimamente, en términos relativos, las cifras muy elevadas de paro que padece el archipiélago; pero el problema social y humano, e incluso poblacional, que puede plantearse es dramático.