Un fracaso con paliativos

LA BATALLA de las cifras en torno a la participación en la huelga general, convocada por Comisiones Obreras y otras centrales sindicales y apoyada por el PCE y otros grupos comunistas, ha dado lugar a una polémica interminable e inútil. Mientras el Gobierno minimiza el abstencionismo laboral y la interrupción de la normalidad ciudadana, los organizadores se muestran generosos en exceso con los resultados obtenidos. Cualquier intento de cuantificar con rigor la jornada tropezaría con dificultades insalvables. Aunque se intente agregar los paros simbólicos o las interrupciones momentáneas del trabajo al cierre de fábricas o de oficinas, con el propósito de abultar el número, esos sumandos no son equiparables. El establecimiento de servicios mínimos en los medios públicos de transporte impidió, por otro lado, la posibilidad de comprobar la capacidad de arrastre de los organizadores. Finalmente, la violenta actuación de los piquetes, destinados en teoría a exhortar a la solidaridad con la huelga, excedió en demasiadas ocasiones la legitimidad de propósitos y de medios exigibles en una sociedad democrática a esa manifestación sindical. Que un piquete desborde sus tareas informativas y argumentadoras para ejercer coacciones psicológicas o morales sobre sus compañeros de fábrica o de oficina es algo quizá inevitable y tolerable. Pero la aparición de grupos intimidatorios (más cercanos al triste historial del sindicalismo de bandas que a las tradiciones del movimiento obrero organizado) que utilizan la violencia para impedir la entrada en los lugares de trabajo, obligar al desalojo de las empresas, forzar el cierre de los comercios o atacar a los transportes públicos anula para cualquier cómputo unos resultados obtenidos mediante amenazas.Si la meta de los organizadores de la huelga general era la paralización de la vida ciudadana, la convocatoria fue un fracaso. Cualquier intento de establecer comparaciones consoladoras entre los éxitos logrados ayer por Comisiones Obreras en determinadas zonas y los llamamientos huelguísticos con nulo o escaso eco de la época predemocrática sería una falacia. Los convocantes de la huelga general no sólo ejercieron un derecho constitucional amparado por la ley, sino que dispusieron de la infraestructura organizativa, la cobertura publicitaria y el tiempo necesario para preparar la jornada. El motivo formal de la convocatoria -la protesta contra el proyecto de ley de reforma de las futuras pensiones- contaba incluso con el beneplácito de la derecha conservadora, resuelta a buscar votos en los escondrijos de su propia demagogia. El crecimiento del desempleo y el estancamiento de los salarios reales durante la primera mitad de la legislatura socialista contribuían a alimentar las potencialidades de una respuesta positiva al llamamiento. Hasta la circunstancia de que la fecha coincidiera con el final del plazo establecido para la presentación de las declaraciones positivas sobre la renta resultaba favorable. Y el sectarismo de Televisión Española había ayudado a la creación de un clima de irritación contra las directrices oficiales respecto a la jornada de paro.

No hay argumentos para disfrazar el fracaso político de la convocatoria de huelga general, dirigida contra el Gobierno socialista. El llamamiento tuvo, sin embargo, una elevada respuesta -libre y voluntaria- en fábricas de las zonas industriales, especialmente en Madrid, Cataluña y Galicia. En el País Vasco, donde correspondió a ELA-STV el protagonismo como central sindical, el éxito fue inferior al obtenido por otras convocatorias precedentes, vinculadas con problemas específicos de la comunidad autónoma o con acciones de protesta contra la violencia. En líneas generales, el llamamiento tuvo escaso eco en la Administración, la sanidad, la banca y la educación. En el transporte público, la normalidad, interrumpida al comienzo de la mañana, se fue restableciendo a lo largo del día. Tampoco el comercio respondió al llamamiento, aunque tuvo que soportar, en algunos lugares, las agresiones de los piquetes. La jornada se desarrolló, por lo general, de manera pacífica, sin que los enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y los grupos violentos dieran lugar a incidentes irreparables. La no aparición de algunos periódicos en Barcelona y Madrid (EL PAIS, entre ellos) y las dificultades de distribución de otros pudo contribuir a generar una impresión de alteración del orden laboral superior a la existente.

El Gobierno de Felipe González ha salido políticamente casi ileso del desafío global lanzado por los comunistas. Sin embargo, el éxito parcial de la huelga en algunas zonas no puede ser menospreciado. Es verdad que hay un rechazo popular, en ocasiones justificado por los propios errores de la política informativa del Gobierno, a las medidas económicas del Gabinete socialista. Y que de este rechazo participan incluso muchos que no fueron a la huelga. Aunque las fórmulas alternativas propuestas por la oposición -de derechas o de izquierdas- puedan estar amasadas con demagogia y se propongan únicamente el embellecimiento electoralista de su imagen, el Gobierno debería saber que las malas noticias contenidas en sus mensajes sólo podrán ser aceptadas por quienes padecen de manera directa sus efectos -en este caso, la quiebra incoada de la Seguridad Social- si se integran en un proyecto que justifique los sacrificios del presente por perspectivas de futuro tangibles. La política es algo mas que la exposición de los cuadros macroeconómicos por los gobernantes para justificar diagnósticos pesimistas y soluciones drásticas. Y ésta es una lección de la huelga de ayer que el Gobierno no puede olvidar. Respecto al partido comunista, las próximas elecciones generales dirán si la estrategia de crear tensión en la calle antes de pacificar sus propios pasillos es o no rentable.