El juez de prisiones Antonio Doñate demanda a tres magistrados de Barcelona por supuesto atentado a su honor

Antonio Doñate, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Barcelona, ha presentado ante la Sala Primera del Tribunal Supremo una demanda contra los magistrados Adolfo Fernández Oubiña, César Planas Saura y José Luis Barrera Cogollos por una supuesta lesión a su honor y a su imagen, presuntamente dañada con la sentencia dictada el pasado 2 de mayo de 1985, en la que se asegura que él, como responsable de prisiones, había autorizado la entrega de una sustancia, presumiblemente heroína, a unos presos amotinados en la cárcel Modelo de Barcelona. Doñate, que basa la demanda en la ley que protege el honor y la intimidad, reclama una indemnización simbólica de una peseta.

El 13 de abril de 1984, hacia las 12 del mediodía, se produjo un motín en la cárcel Modelo de Barcelona y parte de los reclusos, entre ellos Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, retuvo a cuatro funcionarios. A partir de aquella hora se iniciaron unas negociaciones entre los amotinados y las autoridades penitenciarias, que culminaron con el compromiso del médico del centro de entregar a los reclusos una dosis de un tranquilizante. Mientras el médico se trasladaba al Hospital Clínico a buscar el mencionado medicamento, les fue suministra a a los amotinados una sustancia, que podría ser heroína, por lo que a las 14.30 fueron liberados dos funcionarios.El pasado 2 de mayo, la Sección Primera de lo Penal de Barcelona dictó sentencia sobre el caso de los reclusos amotinados y recogió, en el capítulo de los hechos probados, una versión sobre la forma en que la supuesta sustancia tóxica había llegado a manos de los internos, en la que implicaba al juez de Vigilancia Penitenciaria. Afirmaba la resolución que Antonio Doñate llegó a la cárcel junto con el responsable de la política de prisiones de la Generalitat, Xavier Hernández, y autorizó a continuación que se entregara la sustancia a los presos, logrando así la libertad de dos de los retenidos.

La versión descrita por la sentencia sobre la entrega de la supuesta sustancia tóxica a los reclusos amotinados, fue desmentida por el magistrado Antonio Doñate. Ahora, en la demanda planteada ante el Tribunal Supremo, el juez de Vigilancia Penitenciaria desvela las razones de su desmentido. Asegura que el día del motín se encontraba participando en un debate sobre seguridad ciudadana en la Fundación Miró y no fue localizado, hasta la hora de comer. Llegó a la Modelo a las tres de la tarde, conducido urgentemente por un coche de la Guardia Urbana, cuando se había entregado ya la sustancia a los amotinados y éstos habían dejado en libertad a dos de los retenidos. El magistrado aporta como prueba de esta versión un certificado de la Guardia Urbana, en la que se acredita el traslado del juez en un coche patrulla desde el restaurante del Club de Polo hasta la prisión.

Las afirmaciones contenidas en la sentencia de la Audiencia son, en opinión del demandante, vejatorias, suponen un descrédito a sus funciones y significan un ataque a su honor. Se refiere, además, la demanda a la situación de indefensión en que se encuentra el magistrado, ya que "se le atribuyen unos hechos sin siquiera ser oído, con lo que se produce una vulneración del artículo 24 de la Constitución". En el capítulo de los agravios, se asegura que aquellas afirmaciones son "una total y absoluta expoliación de la dignidad personal y profesional del demandante". La demanda judicial, que ha sido redactada por el letrado Josep Maria Gasch, se resiste a hacer una valoración económica de los daños causados por la polémica sentencia. Al respecto, asegura que "no interesa cantidad alguna en concepto de indemnización por los perjuicios y daños morales", pero añade que, ante lo expuesto por la ley, se ve obligado a fijar una indemnización de una peseta.

Ésta es la primera ocasión en la historia judicial española en que se plantea un litigio de estas características entre magistrados.