El Grupo Popular retrasa su interpelación sobre presiones policiales a jueces
El Grupo Popular no presentará en este período ordinario de sesiones que concluye el presente mes la interpelación sobre presuntas presiones ejercidas desde ámbitos policiales sobre el magistrado juez número 21 de Madrid, José María Vázquez Honrubia, que instruye las diligencias, a instancias de AP, sobre espionaje de partidos políticos, según fuentes de la dirección del grupo parlamentario de la oposición. Las mismas fuentes indicaron que pospondrán dicha interpelación hasta el otoño.
A pesar de la urgencia con la que el diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón anunció la inminente presentación de esta interpelación, que tendría que ser debatida la próxima semana, las mismas fuentes del Grupo Popular aseguraron ayer que en lugar de ésta irá una interpelación relativa al funcionamiento de la agencia estatal Efe.
José María Ruiz Gallardón anunció el jueves en una conferencia de Prensa, con gran preocupación, la inmediata interpelación al presidente del Gobierno por lo que entendía presiones de la dirección de la policía al Poder Judicial.
Ello ocurrió después de que la Junta de Jueces de Madrid se solidarizara con su compañero Vázquez Honrubia, magistrado que instruye las diligencias sobre espionaje a partidos políticos, después de que éste denunciara presiones, efectuadas por vía telefónica, del director general de la Policía, Rafael del Río.
Excusas y depuración
El presidente del Gobierno "de forma inmediata", decía Ruiz Gallardón, debe excusarse ante el Poder Judicial y depurar las responsabilidades de los ministros y altos funcionarios que hubieren intervenido en dichas acusaciones. "Los cuales deben ser inmediatamente cesados en sus cargos", afirmó textualmente Ruiz Gallardón.La dirección del Grupo Popular, no obstante, considera que este asunto puede esperar hasta el próximo otoño, cuando se reanude la actividad parlamentaria, y estima de mayor urgencia interpelar al Gobierno sobre el incumplimiento electoral en torno a la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo y la línea política que orienta el funcionamiento de la agencia estatal de noticias.
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