Policías, ante los tribunales por malos tratos

Diferentes procesamientos se han producido en los últimos meses y se instruyen diligencias contra miembros del Cuerpo Superior de Policía por distintos delitos, entre ellos supuestas torturas y malos tratos, no sólo en el País Vasco sino también en Madrid y Barcelona.En julio de 1984 tres funcionarios policiales fueron procesados por la Audiencia Territorial de Bilbao como presuntos autores de delitos de torturas. El denunciante, Jesús Antonio de Blas Lana, acusado por la policía de colaborar con ETApm, al igual que su compañero, Ángel Bengoetxea Cuellar, identificó a los funcionarios, Pedro Salvador Cano Martinez, Francisco Arcos Aneas,y Avelino Colina Barrios como autores de malos tratos. De Blas y Bengoetxea fueron detenidos el 21 de Abril de 1979, y después de permanecer varios días incomunicados fueron puestos a disposición judicial el 30 de abril de 1979. Los detenidos declararon que durante la incomunicación en la Jefatura Superior de Policía fueron objeto de torturas.

En octubre de ese mismo año, los inspectores Amador Miralpeix y José Manuel Ortiz fueron procesados como autor y cómplice de un delito de lesiones graves al policía nacional José Manuel Castán Belmonte. Éste fue presuntamente torturado en unas dependencias policiales de Madrid y falleció posteriormente, el 14 de marzo de 1984. El Ministerio del Interior, en mayo de 1984, suspendió indefinidamente de empleo y sueldo a los dos agentes. La sección primera de la Audiencia Provincial ordenó la libertad bajo fianza de 50.000 pesetas para Miralpeix y sin fianza para Ortiz, y el 3 de marzo de 1985 repuso en sus funciones a los dos policías a pesar del procesamiento.

Tres inspectores del Cuerpo Superior de Policía fueron procesados en diciembre de 1984 por la Audiencia Provincial de Barcelona por un presunto delito de homicidio, supuestamente cometido el 5 de diciembre de 1982 en Barcelona al dar muerte al dirigente de los Grupos de, Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Juan Martín Luna. La sala decretó la libertad provisional de los tres funcionarios bajo fianza de 12 millones de pesetas.

Manuel Ballesteros, ex comisario general de Información, fue condenado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa el pasado mes de mayo a una pena de tres años de inhabilitación especial y 100.000 pesetas de, multa como autor de un delito de denegación de auxilio a la justicia, al negarse a facilitar la identidad de los tres informadores policiales sospechosos de haber perpetrado el atentado del bar Hendayais, en el País Vasco francés, en el que, murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas.