Un juez investiga el supuesto intento de un policía español de implicar al Gobierno de Nicaragua en el tráfico de drogas
El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid investiga la denuncia en la que dos ciudadanos colombianos, actualmente encarcelados en España por causa de solicitud de extradición a Estados Unidos, afirman que policías españoles y norteamericanos les propusieron bloquear los trámites de la extradición a Estados Unidos a cambio de que los detenidos reconociesen una supuesta implicación del Gobierno de Nicaragua en la red internacional de tráfico de drogas, según fuentes jurídicas. Consultada la Dirección General de la Policía sobre el asunto, no quiso hacer ningún tipo de comentario.
La investigación judicial, en lo que se refiere a ciudadanos españoles, está centrada en el inspector de primera del Cuerpo Superior de Policía Fernando Martínez Cos Gayón, de 42 años, jefe del Grupo IX (estupefacientes) de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. Los ciudadanos colombianos que presentaron esta denuncia son el ganadero de reses bravas Jorge Luis Ochoa Vázquez, de 35 años, y el banquero Gilberto Rodríguez Orejuela, de 46, detenidos en Madrid el pasado 15 de noviembre y actualmente encarcelados en la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz).Ambos fueron detenidos a instancia del departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 17 de octubre de 1984 pidió por escrito al Gobierno español ayuda para la captura de estos dos supuestos narcotraficantes y le hizo la "solicitud respetuosa" de que la operación policial se realizase en coordinación con un determinado funcionario español, el inspector Martínez Cos Gayón.
La exigencia de un Gobierno extranjero, en este caso el de Estados Unidos, al de España para que un determinado policía, precisamente español, coordine con la policía norteamericana la captura de ciudadanos de un tercer país ha sido calificada "de injerencia y punto de referencia para cualquier tipo de sospecha" por las fuentes jurídicas infórmantes, para las que "se trata de un hecho hasta ahora sin precedentes en España".
La Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores español recibió el pasado 17 de octubre dos notas verbales de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que "tiene la honra de solicitar su ayuda para efectuar la detención provisional, con fines de extradición a Estados Unidos", de cuatro ciudadanos colombianos, entre ellos Ochoa Vázquez y Rodríguez Orejuela. Estas dos notas citan expresamente el nombre del policía Martínez Cos Gayón, al que se recomienda a las autoridades españolas y sobre el que se ofrece una serie de datos de tipo profesional, como su actual categoría y puesto que ocupa.
Según el contenido de la querella sobre la que investiga el juez, los funcionarios que detuvieron e interrogaron a Ochoa y Rodríguez Orejuela les dijeron que si aceptaban colaborar con el Gobierno de Estados Unidos para denunciar a Nicaragua en el tráfico ilícito de estupefacientes se podría evitar la iniciación de los trámites de la extradición, que se deben formalizar en el plazo de 45 días posteriores a la detención. Los policías, según lo denunciado por los querellantes, les advirtieron en este sentido que "los documentos que debía remitir al efecto Estados Unidos podían llegar fuera de plazo".
Los colombianos rechazaron este supuesto y permanecieron en las dependencias policiales de la Puerta del Sol, en Madrid, desde el día 17 hasta el 25 de noviembre en aplicación de la ley antiterrorista, a lo que siguió auto de prisión por colaboración con bandas armadas, dictado por el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Ismael Moreno Chamarro.
Un juez que fue policía
El magistrado Ismael Moreno Chamarro, de 29 años de edad, en sólo dos años ha pasado de ser inspector de segunda del Cuerpo Superior de Policía, en el que ingresó en junio de 1975 y del que ahora es excedente, a magistrado-juez de uno de los principales tribunales de este país, previa oposición a la carrera judicial y ejercicio posterior, aunque breve, de sus funciones en juzgados de Badalona y Talavera de la Reina.
El juez Moreno Chamarro incoó sumario al amparo de la ley antiterrorista a los dos supuestos narcotraficantes detenidos en Madrid, en base a un atestado realizado, en calidad de instructor, por un funcionario del Grupo IX de la Brigada Regional de Policía Judicial cuyo número de registro personal es A12G0-8207 y que corresponde, aunque no aparece como tal el nombre en el escrito policial, al inspector Martínez Cos Gayón.
El atestado refleja una declaración policial del norteamericano William F. Mockler Jr., de 41 años, nacido en Nueva York y con residencia en Miarni (Florida), que compareció en las dependencias del Grupo IX de la Brigada Regional de Policía Judicial "voluntariamente". El norteamericano declaró que Gilberto Rodríguez era el jefe de una organización armada colombiana, con conexiones terroristas, dedicada a la importación de cocaína a Estados Unidos. Según Mockler, miembros de esta organización están relacionados con el descubrimiento por el FBI de un arsenal de armas de guerra en 1979 en Queens (Nueva York) y con la localización por parte del Ejército y de la Policía Federal de Colombia, en 1984, de 15 laboratorios dedicados al refino de la cocaína, que custodiaban "guerrilleros del M-19 que vestían uniformes y portaban armas".
William F. Mockler Jr. es supervisor del Grupo GP2 del Drug Enforcement Ageney (DEA), unidad de lucha contra la droga dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antes de trabajar para la DEA, Mockler fue miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército norteamericano.
