La defensa aprecia contradicciones en los testimonios de agentes sobre el 'caso Parla'

Carlos Aguirre de Cárcer y Jaime Sanz de Bremond, abogados de Manuel Rafael Gómez, el joven presuntamente maltratado en la comisaría de Parla, manifestaron ayer que "existen importantes contradicciones entre las declaraciones hechas por los policías nacionales el pasado martes y las realizadas ayer por cinco inspectores del Cuerpo Superior de Policía de la comisaría, que demuestran la existencia de puntos oscuros en la versión oficial".Las mayores contradicciones, en opinión de la defensa, se centran en que los inspectores de servicio en el turno de tarde afirman desconocer que Manuel Rafael Gómez había sido ya detenido por la mañana del día 26 de abril y puesto posteriormente en libertad. Pese a estas afirmaciones, uno de los inspectores que declaró ayer manifestó que tuvo conocimiento de la primera detención de Gómez ese mismo día, alrededor de las diez de la noche, "ya que era de dominio público entre el grupo".

Por otra parte, el jefe de servicio en el momento en que se realizó la primera detención, negó haber pedido a varios policías nacionales que fueran a vigilar, vestidos de paisano, los alrededores de la casa de un sospechoso llamado el Chiqui. El jefe del grupo de la Policía Judicial declaró que esta orden había partido de él, pero negó haber hecho ninguna referencia respecto a que los policías que acudieran se encontraran fuera de servicio.

Estas manifestaciones se contradicen con anteriores declaraciones de los policías nacionales que detuvieron a Manuel Rafael Gómez. Según éstas, un suboficial les ordenó vigilar el domicilio del Chiqui, a pesar de vestir de paisano, cuando se presentaron voluntariamente en comisaría, tras conocer la noticia de la muerte de un compañero en el atraco a un supermercado de Parla, ocurrido en la noche del pasado 25 de abril.

Según los abogados, el comisario de Parla, Agustín Moreno Paya, solicitó a los inspectores y policías nacionales que intervinieron en el asunto que realizaran una declaración sobre lo ocurrido, tras la presentación de la denuncia por malos tratos el pasado 2 de mayo. Sin embargo, la citada denuncia tardó dos días en ser remitida al juzgado de Getafe, lo que, a juicio de la defensa, constituye un claro delito de prevaricación.