Fianza de 36 millones a Combustibles de Fabero por la explosión de grisú

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada que entiende el caso del accidente ocurrido el pasado 19 de noviembre en el Grupo Río de la empresa Combustibles de Fabero, SA, en el que perdieron la vida ocho trabajadores a consecuencia de una explosión de grisú, ha requerido a ésta una fianza de 36 millones de pesetas, en calidad de responsable civil subsidiario, al encontrarse uno de los procesados, Fernando Bernado de Quirós, en paradero desconocido.Asimismo, el juez, José Antonio Goicoa, ha incautado parte de los bienes personales a los otros dos procesados "por presunto delito de imprudencia con infracción de reglamentos".

El embargo judicial, por valor de 3.778.220 pesetas, de varios efectos de Juan María Casado, director ingeniero de la sociedad minera y el vigilante, Severiano Carvallo Campos -que ya habían hecho frente a una fianza de un millón de pesetas-, se ha constituido por el juzgado para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del proceso.

Por el momento el Juzgado de Ponferrada no se ha pronunciado sobre la solicitud de procesamiento presentada el pasado mes de abril por las familias de los ocho trabajadores fallecidos, contra el jefe del tajo siniestrado y capataz, Bernardo Fernández Francisco.

La UGT, que interpuso una querella criminal contra el delegado provincial de Industria, Miguel Casanueva Viedrna, bajo la acusación de "imprudencia temeraria", los dos directivos procesados y el gerente de la empresa minera, Mario Moliner, para la que depositó una fianza de tres millones de pesetas, ha secundado la petición de las familias de las víctimas.

Ayer, las federaciones de Construcción y Minería de UGT se reunieron con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para solicitar la rebaja de las fianzas en el ejercicio de la acción popular en delitos de carácter social, y pusieron el ejemplo de la depositada en el caso de Fabero. Ledesma cinfirmó a los representantes sindicales que estas fianzas se limitarán en la nueva ley Orgánica del Poder Judicial.