Rumasa ha registrado la pérdida del 2,5% de sus puestos de trabajo desde la expropiación

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, sitúa la pérdida de puestos de trabajo del grupo Rumasa tras su expropiación en un 2,5%, que puede elevarse hasta un 4,6% si no se llega a un acuerdo en Galerías Preciados y se procede al despido de 800 personas. No obstante, en su intervención de ayer ante el Pleno del Congreso a causa de una interpelación del Grupo Popular sobre la Rumasa expropiada, mostró su esperanza de que no será necesario llegar a ese extremo. Boyer afirmó que el coste de la operación es de 516.000 millones de pesetas, mientras que el Grupo Popular insiste en que los españoles tendrán que pagar un billón de pesetas.

El diputado del Grupo Popular, Luis Ramallo, defendió ayer la interpelación sobre la situación de la Rumasa estatal y su reprivatización en la que acusó al Gobierno de no decir la verdad, "porque tiene miedo". Tras el debate, el portavoz del grupo, Miguel Herrero, anunció la próxima presentación de una moción al Gobierno sobre su gestión en Rumasa, habida cuenta de la negativa del Ejecutivo de hablar del momento actual y remontarse a la situación del holding en el momento de la expropiación.

Miguel Boyer recordó que de los 45.000 trabajadores con los que contaba el grupo bajo la dirección de José María Ruíz-Mateos, la reducción había afectado a un 2,5%, que podría llegar a un 4,6% si no se resuelve la situación de conflicto de Galerías Preciados, que conllevaría una reducción de 800 personas.

Pulcritud de la operación

El titular de Economía reiteró que los objetivos de la expropiación y posterior reprivatización se han cumplido: mantenimiento "fundamental" de los puestos de trabajo, acuerdo con los accionistas, supervivencia de las empresas operativas y devolución de los depósitos de los bancos. Boyer, para avalar sus palabras en cuanto a la pulcritud de la operación, citó referencias favorables de un diario británico. "Lo dice el Financial Times, no El Socialista", afirmó Boyer.Las tesis del diputado interpelante, Luis Ramallo, habían sido las opuestas. "Los honestos accionistas del grupo Rumasa han sido abandonados por el Gobierno, no se han garantizado los puestos de trabajo, la reprivatización se ha hecho de forma amistosa cuando no sospechosa y el costo total para los españoles llegará al billón de pesetas", enunció Ramallo frente a los 516.000 millones de pesetas, en los que Boyer sitúa el coste total de la operación.

El ministro de Economía reprochó a este parlamentario el escaso rigor utilizado en su intervención y, sobre todo, el hurtar permanentemente un pronunciamiento de condena a las actuaciones del tipo de las de Ruíz-Mateos. Miguel Boyer no respondió al desmentido expreso que le pedía Ramallo sobre los rumores de una próxima dimisión del director general del Patrimonio, Javier del Moral, y de la posible nacionalización de Hispano-Alemana.