Ballesteros niega conocer la identidad de las personas que cruzaron la frontera tras el atentado del Hendayais

Manuel Ballesteros, ex comisario general de Información, negó ayer ante la Audiencia Provincial de San Sebastián, que le juzgaba por un presunto delito de denegación de auxilio a la justicia, conocer la identidad de los tres individuos, informadores policiales a sueldo, que cruzaron violentamente la frontera francesa el 23 de noviembre de 1980 a las 19.30, minutos después de perpetrarse el ametrallamiento del bar Hendayais, en Hendaya (País Vasco francés). Dos ciudadanos franceses perdieron la vida en este atentado y otras 10 personas fueron heridas, una de las cuales falleció posteriormente.

En el juicio, iniciado a las 10.45 y visto para sentencia a última hora de la tarde de ayer, comparecieron como testigos el ex ministro de Interior, Juan José Rosón; el ex director general de la seguridad, del Estado, Francisco Laína; el inspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño; el ex director general de la policía, José Luis Fernández Dopico; el ex comisario jefe de Guipúzcoa y actual comisario general de información, Jesús Martínez Torres, otros mandos policiales y policías y guardias civiles destinados en el puesto fronterizo de Irún el día de los hechos.La comparecencia de estos mandos policiales y la presencia de Manuel Ballesteros en el banquillo de los acusados tras haber ignorado seis citaciones de la justicia, otorgaron al juicio una especial significación política. El fiscal, Narciso Ariza, solicitó para Ballesteros una pena de tres años de inhabilitación especial y 100.000 pesetas de multa, interpretando que el ex comisario general de información incurrió en ese delito por su actitud obstruccionista ante la justicia y por haber ordenado la puesta en libertad de tres individuos sospechosos de haber perpetrado el atentado al Hendayais y autores, en todo caso, de delitos en suelo español, como la utilización de un vehículo robado y con matrícula falsa, la colisión con un coche tras romper la barrera fronteriza y la posesión de armas. Narciso Ariza indicó al elevar sus conclusiones que la pena solicitada por él era una condena mínima, "modélica, simbólica. Lo que se juega aquí", dijo, "es, en el fondo, la autonomía del Poder Judicial".

La acusación particular, ejercida por distintos ayuntamientos guipuzcoanos, y representada por Miguel Castells, solicitó un total de 20 años de inhabilitación especial para el acusado y 100.000 pesetas de multa por delitos de denegación de auxilio a la justicia y prevaricación. La defensa, a cargo del abogado Julián Sanz Martín, pidió la absolución de Manuel Ballesteros, cuyo testimonio fue arropado por los testigos.

Contradicción de Dopico

Unicamente José Luis Fernández Dopico afirmó en un momento determinado estar convencido de que Manuel Ballesteros conocía la identidad del grupo de informadores que actuaban bajo el nombre en clave de Michel, si bien, inmediatamente después, y tras la intervención de la defensa, rectificó este testimonio indicando que la clave habría permitido al ex comisario general de información identificar a los sospechosos como parte de un grupo de informadores policiales, pero que esto no significaba que conociera sus nombres.

A lo largo de la mañana, el fiscal y el abogado de la acusación particular intentaron infructuosamente despejar la memoria de muchos de los testigos, algunos de los cuales llegaron a aludir a la oscuridad de la zona para explicar su nula aportación. La imposibilidad de los testigos llevó a los informadores a bautizar la vista como el juicio de la amnesia, después de que el fiscal y acusador particular renunciaran a interrogar a algunos de los policías y guardias civiles que todavía no habían declarado.

La recuperación para el sumario del libro de telefonemas en el que se registraron las llamadas efectuadas y recibidas esa noche desde el puesto de Santiago de Irún, fue decisiva en el desarrollo del juicio y permitió establecer que las instrucciones cursadas desde la comisaría general de información fueron: "dar bola al asunto; nadie ha visto ni oído nada". Manuel Ballesteros negó que conociera el ametrallamiento del bar Hendayais en el momento en que ordenó la puesta en libertad de los informadores policiales, pero su testimonio se contradice con la reseña de este documento en el que consta que había sido previamente informado. El libro de telefonemas fue retirado de la aduana de Irún el mismo 23 de noviembre, siguiendo órdenes del entonces comisario jefe de Guipúzcoa, y remitido al Ministerio del Interior, de donde ha sido recuperado por iniciativa judicial.

Los guardias civiles y policías nacionales de servicio esa noche en la frontera aportaron escasísimos datos sobre las circunstancias en que se produjo la entrada ilegal del grupo de informadores, cuyas características físicas no precisaron. Ninguno de ellos reconoció haber comunicado al policía francés Roland Galle, tal y como consta en el sumario abierto por el tribunal de Bayona (Francia) que los tres sospechosos portaban en el momento de ser retenidos un fusil, cuatro pistolas y varios cargadores.

El fiscal y la acusación particular subrayaron en varios momentos la imposibilidad de que, como afirmaron en su día cargos del Ministerio del Interior, se hubiera comprobado la falta de antecedentes delictivos de los tres sospechosos si, como sostiene el propio comisario Ballesteros, no se conoce la identidad de quienes se ocultaban bajo el nombre de Michel.

El gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Arístegui, actual embajador en Líbano, no compareció al juicio alegando, en un telegrama remitido a la Audiencia, que el Ministerio de Asusntos Exteriores no le había autorizado expresamente a acudir a la vista ni le había asegurado el pago del dinero del viaje.