Los recargos municipales se baten en retirada

convencido por Felipe Gonzalez de la conveniencia de retirar el recargo del 3%, numerosos ayuntamientos han manifestado también su intención de suprimir los recargos: Las Palmas, Valladolid, La Coruña, Logroño y Guadalajara.Esta situación va a provocar una gran confusión entre numerosos contribuyentes, que en los juegos de declaración de IRPF van a encontrar recargos municipales correspondientes a su lugar de residencia, aunque éstos no existan, y graves complicaciones en la gestión de la campaña de renta por parte de Hacienda (van a producirse ingresos por conceptos y en lugares dónde no deberían efectuarse, lo que provocará reclamaciones y posteriores liquidaciones al contribuyente; aparte de que en muchos casos las declaraciones son con derecho a devolución y habrá que calacular y deducir el recargo municipal cuando el contribuyente no lo haya abonado). Todas estas renuncias de los ayuntamientos al recargo son ilegales, ya que no cumplen los plazos preceptivos de la ley.

Instrumentos transitorios

Enrique Martínez Robles, director general de Haciendas Territoriales, es consciente de esta confusión, aunque asegura, sin embargo, que se va a reclamar el recargo a quienes no lo pagaron en 1984. "El recargo ha sido un instrumento de recaudación transitorio hasta la aprobación de la ley definitiva de financiación de las Haciendas Locales. No obstante, en los borradores elaborados hasta ahora de esta futura ley no se contempla la continuidad del recargo".

El problema es el enorme déficit. A pesar de estos tributos, el Estado tendrá que seguir subvencionando este año a las haciendas locales con 128.000 millones. En este contexto, ¿qué va a ocurrir en los ayuntamientos que han suprimido ahora los recargos municipales previstos en sus presupuestos o han eliminado distintas tasas de basuras y alcantarillado pensando sus ingresos por los del malogrado 3% de la Comunidad Autónoma de Madrid? En la mayoría de los municipios las recaudaciones previstas por el recargo sobre el IRPF se absorberán el año próximo con mayores incrementos en la contribución urbana, en algunos otros -como se ha llegado a advertir a los vecinos con tono admoratorio por un alcalde castellano- se suprimirán servicios y en otros, finalmente, se incrementará lisa y llanamente el déficit.

Las intervenciones del defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, han sido decisivas para la supresión del recargo autonómico del 3%, en Madrid y para la reconsideración por numerosos ayuntamientos, de sus respectivos acuerdos para la imposición de cantidades adicionales sobre la tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Ruiz-Giménez envió hace meses un informe a las Cortes advirtiendo de la posible ilegalidad de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a los ayuntamientos para que fijen libre y discrecionalmente recargos sobre el IRPF, y presentó hace unas semanas un recurso de inconstitucionalidad contra el recargo de la Comunidad de Madrid.Joaquín Ruiz-Giménez rechaza cualquier responsabilidad exclusiva en el recurso contra el recargo Leguina ("ésta es una institución colegiada con 13 áreas de estudio distintas, donde se elaboran informes de asesoramiento jurídico") y niega con vehemencia que el Defensor del Pueblo haya cedido ante la campaña de la derecha. "No podemos impedir que 100, 1.000 o 300.000 ciudadanos escriban solicitando que el Defensor del Pueblo interponga recurso de inconstitucionalidad"."Nosotros hemos planteado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque estimábamos que, aun admitiendo (como la admitimos) la. competencia tributaria de la comunidad autónoma, y pareciéndonos extraordinariamente laudable el principio de solidaridad en que se inspiraba el recargo, la estructuración del mismo infringía, a nuestro entender, dos principios muy importantes en nuestro sistema constitucional: por una parte, el principio de seguridad jurídica, y por otra, la posibilidad de que por el juego del impuesto en sí mismo y del recargo autonómico se pudieran sobrepasar los límites que la legislación actual establece (la ley de Presupuestos de 1984)".

"Tampoco es cierto, como se ha llegado a escribir, que yo hubiera dicho a la Comunidad Autónoma de Madrid o a otras personas que no iba a presentar recurso". Lo único que hizo el Defensor del Pueblo fue comunicar estos criterios al Ministerio de Economía y Hacienda, aconsejando que se suspendiera la recaudación del recargo hasta que se rectificaran esos puntos. "Nosotros nunca hemos promovido la desobediencia civil ni tampoco hemos sido responsables de la suspensión del recargo".

Por otra parte, continúa Ruiz

Giménez, el problema de los recargos impositivos nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Con motivo de la elaboración y discusión de la ley de Medidas Urgentes para Financiación de las Haciendas Locales, a finales del 1983, se recibieron en el Defensor del Pueblo numerosas solicitudes para que se presentara recurso de anticonstitucionalidad contra la ley. Por tratarse de una ley de medidas urgentes y de carácter provisional, como se decía en el preámbulo, se desistió de presentar recurso contra la misma, a pesar de que existían puntos que rozaban la inconstitucionalidad. Y se optó por enviar una serie muy detallada de recomendaciones para que se subsanara el texto al Ministerio de Economía y Hacienda y al presidente de las Cortes. "No se nos dio respuesta, y es posible que si nos hubieran hecho caso se habría evitado el actual conflicto".