De jueces y periodistas

LA DETENCIÓN y posterior puesta en libertad del director de Diario 16 se enmarca en una actividad creciente de los tribunales por querellas y demandas contra la Prensa, interpuestas, a veces, por particulares; en ocasiones, por el fiscal del Estado, y últimamente, incluso por determinados ministros del Gobierno de Felipe González. La arbitraria medida del juez Alfonso Guevara, precedida de una orden de captura contra Pedro J. Ramírez que el Ministerio del Interior se vio incapaz de cumplimentar, pese a que el director del diario goza de una escolta policial, es algo más que una broma de mal gusto: se inscribe de forma directa en un marco de agresiones a la Prensa y amenazas a la libertad de expresión, crecientes en los últimos meses, y que disfrutan de la complicidad del poder político y de la inanidad intelectual del portavoz del Gobierno, teóricamente encargado de las relaciones de la Prensa con el Ejecutivo.Siempre hemos defendido la necesidad de que los medios de comunicación se sometan responsablemente al imperio de la ley, que debe defender a la sociedad de los abusos que en nombre de la libertad se cometan. Pero la libertad de expresión está precisamente para defender a los ciudadanos de los abusos cometidos en nombre de la ley. En nombre de la ley -y el orden, faltaba más-, este Gobierno ha alumbrado una normativa antiterrorista que incluye, anticonstitucionalmente y con la complicidad de casi toda la clase política, la eventual censura previa de los medios de comunicación en su forma más obscena: cierre de las instalaciones sin sentencia previa de un juez. Pero también ha echado a rodar una ley de protección de la intimidad, la imagen y el honor que, cuando todo el mundo creía debía de servir para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder -escuchas telefónicas policiales o del CESID, entre ellos-, es utilizada por policías y ministros contra los profesionales de la información.

Por lo demás, los periodistas aún tenemos los periódicos y las radios para defendernos, pero ¿qué tienen a mano los ciudadanos, maltratados tantas veces por el aparato administrativo de la justicia con una pertinacia y una frialdad dignas de mejor causa? El cambio democrático no ha llegado ni a jueces ni a fiscales. Esto no es nada nuevo. Pero por eso mismo la detención de nuestro colega es algo más que un desagradable incidente: es el símbolo y la demostración de que tampoco en esto los 10 millones de votos parecen haber servido para gran cosa.