La Mesa del Congreso niega que la Cámara haya invadido atribuciones del Poder Judicial

El Congreso de los Diputados contestó ayer negativamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la pretendida asunción indebida de atribuciones en la tramitación del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El acuerdo se adoptó por mayoría de los cinco miembros socialistas de la Mesa y con los cuatro votos en contra de la oposición. Miembros de la oposición y del propio PSOE lamentaron que el carácter partidista e innecesariamente extenso del documento patrocinado por Gregorio Peces-Barba impidiera el acuerdo institucional unánime.

Según estas fuentes, fue el interés personal del presidente de la Cámara en contestar al CGPJ de forma documentada y jurídicamente apabullante lo que impidió alcanzar un consenso, que en medios socialistas se consideraba importante para mostrar la coincidencia de todo el arco parlamentario en rechazar el conflicto de constitucionalidad planteado. Las mismas fuentes criticaron este prurito jurídico de Peces-Barba, a quien atribuyeron el deseo de dar al Tribunal Constitucional "prácticamente resuelto el conflicto", y censuraron que se desaprovechara la oportunidad de demostrar que, sea cuales sean las posiciones políticas en torno a la LOPJ, existe acuerdo sobre la plena soberanía parlamentaria de las Cortes Generales.El socialista Leopoldo Torres, vicepresidente primero del Congreso, confirmó a los informadores que todos los miembros de la Mesa compartían la necesidad de contestar negativamente al requerimiento realizado por el CGPJ sobre la supuesta "indebida asunción de atribuciones" por parte del Congreso de los Diputados, aunque discrepaban sobre el contenido del escrito en el que se materializa la respuesta de la Cámara.

Por su parte, el aliancista Antonio Carro, vicepresidente segundo, criticó el documento y, en especial, la asunción de las posiciones socialistas en torno a las dos cuestiones impugnadas: la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ y la atribución al Gobierno de la potestad reglamentaria sobre el estatuto de la carrera judicial. Carro anunció un voto particular contra el acuerdo mayoritario.

La 'solución Trias de Bes'

Durante el examen por la Mesa del Congreso de los 70 folios preparados por los letrados de la Cámara, Josep Maria Trias de Bes, representante de la Minoría Catalana, propuso aplazar el acuerdo para dar tiempo a un estudio sosegado del dictamen, habida cuenta que el plazo para la respuesta no concluye hasta el próximo 13 de mayo. Ante la negativa de Gregorio Peces-Barba, Trias de Bes trató de lograr un acuerdo institucional sobre una respuesta más escueta y menos política.

Para Trias de Bes no tiene sentido incluir ahora los argumentos contrarios al conflicto constitucional, cuando la ley orgánica del Tribunal Constitucional sólo exige que el órgano al que se dirige la notificación manifieste si "actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones". El representante de la Minoría Catalana recordó que, una vez que el CGPJ plantee el conflicto ante el Tribunal Constitucional, éste pedirá al Congreso que formule las alegaciones que estime procedentes, momento adecuado para hacer una argumentación más extensa.

Varios miembros de la Mesa del Congreso entre ellos algunos socialistas, apoyaron esta iniciativa, pero Gregorio Peces-Barba sólo aceptó suavizar el lenguaje del escrito -según Carro, excesivamente "agresivo"-, del que se eliminé, por ejemplo, la referencia a la "grave transgresión" efectuada por el Consejo General del Poder Judicial al plantear el conflicto contra el Congreso.