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Reportaje:

Duarte y la Democracia Cristiana estrenan su hegemonía en El Salvador

El proceso de institucionalización del régimen surgido tras el golpe militar de octubre de 1979 se cierra mñana formalmente en El Salvador con la constitución de la Asamblea legislativa. En estos cinco años y medio, vividos en medio de una guerra civil, el país ha registrado cambios profundos: la oligarquía perdió el control del poder, el Ejército, rompió amarras con la extrema derecha y la Democracia Cristiana se convirtió, en la fuerza hegemónica. José Napoleón-Duarte ha sido el protagonista indiscutible de este período, pero nada podría explicarse sin una guerrilla que ha traído en jaque a los militares.

Duarte es un visionario equipado con una fe envidiable en sí mismo y en su destino histórico. Recién llegado a San Salvador en 1979, después de siete años de exilio en Venezuela, se presentó al arzobispo Óscar Arnullo Romero con este saludo: "Usted y yo vamos a salvar a este país". La extrema derecha no le dio esa opción al prelado. El 23 de marzo de 1980 lo mataron a tiros mientras decía misa.El líder democristiano ya era para esas fechas miembro de la junta. A cambio de guardar silencio ante sus desmanes, había restablecido relaciones con los militares, que desconocieron su triunfo electoral de 1972. La izquierda no olvida su complicidad en el trienio negro (19801982), en el que murieron 40.000 salvadoreños, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Él ha explicado luego que carecía de poder para evitar la represión y que sólo su presencia en la junta podía garantizar el regreso a la democracia.

Los enemigos le señalan, sin embargo, como un neurótico del poder. Sin este rasgo no es fácil entender que se convirtiera en compañero de viaje de los militares durante la etapa más cruel de la historia salvadoreña.

Hay que reconocer importantes diferencias entre aquella etapa y su gestión como presidente constitucional, cargo en el que lleva 11 meses. Aun los más críticos admiten ciertos logros en materia de derechos humanos. Los escuadrones de la muerte siguen intactos, sus dirigentes no han sido llevados ante los tribunales, pero al menos se ha roto su relación orgánica con el mando militar, lo que ha reducido drásticamente su operatividad.

Cuatro muertos diarios

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Cada día se asesina aún a cuatro personas, una cifra escalofriante para un país que tiene la población de Madrid (cuatro millones), pero hace cuatro años el promedio diario superaba los 30 muertos. La guerrilla ha denunciado en las últimas semanas varios casos de combatientes desaparecidos en las dependencias policiales, lo que revela la supervivencia de métodos brutales de interrogatorio, pero la mayoría de los detenidos pasan hoy a las cárceles, lo que constituía una excepción hasta fechas bien recientes.

En términos generales, en las ciudades han dejado de aplicarse los métodos más brutales aprendidos de las dictaduras del Cono Sur. Es probable que nada de esto tenga que ver con actitudes éticas, sino con un convencimiento pragmático, inducido por los asesores estadounidenses, de que la violación de los derechos humanos es un error en una guerra revolucionaria.

La guerra y los civiles

Analistas más escépticos opinan que cuatro años de terror terminaron simplemente por barrer la resistencia en las ciudades, obligando a los supervivientes a huir a la montaña.

Hay dos fenómenos que permiten sustentar esta tesis. En primer lugar, un aumento de los crímenes políticos en San Salvador desde comienzos de año, coincidiendo con un cierto retorno de la guerrilla a los núcleos urbanos. En segundo término está lo que se ha dado en llamar el terrorismo de guerra, que consiste en la persecución de los civiles en zonas de conflicto.

Duarte y el alto mando militar aseguran que están haciendo un esfuerzo serio por evitar que la guerra tenga un impacto directo en la población civil. Muestran al respecto la orden presidencial para que cualquier bombardeo aéreo tenga que ser autorizado expresamente por el jefe del Estado Mayor y sólo cuando se tenga la seguridad de que no va a causar daños a los civiles. El ministro de Defensa ha dado órdenes estrictas al respecto, aunque sigue habiendo excesivas denuncias por incumplimiento.

Un presidente fortalecido ahora con la mayoría absoluta en la Asamblea, donde tiene 33 de los 60 escaños, no tiene ya excusas para que se sigan cometiendo abusos de poder. Tampoco puede retrasarse una reforma a fondo de la justicia.

Sin unos tribunales eficaces, los escuadrones de la muerte seguirán manejando el terror a su antojo y cada oficial del Ejército tendrá la vara de medir el cumplimiento de los derechos humanos. Un año atrás Duarte reconocía que sólo tras cerrar este capítulo de la violencia institucional estaría en condiciones de pedir a la guerrilla su retorno a la vida civil. Sin este requisito seguirá en pie el gran problema: la guerra civil.

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