El Consejo de Estado aplaza su dictamen sobre la unificación de cuerpos de letrados

El Consejo de Estado no se pronunciará hoy sobre el proyecto de decreto que desarrolla la ley de la Función Pública en lo que se refiere al nuevo cuerpo de letrados del Estado. Aunque el tema figura en el orden del día de la sesión que celebrará hoy la comisión permanente del alto órgano consultivo del Gobierno, y a pesar de que existe un borrador de dictamen, fuentes del Consejo de Estado aseguraron a este periódico que no habrá dictamen antes de la próxima semana.

La vigente ley de la Función Pública crea un cuerpo único de letrados del Estado, en el que se integrarán los letrados del Ministerio de Justicia, los de la Dirección General de los Registros y del Notariado -del mismo departamento- y los del Consejo de Estado, así como los abogados del Estado; todos ellos con la denominación común de letrados del Estado. El proyecto de decreto de desarrollo de esta norma cuenta con más consenso dentro del Consejo de Estado que el decreto sobre incompatibilidades, que fue objeto la semana pasada de un dictamen mayoritariamente contrario al proyecto gubernamental.

Cobertura de vacantes

En el texto sometido ahora a la consideración de la comisión permanente no resultan polémicos los puntos esenciales que desarrollan la norma legal sobre unificación de los citados cuerpos funcionariales de elite. Sin embargo, los consejeros de Estado se pronunciarán sobre temas importantes del proyecto de decreto, tales como las escalas y la cobertura de las vacantes que se produzcan. Este último es un tema que preocupa especialmente a los consejeros de Estado, ya que consideran que la aplicación de las incompatibilidades a los actuales letrados llevará consigo una desbandada general de los mismos.Según las mencionadas fuentes, en el actual borrador de dictamen se propone al Gobierno que, en caso de que no se tengan en cuenta las objeciones del Consejo de Estado al proyecto de decreto, al menos se tomen en consideración las observaciones relacionadas con una más adecuada cobertura de las vacantes para "paliar la descapitalización jurídica" que producirán las incompatibilidades.