La ley de financiación de partidos incluirá la obligación de realizar auditorías externas

La ley de financiación y control de los partidos políticos establecerá la obligación de realizar auditorías externas, limitará el techo máximo de los donativos identificados y prohibirá su finalismo, según informó ayer en Barcelona Leopoldo Torres, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y presidente de la comisión parlamentaria del caso Flick. Torres afirmó que el Gobierno espera para antes del verano el fallo del Tribunal Constitucional sobre la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. "Si como esperarnos el tribunal decide eliminarlo, habrá neutralizado en la práctica el peligro de que se convierta en una tercera Cámara", opinó.El vicepresidente primero del Congreso, que se reunió este fin de semana en Barcelona con los periodistas miembros del Grupo Portada, anticipó que la comisión especial de investigación sobre la financiación de los partidos políticos y otros extremos -tal es su nombre oficial- se reunirá el próximo 9 de mayo para empezar a discutir las posturas de los grupos parlamentarios sobre la futura ley de financiación de los partidos.

Según las pautas del Grupo Socialista, mayoritario en el Congreso, que adelantó Torres, los donativos a los partidos políticos tendrán que identificarse y no podrán sobrepasar una cantidad máxima. Las aportaciones anónimas quedarán limitadas por lo mínimo. La futura ley deberá excluir, en opinión del PSOE, la posibilidad de que los organismos públicos o de dependencia pública, como, por ejemplo, la banca oficial, financien a los partidos, al margen de los créditos electorales.

En opinión de Leopoldo Torres, la comisión deberá resolver "si los partidos deben ser considerados como entidades de utilidad pública a los efectos de obligaciones fiscales". Personalmente, considera que los grupos políticos cumplen ese papel y planteará, por lo tanto, que queden exentos de determinada tributación, así como que se establezcan estímulos fiscales a los donativos con el fin de reforzar el sistema de partidos.

"Contemplamos", dijo Torres, "que el partido que opte por la financiación privada renuncie a la pública". Ello supondría un sistema de financiación permanente. Los partidos extraparlamentarios no recibirán aportaciones públicas y tendrán derecho a las privadas sólo sí el criterio que se aplique es el de la inscripción en el registro de asociaciones políticas.

Las medidas de control de los esquemas financieros y presupuestarios de los partidos políticos se fundamentan, según el proyecto del PSOE, en la obligación de practicar auditorías externas, sujetas a verificación por el Tribunal de Cuentas del Reino o por el Ministerio de Hacienda, extremo aún sin precisar.