La crisis de la Seguridad Social y los fondos de pensiones / 1

De la reforma de la Seguridad Social española se ha hablado mucho desde los Pactos de la Moncloa (1977) y aún queda mucha tinta por correr, sin que la sangre haya de llegar al río. Con la actual legislatura, los comentarios verbales y escritos, a veces en boca y pluma de relevantes personalidades, crecieron en cantidad e intensidad.Raro es el día en que no sale en la Prensa algún comentario o noticia sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social española. Por razones políticas, sociales y económicas, ningún Gobierno responsable dejará que tal cosa suceda. No nos cabe duda de que algunas alusiones al riesgo de quiebra se hacen de buena fe. Pero estamos igualmente convencidos de que muchas otras se hacen con la aviesa intención de llenar de azoramiento e inquietud el ánimo de los actuales y futuros pensionistas, para pescar en río revuelto. Parece que se hubiera leído -cosa rara- la observación de Cobarruvias, cuando escribía allá por 1611 que, "comúnmente, cuando quebramos una cosa, la golpeamos muchas veces", como si, a fuerza de palos, esperaran convertir los deseos en realidad. Y, en verdad, tantos tiros se han disparado contra nuestra Seguridad Social pública que uno, si fuera creyente, tendría por milagro la pervivencia del sistema.

Lo antedicho no es obstáculo para reconocer a renglón seguido que está atravesando una profunda crisis, en el sentido de una época de dificultades que necesariamente terminará desembocando en una nueva ordenación, previas las transformaciones oportunas. Pero conviene hacer dos matizaciones. Es la primera que España no es tan diferente como algunos, a juzgar por sus prédicas, quisieran, pues la crisis afecta a la inmensa mayoría de los países. Y la segunda consiste en que no es sólo el sistema de reparto el que ha quedado tocado del ala, pues en países con fuerte tradición en fondos de pensiones ha tenido que salir el Estado a garantizar el valor real de las pensiones de los fondos, como ha sucedido en el Reino Unido de la era Thatcher.

Es sabido que la actual regulación de nuestra Seguridad Social arranca de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora de la Seguridad Social, refundida, junto con la normativa anterior, por el Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo, que dio lugar a la ley general de la Seguridad. Social.

No está de más recordar que en el momento histórico de la introducción de las reformas del período 1972-1974 la presión social en pro de mejores prestaciones sociales era muy fuerte, tanto por el bajo nivel de las que se concedían como por el fuerte grado reivindicativo alcanzado por las entonces denominadas, y que ya casi nadie llama, masas populares. Los mentores del franquismo tardío debieron pensar que la anterior etapa de crecimiento económico era no sólo maravillosa, sino también inagotable. Y decidieron abrir moderadamente la espita de las prestaciones de la Seguridad Social antes que dar paso a las libertades políticas.

Crisis de financiación

Sobre esa filosofía se articuló un sistema de protección social a mitad de camino entre lo razonable y lo demagógico, entre lo posible y lo inviable. Y no tardaron en aparecer presiones combinadas por el lado de los ingresos y por el de los gastos. A la altura de la primera mitad de la década de los años setenta, el predominio de las aportaciones de las cuotas en el conjunto de los ingresos de la Seguridad Social era casi absoluto, representando el 95%. Un sistema que pretende ampliar su acción protectora, si se basa en las cuotas como fuente de financiación, necesita ineludiblemente que la economía funcione de forma que se creen continuamente nuevos puestos netos de trabajo, que es tanto como decir cotizantes.

Pero la nueva regulación jurídica de la protección social española entró en acción justamente a la vez que la profunda crisis económica que aún perdura. En consecuencia, falló una de las condiciones para el éxito. Más aún, en los últimos años se ha sostenido erróneamente que convenía disminuir los tipos de cotización del régimen general de la Seguridad Social para aliviar de tensiones el mercado de trabajo. Lo cierto, sin embargo, es que sucesivas caídas anuales de 1,5 puntos en los tipos de cotización del régimen general no han servido para otra cosa que para mejorar los excedentes empresariales, de posible utilización en la intensificación del factor capital, desplazando mano de obra. Por cierto, la disminución del tipo en 1985 ha sido sólo de 0,3 puntos.

Agotadas las posibilidades de incrementar los ingresos por la vía de las cuotas, la única fuente financiera alternativa consiste en transferencias del Estado. Ahora suponen más del 20% de los ingresos del sistema, cuando hace 10 años representaban alrededor del 5%. Pero la política gubernamental de contención del gasto para controlar y disminuir el déficit público pone techo al crecimiento de las transferencias del Estado. Los ingresos, pues, son el resultado de políticas combinadas de tipos de cotización y de transferencia desde el presupuesto del Estado, con importantes limitaciones.

Crecimiento del gasto

Las tensiones se reproducen de nuevo por el lado de los gastos. La crisis económica no sólo resta potencia financiadora, sino que presiona al alza del gasto, al originar situaciones de marginación y de necesidad que no se pueden ignorar. No en vano la protección social es una de las manos que lava la cara del sistema y le proporciona un rostro más presentable.

El envejecimiento progresivo de la población española da lugar a a que haya más pensionistas cada año y a que la pensión se cobre durante más tiempo. Por ello no debe extrañar que el gasto en pensiones haya crecido de modo importante en los últimos años por razones puramente vegetativas.

También ha crecido la dotación de las pensiones. Pero no se interprete que estamos abogando por su recorte, líbrennos los dioses, que ya ellos a otros han asignado esta función. Parecería una pasada social considerar excesivas unas pensiones que como media superan en poco los 5.000 duros al mes y que representan tres cuartas partes del salario mínimo.

Por último, como factor de presión al alza del gasto no puede dejar de citarse la ampliación de la protección dispensada por la Seguridad Social. A veces, por lógica de lo que debe ser su ámbito de protección. En ocasiones, por atribución al presupuesto de la Seguridad Social de funciones protectoras que debería asumir el Estado. En otros casos, por incorporación de nuevos colectivos en condiciones privilegiadas, como sucedió con los religiosos de la Iglesia católica. En fin, también porque se ha utilizado la Seguridad Social como aliviadero y pararrayos de tensiones sociales en plena crisis económica, haciendo la vista gorda y tolerante ante situaciones próximas o incursas en zonas de fraude, como es el fenómeno que se conoce con el nombre de compra de pensiones.

Lo cierto es que, por mor de la crisis económica y de la estructura demográfica de la población española, menos cotizantes tienen que financiar más pensiones y de mayor duración. Si hace 10 años entre tres activos financiaban una pensión, lo cual es una aceptable relación, en la actualidad son dos activos los que corren con esa carga. Y ahí tenemos a la Seguridad Social atrapada entre importantes, pero no insalvables, limitaciones de financiación, por un lado, y gastos crecientes, por el otro. Y está claro que no son insalvables, porque el freno a las posibilidades de transferencias del Estado en favor de la Seguridad Social no sería tan fuerte con otras opciones políticas de gasto. Es preferible dedicar más dinero a mejorar las pensiones que a tener más armas, más caras y más sofisticadas. Pero, si esa preferencia personal resultara molesta, otra alternativa casi tan al alcance de la mano es controlar el fraude en el sistema. Y no sólo el fraude de los que reciben las prestaciones, sino también de las empresas que no cumplen con su obligación de cotizar. (¿Es cierto lo que dice la Prensa de que el fraude por morosidad alcanza la cifra de 1,5 billones de pesetas?)