El fiscal Emilio Valerio, sancionado por una falta leve de negligencia tras su actuación en el 'caso Brouard'

El fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao, Emilio Joaquín Valerio y Martínez de Muniáin, ha sido sancionado por el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, por considerar que su actuación en el caso Brouard constituyó una falta leve de negligencia en el ejercicio de su cargo. El fiscal realizó unas declaraciones a la cadena SER en Bilbao en las que señaló que el asesinato de Santi Brouard se podía haber evitado y que algunas personas podían haber tenido un conocimiento previo del asesinato. "Hay responsabilidades de acción y responsabilidades de omisión de aquellas personas que sabían o debían saber. De alguien que podía tener conocimiento", declaró textualmente Valerio.

El fiscal Valerio, que estaba encargado de la acusación pública en el sumario abierto a raíz del asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, solicitó del juez instructor que ordenara la investigación de determinados servicios de información del Estado, como el de la Guardia Civil y el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid).El juez envió dos oficios, a la Comisaría General de Información y al Ministerio de Defensa, en los que se interesaba la realización de las investigaciones y que provocaron cierta alarma en el Gobierno y desencadenaron el relevo de Valerio en el caso.

El fiscal general del Estado ordenó la apertura de un expediente disciplinario, que fue instruido por el fiscal inspector, Eliseo García Martínez, quien tras entrevistarse con Valerio y el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, que desconocía la actuación de Valerio, elevó una propuesta a Burón.

El fiscal general del Estado ha aceptado la proposición del instructor y ha impuesto a Valerio la sanción de "advertencia" por considerar los hechos como "constitutivos de falta leve de negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo".

No inhabilita

El inspector fiscal, Eliseo García, manifestó ayer que la sanción impuesta a Valerio es la más leve de las existentes -que no supone inhabilitación-, y coincide con una de las propuestas que él como instructor hizo a Burón. Valerio puede recurrir la decisión del fiscal general del Estado en recurso de alzada ante el ministro de Justicia, y si éste también adoptara una resolución negativa, podría recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, en el caso de que no presente recurso, la sanción quedaría automática mente cancelada de su expediente en un plazo no superior a seis meses.

Las peticiones del fiscal Valerio se produjeron a finales de 1984 y principios de 1985, y el relevo en el cargo, a finales de enero de este año. El abogado Txema Montero, que lleva la acusación particular por el asesinato de Santiago Brouard, solicitó que el fiscal Emilio Joaquín Valerio prestara declaración en el sumario, pero el fiscal jefe Fermín Hernández desautorizó la declaración del anterior fiscal el 25 de febrero. Al día siguiente se abrió el expediente disciplinario a Emilio Joaquín Valerio.

Sin embargo, a principios de marzo, el juez de instrucción número 1 de Bilbao, Arturo González Yagüe, encargado del caso, envió nuevos oficios al Ministerio de Defensa para que se recabara más información a los servicios secretos, entre ellos el Cesid, sobre el conocimiento previo que pudieran tener del asesinato de Brouard.

Durante el presente mes la Audiencia de Bilbao acordó la declaración en el sumario del fiscal Valerio y ordenó a la policía la ampliación de los informes remitidos sobre los orígenes y la financiación de los GAL. La policía había reconocido en un primer informe, ya incluido en el sumario, que un infiltrado en la extrema derecha tenía datos sobre el atentado.