El diputado 'popular' José María Ruiz Gallardón pide la dimisión del ministro de Justicia

La reacción de los partidos políticos con representación parlamentaria a la declaración de anticonstitucionalidad de la ley del aborto, hecha pública ayer en una nota del Tribunal Constitucional, osciló entre la más dura condena por parte de los partidos de izquierda y la clara satisfacción puesta de manifiesto por los conservadores. Mientras que Ruiz Gallardón, portavoz del Grupo Popular, pidió la dimisión del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y dio las gracias "al tribunal y al sentido común", Pedro Bofill, portavoz del PSOE, lamentó la sentencia, "ya que se trata de una ley de mínimos si se la compara con el contexto europeo"

.El portavoz del Grupo Popular, José María Ruíz Gallardón, no ocultaba ayer su satisfacción por la sentencia, "ya que lo que ha prevalecido es la Constitución". "Debemos dar gracias al Tribunal Constitucional y al sentido común", dijo. La consecuencia lógica de esta sentencia es, para Ruiz Gallardón, "que el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, debe dimitir".

"Nosostros hemos defendido siempre el derecho a la vida en los términos en que la Constitución lo establece", declaró Ruiz Gallardón, quien puntualizó que esta sentencia deja fuera de toda duda que la protección de la Carta Magna de los españoles se extiende al feto: "Si el Gobierno quiere despenalizar el aborto, tiene que hacer otra ley". "Defendemos la vida en su integridad", continuó diciendo el portavoz popular; "ahora bien, entendemos que puede haber colisión en algún momento entre los derechos del feto y la personalidad de la mujer y en algún caso puede prevalecer el derecho de la mujer sobre el feto. Pero lo que quiere la Constitución es que la contemplación de estos derechos de la mujer se produzca con suficientes garantías para los derechos del hijo".

Ruiz Gallardón culminó la intensa actividad política que desarrolló ayer diciendo, al término de la grabación de una entrevista para TVE, en una explosión de satisfacción, "y con esto y un bizcocho, esta noche me emborracho".

Pedro Bofill, portavoz de la ejecutiva del PSOE, dijo que, de confirmarse las declaraciones de Ruiz Gallardón, su partido acataría la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, aunque la lamenta. "Entendemos que es una ley de mínimos si se la compara con el contexto europeo, en el que España se desenvuelve", declaró Bofill, quien añadió que, con dicha ley, el Gobierno intentaba dar respuesta a "un problema real que tienen en la sociedad española miles de mujeres". "Lamentamos que se haya perdido una buena oportunidad para que se regule un tema tan dificil que tienen planteado tantas mujeres españolas".

Pablo Castellano, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, acusó al Tribunal Constitucional de ser un "instrumento de polémica política" y añadió que a la sentencia "le sobran contenidos políticos y le faltan razones jurídicas".

Óscar Alzaga, presidente del Partido Demócrata Popular, manifestó ayer con cierta cautela: "De confirmarse esta información, nos encontraríamos ante una decisión que nos provoca una gran satisfacción, en cuanto que vendría a coincidir con lo que entendemos que son las exigencias que, en orden, a la protección de la vida, impone el artículo 15 de la Constitución".

Para el PCE, por el contrario, dicha decisión del Tribunal Constitucional "constituye una mala noticia", según manifestó el portavoz de dicho partido, Andreu Claret, "y un escándalo para los cientos de miles de mujeres que tienen que abortar cada año clandestinamente con graves peligros para su salud y en condiciones de clara desigualdad social. Tras esta sentencia, la interrupción voluntaria del embarazo seguirá presidida por la hipocresía de los tiempos del franquismo, es decir, seguirá siendo un hecho real, asumido por la sociedad, pero que no tiene su traducción en las leyes que desarrollan la Constitución". Para Claret, "tras esta sentencia, queda claro que la democracia no ha llegado aún a las mujeres".

El PNV, por su parte, declaró: "Uno de los principales fundamentos que configuran nuestro partido es el derecho de toda persona a la vida, por el que luchamos siempre". El PNV considera, sin embargo, que es un hecho que "el aborto es un tema que existe y hay situaciones en las que cabe plantearse seriamente el tema". En cuanto a la sentencia, la decisión es de acatamiento: "Lo que sería grave es que alguien intentara pescar en río revuelto y aprovecharse electoralmente de la situación".

José Ramón Caso, portavoz del CDS, dijo que la reacción de su partido era de acatamiento y que "urge una nueva regulación teniendo en cuenta los criterios del tribunal". Caso añadió: "Mi primera impresión es que el tribunal pretende que la ley contemple garantías de que el aborto sólo se va a practicar en los tres supuestos que contempla la ley". "A nuestro juicio", añadió, "el PSOE debe enviar una nueva ley, dado que las garantías para el tribunal no son suficientes".

Minoría Catalana

Con una valoración muy prudente, breve e institucional, reaccionó ayer la Minoría Catalana ante el fallo del Tribunal Constitucional. La prudencia de Convergéncia Democrática (CDC) contrastó con la evidente satisfacción con que la derecha parlamentaria catalana acogió la sentencia del alto tribunal. El portavoz convergente, Miquel Roca, no quiso entrar en una valoración profunda del veredicto, aduciendo que no conocía su contenido completo. "No obstante", añadió Roca, "quiero adelantar que será acatado y respetado, tanto más cuando se trata de un tema que afecta a la libertad de conciencia de cada uno". Representantes de Convergència precisaron que la declaración de Roca estaba hecha la título personal" para respetar todas las posturas de los diputados de Minoría Catalana, a los que se dio libertad de voto para apoyar o rechazar la ley.