Denegacion de auxilio a la justicia

El atentado contra el bar Hendayais (dos muertos y 10 heridos) es competencia exclusiva de la justicia francesa, por haberse perpetrado en el país vecino, si bien existe una serie de hechos que ocurrió minutos después y que tuvo como escenario la provincia de Guipúzcoa, lo que motivó que se abriera una investigación judicial española, paralela a la francesa, para determinar responsabilidades, especialmente el encubrimiento policial de las tres personas a las que se supone, desde algunos sectores y no desde la policía, autores del atentado.Fue el juez Epifanio Legido, hoy titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid y entonces destinado en San Sebastián, el que decidió, en noviembre de 1980, iniciar las investigaciones sobre este caso, al comprobar que tres personas, sobre las que cabía la sospecha de que hubieran sido las mismas que minutos antes dispararon contra 15 clientes que se encontraban en un bar de Hendaya, habían atravesado ilegalmente la frontera española y buscado cobijo en la comisaría de Irún.

Estas tres personas, al cruzar violentamente la frontera, en un vehículo con matrícula falsa, en cuyo maletero fueron encontradas varias armas sin especificar y dos juegos de matrículas, también falsas, se entregaron a la policía española y facilitaron un número de teléfono, que resultó ser el de Manuel Ballesteros, comisario general de Información en aquella fecha.

Tras consultar la policía con Ballesteros, éste dio la contraseña de darle bola, lo que quedó registrado en el libro de telefonemas de la Comisaría de Irún. La bola consistía en ponerles en libertad y devolverles todas sus pertenencias, incluidos el automóvil, las placas de matrícula y, las armas. Ése fue el primer dato que confirmó que trabajaban para la policía española, aunque, según ésta, sólo como informadores a sueldo.

La investigación ha pasado por manos de muchos jueces, dada la facilidad con que se producen los relevos judiciales en la capital donostiarra, aunque han sido pocos, como son los casos de los magistrados Ángel Juanes o José María Gómez Díaz-Castroverde, los que se han preocupado en profundizarla. Al final, el sumario quedó desgajado, y por lo que se juzga ahora a Ballesteros, único procesado, es sólo por un supuesto delito de denegación de auxilio a la justicia, por negarse a facilitar la identidad de los tres informadores.

Ballesteros fue citado a declarar por el juez José Luis Barragán, encargado actualmente del caso Novás y entonces destinado en San Sebastián, que lo hacía supliendo al entonces juez del 3, José María Gómez, que fue quien, en definitiva, le tomó declaración. Este policía declaró en 1983, después de varias requisitorias. Un año antes, también relacionado con este caso, fue citado por la justicia francesa, concretamente por el juez Gilbert Cousteaux, sin que hasta la fecha haya comparecido.