Todas las fuerzas políticas de Canarias piden una ley regional que fije el papel de los cabildos
Todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento autónomo acordaron por consenso, en la última sesión plenaria, emplazar al Gobierno regional a entregar en los próximos tres meses, antes de que finalice el actual período de sesiones, un proyecto de ley sobre la organización político-administrativa de Canarias.
La oposición criticó al Gobierno que preside Jerónimo Saavedra, del PSOE, de querer invadir las competencias de los cabildos y de mostrar una obsesión controladora sobre los mismos. El diputado de la agrupación Gomera Independiente, Esteban Bethencourt, llegó a afirmar que el Ejecutivo tiene miedo a dichas instituciones, lo que hizo reaccionar al vicepresidente, Juan Alberto Martín, que actuó como portavoz del Gobierno, al asegurar que éste no es enemigo de los cabildos. El debate parlamentario, aplazado durante casi un año, ha sido considerado clave para el futuro desarrollo de la autonomía canaria, ya que en los dos años que lleva funcionando se ha mantenido una dura pugna entre los cabildos y los órganos de Gobierno autonómicos por lograr una mayor representatividad.Los cabildos, considerados en el Estatuto de Autonomía de Canarias como instituciones de gobierno en cada isla, fueron creados en su actual estructura, a comienzos de siglo, como elementos superadores del pleito insular que ha enfrentado históricamente a Tenerife y Gran Canaria, las dos islas mayores del archipiélago. Hasta 1982 fueron los únicos estamentos de autogobierno de los insulares, y a partir de la transformación del archipiélago en comunidad autónoma han perdido su anterior protagonismo político en favor del Gobierno y el Parlamento regionales; desde entonces se ha generado una fuerte polémica entre los partidos claramente autonomistas, especialmente el PSOE, que alcanzó la mayoría en las elecciones autonómicas, y los nacionalistas y los denominados cabildistas (representados, sobre todo, por los grupos insularistas, que están encabezados por la Agrupación Tinerfeña de Independientes, ATI).
Alianza Popular y el PDP (Partido Demócrata Popular) han defendido el fortalecimiento de los cabildos, lo que ha provocado, por parte de los socialistas, la acusación de antiautonomistas. CDS, que destapó recientemente un documento interno comprometedor para el PSOE sobre el tema, aboga por la consolidación de dichos órganos insulares sin perjuicio de las funciones ejecutivas y legislativas de los poderes regionales.
Pérdida de la recaudación
La pérdida del control de la recaudación de los arbitrios insulares (tributos a la entrada de mercancías), que fue traspasada al Gobierno autónomo, ha aumentado la sensación de vaciamiento de sus competencias por parte de los cabildos. La iniciativa del diputado nacionalista Oswaldo Brito salvó el jueves, al lograrse el consenso, una previsible derrota del PSOE en el debate parlamentario.
Durante el mismo, convocado a instancias de una comunicación del Gobierno autónomo, éste presentó dos modelos de organización político-administrativa de Canarias que calificó de más y menos descentralizador, respectivamente.
La sesión tenía por objeto definir el "estado de la cuestión" para proceder a la elaboración de la llamada ley sobre los cabildos, que ponga fin a las tensiones competenciales existentes entre éstos y los órganos regionales. Previamente habían sido dados a la luz dos informes técnicos, realizados, de una parte, por el profesor Juan Miguel de la Cuétara, y los catedráticos Juan Alfonso Santamaría Pastor y Luciano Parejo.
Ambos estudios coinciden en la necesidad de construir la autonomía canaria en armonía con la actuación de los cabildos, mediante las oportunas transferencias o delegaciones de funciones y evitando la creación de una administración paralela en las islas.
