La gestión de Barrionuevo en el Ministerio del Interior

La gestión del ministro socialista de Interior, el inspector de trabajo en excedencia José Barrionuevo, ha estado jalonada por una serie de acontecimientos y decisiones a menudo controvertidas. Barrionuevo llegó al Ministerio procedente del Ayuntamiento de Madrid, donde, como concejal elegido dentro de la candidatura socialista, estuvo al cargo de la Policía Municipal. Considerado hombre duro, especialmente a raíz de ordenar el desalojo violento de un grupo de mujeres proabortistas encerradas en el Ayuntamiento, Barrionuevo, al llegar a Interior, se rodeó de un equipo variopinto, entre los que destacaban hombres como Rafael Vera y Fernando López Villanueva, procedentes del Ayuntamiento; Carlos Briones, crítico taurino, y su hermana María del Carmen Briones, ex centrista e inspectora de Trabajo; Carlos Sanjuán, veterano socialista próximo a Alfonso Guerra (luego dimitiría de su cargo); Jesús Martínez Torres, activo policía franquista; el teniente coronel de la Guardia Civil y abogado Guillermo Ostos, a quien puso al frente de un gabinete de operaciones especiales antiterroristas, y el también comisario Jesús Merino de la Hoz, destacado sindicalista (posteriormente dimitido), entre otros.Los primeros problemas surgieron en junio de 1983 con la destitución de otro inicial miembro del equipo, el subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la Brigada de Interior y hombre cercano a Sanjuán, a raíz del descubrimiento de escuchas telefónicas ilegales y del llamado caso Medina, un policía también del nuevo equipo que resultó salpicado en en los asuntos relacionados con Rumasa.

El 'caso Sanjuán'

La crisis estalló en enero del pasado año cuando Carlos Sanjuán, subsecretario del departamento, presentó su dimisión ante Barrionuevo. Ésta fue motivada por las continuas discrepancias, especialmente en la política de nombramientos policiales, con Rafael Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, que fue nombrado para ocupar el cargo de subsecretario.

Quizá el aspecto más conflictivo de la política de Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior han sido sus relaciones con las fuerzas de seguridad del Estado y en especial con los grupos más reivindicativos y, al menos aparentemente, progresistas dentro de ellas. Sus diferencias con los sindicatos culminaron en la primera manifestación y huelga policiales, en petición de la unificación policial y de reinvidicaciones de tipo económico, llevada a cabo en noviembre de 1983. Las reclamaciones de los cuerpos policiales fueron en parte incluidas en el borrador de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Respecto a la Guardia Civil, "el gran descubrimiento" del Gobierno socialista, según palabras del propio Barrionuevo, ha sido apoyada en todo momento y se ha renunciado definitivamente a su desmilitarización.

Las denuncias sobre torturas y malos tratos en las dependencias policiales han sido un tema abordado por el ministro con diferentes criterios. A raíz de la muerte del ex policía nacional José Manuel Castán en las dependencias de la Dirección de la Seguridad del Estado, Barrionuevo declaró que actualmente prestan servicio policías que han cometido delitos "terribles y atroces". Sin embargo, en octubre de 1984 fueron condecorados cuatro guardias civiles acusados de realizar torturas.

En las últimas semanas, el ministro ha salido en defensa del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, frente a las acusaciones de presuntos delitos de malos tratos, realizados por éste, según diversos testimonios, cuando estaba destinado en la policía franquista.

Seguridad ciudadana

Otro de los aspectos destacados del mandato de Barrionuevo ha sido el intento de lograr mayores niveles de seguridad ciudadana. A este respecto fue decisiva la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que supuso la salida de numerosos presos preventivos.

El incremento de delitos comunes desencadenó duros enfrentamientos entre los ministros de Justicia e Interior y obligó a la convocatoria de una reunión monográfica del Gobierno sobre los problemas de orden público y seguridad ciudadana, en marzo de 1984. Los titulares de ambos ministerios llegaron a un acuerdo para proceder a importantes modificaciones legislativas y organizativas en la que fue llamada la reforma de la reforma.

La política antiterrorista ha contado con una serie de medidas espectaculares de diverso éxito. Con motivo del secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal se llevaron a cabo registros domiciliarios masivos en el barrio del Pilar de Madrid, en abril de 1983, en una operación que fue calificada por el portavoz de los nacionalistas vascos como "un estado de excepción", que sólo sirvió para alertar a los terroristas y permitió que una parte del comando quedara en libertad. Uno de los mayores logros de la Administración socialista en materia de terrorismo ha sido la colaboración en el ámbito internacional, especialmente con Francia. Este país ha expulsado de su territorio a numerosos etarras enviándolos a Cuba, Venezuela, República Dominicana, Togo, México, Panamá y Cabo Verde, medida con la que se trata de acabar con el santuario francés de la organización. Por otra parte, el verano pasado los gobiernos belga y francés concedieron por primera vez la extradición de cinco presuntos etarras. También en la misma época el Gobierno español anunció inesperadamente su oferta de negociación con ETA. Recientemente José Barrionuevo ha protagonizado una nueva polémica surgida en el desarrollo de las investigaciones sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard. Las tensiones producidas en los Ministerios de Interior, Justicia y Defensa como consecuencia de la providencia judicial sobre el caso terminaron con el relevo del fiscal Emilio Valerio, encargado de la investigación. Últimamente han vuelto a aparecer las tensiones, aunque esta vez centradas en la Policía Nacional.