La primera vista de apelación sobre el 'caso Banca Catalana' será a puerta cerrada

El pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona acordó ayer que la vista de apelación sobre el caso Banca Catalana, en la que se debatirá la petición del ministerio fiscal de tener acceso a determinada documentación sobre la doble contabilidad de la entidad y sobre los préstamos otorgados al ex presidente Jaume Carner, se celebrará a puerta cerrada y con la presencia de los abogados de los querellados. La primera parte del acuerdo fue tomada por unanimidad, mientras que la referida a la presencia de los abogados contó con el voto en contra de cuatro magistrados.

BarcelonaEl magistrado Vicente Navarro Verdejo, ponente adjunto para la instrucción del sumario sobre Banca Catalana, explicó en una conferencia de prensa, al finalizar el pleno, que la decisión de celebrar la vista de apelación a puerta cerrada se había tomado por unanimidad y sin que fuera preciso abrir un debate sobre el tema. Los magistrados adoptaron esta decisión basándose en lo preceptuado en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se ordena que "las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral". El magistrado Navaro añadió que "no hay ninguna posibilidad legal para que el acto sea público".La decisión de los magistrados de celebrar la vista de apelación a puerta cerrada no causó ninguna sorpresa en los medios jurídicos, ya que desde hace algunas semanas se conocía el criterio de la Audiencia sobre este asunto. Algunos juristas recalcaron, sin embargo, que este acuerdo se contradice con el artículo 120 de la Constitución, donde se señala que "las actuaciones judiciales serán públicas". También se contradice con la política de discrecionalidad adoptada por la Audiencia con respecto a la publicidad de este tipo de sesiones y con la actitud liberal de algunas salas de lo penal de la Audiencia de Barcelona, que en numerosas ocasiones han celebrado las vistas de apelación en sesiones abiertas.

Entre estas vistas de apelación públicas destaca la celebrada el 28 de junio de 1972 en la Sección Tercera de lo Penal, cuando, a raíz de una explosión, supuestamente de gas, ocurrida en un edificio de la calle de Santa Amelia de Barcelona, el Colegio de Ingenieros planteó un recurso insistiendo en que se procesara a los encargados de la firma Kruger & Smith, por su supuesta vinculación a la empresa Catalana de Gas. La sala accedió, en aquella ocasión, a que la vista fuera pública atendiendo a un ruego de los abogados que participaron en la sesión, quienes advirtieron a los magistrados de la curiosidad que había causado el asunto en la opinión pública. El tribunal estaba entonces presidido por el magistrado Alfonso Hernández Pardos, quien ayer acudió al pleno ostentando el cargo de presidente de la Audiencia Provincial.

Presencia de los querellados

La segunda parte del debate de ayer tenía por objeto examinar la petición de un sector de magistrados que opinaba que a la vista de apelación no podían asistir los abogados de los querellados por no estar procesados y no ser partes en la causa y por considerar que es una incongruencia jurídica dejar en manos de los querellados la opción a ser investigados. Esta tesis fue rechazada por una amplia mayoría, después de que se aludiera a los artículos 118, 302 y 311 de la ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se recogen los derechos de las defensas en los procedimientos judiciales. El portavoz del pleno recalcó, además, que los magistrados, al tomar este acuerdo, habían tenido en cuenta el espíritu de la Constitución, donde se amparan los derechos de los acusados.El magistrado Vicente Navarro aseguró, en la conferencia de prensa, que se desconocía aún la fecha de celebración de la vista de apelación, ya que previamente cada uno de los querellados dispondrá de tres días para poder examinar la documentación judicial referida al debate. En medios alegados a la abogacía se calcula que este trámite procesal durará aproximadamente unos tres meses, por lo que la vista de apelación no se celebrará, seguramente, antes del mes de junio, cuando se hayan cumplido ya siete meses de la petición de los fiscales en la que reclamaban tener acceso a la citada documentación.

Controversia judicial

A los especialistas en el caso de Banca Catalana les preocupa la persistente ralentización del procedimiento judicial, ya que, en su opinión, esta situación podría provocar una importante controversia judicial. Aseguran estos especialistas que de seguir esta tendencia en la instrucción de la causa, antes de que ésta concluya podría entrar en funciones el nuevo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo que un amplio sector de la magistratura sería partidario de trasladar el caso a la nueva institución, frente a quienes podrían alegar el principio de seguridad y continuidad jurídica, según el cual debería juzgar el asunto el propio pleno de la Audiencia.La celebración de esta futura vista de apelación ha suscitado gran expectación en medios jurídicos, ya que se augura que será inevitable que en los debates se discutan otros aspectos de fondo de la querella contra los ex consejeros de Banca Catalana.