El PSOE ofrece a las minorías una negociación global sobre la ley del Poder Judicial

El Pleno del Congreso, en sus dos primeros días de debates sobre el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), dedicados en su mayor parte a la regulación y organización de los juzgados y tribunales, contó con la oposición de las minorías nacionalistas, que consideraron la ley atentatoria contra sus respectivos estatutos de autonomía. Los socialistas defendieron "un solo modelo de justicia para todos los españoles", pero prometieron reestudiar algunos temas en el Senado. Esta oferta está condicionada al consenso global sobre la ley.

El Senado, como Cámara de representación territorial, es considerada por la mayoría socialista como marco adecuado para una reconsideración de algunos aspectos autonómicos de la LOPJ. En realidad, según fuentes parlamentarias socialistas, el PSOE desea ganar tiempo hasta conocer la actitud final adoptada por las minorías en torno a los puntos más espinosos de la ley, en especial el de la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un amplio consenso del arco parlamentario, que permitiera aislar al Grupo Popular en su papel de abanderado político de la mayoría conservadora de la carrera judicial, sería un precio político suficiente para que los socialistas modificaran su actitud en los aspectos autonómicos de la ley.Las dificultades para que estos cambios puedan producirse son mínimas, ya que el endurecimiento autonómico se ha producido en la Comisión de Justicia e Interior, que modificó, a instancia socialista, el inicial proyecto de ley. Hasta tal punto es así que la oposición nacionalista ha mantenido en el Pleno del Congreso, en relación con varios artículos, como "mal menor", el propio proyecto del Gobierno, por entender que se ajustaba más que el nuevo texto a lo establecido en los estatutos de autonomía.

El portavoz de la Minoría Catalana, Josep Maria Trias de Bes, explicó que algunos estatutos de autonomía resultarán vulnerados por la futura ley, ya que concede al Estado la competencia en la determinación de las demarcaciones judiciales, contra lo establecido en estatutos, como el catalán, que confieren a la comunidad autónoma la regulación de esta materia. Igualmente denunció el recorte de las atribuciones estatutarias de los Tribunales Superiores de Justicia, de los que la mayoría socialista ha suprimido la Sala de Recursos.

'LOAPA' judicial

En opinión de Trias de Bes, estos y otros datos hacen a la LOPJ merecedora de la consideración de "LOAPA del poder judicial". El diputado socialista Carlos López Riaño contestó que, desde una perspectiva progresista, "queremos un solo modelo de justicia para todos los españoles". Reconoció las ventajas del modelo autonómico de Estado, pero añadió que, tras más de cinco años de funcionamiento del mismo, "es conveniente que no hagamos con nuestra justicia algo que después no funcione o se contradiga".

En cuanto a la solución alternativa brindada por el Grupo Popular, según la cual las máximas competencias en la materia deben atribuirse al CGPJ, López Riaño advirtió que "sería perjudicial para los autonomistas". El portavoz socialista pidió a todos la máxima colaboración para regular los problemas de la justicia en el marco del Parlamento de la nación.

Trias de Bes insistió en que actuaba como "representante del pueblo español y en defensa del bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución y los estatutos". "Actitud que no debe confundirse", dijo, "con la defensa de particularismos". Reprochó al PSOE que vulnere y minusvalorelos estatutos de autonomía, actitud que hará muy dificil, según dijo, alcanzar el consenso sobre la ley. Con menor insistencia, el diputado del PNV Joseba Zubía mantuvo tesis y enmiendas similares.

La mayor parte de los 109 artículos aprobados por el Pleno del Congreso, que proseguirá sus debates sobre la LOPJ el martes próximo, se refieren a la organización de los juzgados y tribunales y a la extensión y límites de su jurisdicción. Junto a la supresión, ya citada, de las audiencias territoriales, y la atribución de competencias, en materia civil, a las audiencias provinciales, otra de las novedades destacables es el establecimiento de los principios a los que se ajustará la ley de Jurado que el. Gobierno deberá remitir a las Cortes en el plazo de un año.

Segun el texto aprobado, la ley del Poder Judicial no se pronuncia sobre si el modelo de jurado será el puro o el mixto, ya que se limita a establecer que la función de jurado será obligatoria y remunerada, así como que "la intervención del ciudadano en el Jurado deberá satisfacer plenamente su derecho a participar en la administración de Justicia, reconocido en el artículo 125 de la Constitución".

La futura ley determinará la jurisdicción del Jurado con carácter obligatorio para delitos perseguibles de oficio y voluntario para los perseguibles a instancia de parte y establecerá la competencia para conocer de los asuntos penales sujetos a su jurisdicción, "en función de la naturaleza de los delitos y la cuantía de las penas señaladas en el Código Penal a los mismos".

Por otra parte, entre las escasas enmiendas aceptadas a la oposición, destaca la propuesta por el aliancista José María Ruiz Gallardón, según la cual "no surtirán efecto, en ninguna clase de procesos, los medios de prueba obtenidos, directa o indirectamente, de modo contrario a la ética o al Derecho".