La democratización del poder judicial

Los que claman por una justicia apolítica y desideologizada no saben lo que dicen, o acaso lo saben demasiado bien. La justicia es un poder del Estado, como lo es el Parlamento, que elabora las normas; como lo es el Gobierno, que las ejecuta. Y toda intervención en los órganos del Estado es política, y no puede dejar de serlo porque se encamina a la realización de un orden jurídico: el impuesto en cada momento histórico y en cada lugar por las fuerzas sociales dominantes. Podría decirse - que el momento político es tan sólo el de la elaboración de las normas y el de su aplicación gubernamental. Porque es en ese momento cuando se adoptan las decisiones que la política comporta: admisión o rechazo de la propiedad privada de los medios de producción, estructuración de las relaciones familiares y sucesorias según unos u otros patrones, establecimiento de un catálogo mayor o menor de libertades, tipificación como delitos de unas u otras conductas... El poder judicial, en consecuencia, no tendría que ser político porque se encuentra con unas normas -establecidas por otros poderes- y se limita a aplicarlas a los concretos conflictos que se plantean. Pero esta cómoda teoría es tan repetida como falsa.Estamento conservador

Para aplicar las normas hay que elegir entre las muchas existentes. Además hay que interpretarlas. Y por este doble portillo, que es cualquier cosa menos exiguo, el de la elección y sobre todo el de la interpretación de las normas, es por donde la política vuelve a hacer su aparición en el pretendidamente aséptico mundo judicial. El juez tiene una ideología, como la tienen todos sus conciudadanos, y difícilmente se sustraerá a ella a la hora de hacer sus elecciones y sus interpretaciones. Los jueces, por razones que los sociólogos se han cansado de explicar, suelen constituir un estamento conservador. Nada tiene, pues, de extraño que se dejen influir en su actuación por ese tipo de mentalidad, ya que es muy difícil, si no imposible, saltar más allá de la propia sombra. Y cuando en una sociedad se producen, cambios políticos - o cuando aparecen en ella nuevas pautas de comportamiento, suele tardar en asimilarlos, y pueden actuar como un factor retardatario.

El ejemplo italiano es, en este aspecto, extraordinariamente revelador. Como tras la caída del fascismo y la proclamación de la República siguió vigente, al lado de una Constitución claramente progresista, una serie de códigos y leyes heredados del período anterior, los jueces italianos -también allí conservadores en su mayoría- se inclinaron muchas veces por interpretaciones poco acordes con el espíritu de los nuevos tiempos y con el sentir popular. Y fueron unos cuantos magistrados progresistas los que propugnaron "una. interpretación alternativa del derecho", acudiendo para ello a aquellas normas que permitían dictar resoluciones más adaptadas a las necesidades de justicia de la mayor parte y del pueblo italiano. Todo esto viene a cuento de la reciente modificación introducida por los socialistas en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial sobre la forma de elección de los miembros del Consejo General, que ahora lo serán todos por el Congreso y el Senado, modificación que ha desatado las iras de la derecha.

A propósito de este cambio ha dicho Federico Carlos Sainz de Robles, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en el coloquio que siguió a una conferencia suya en el Club Siglo XXI, que existen tres tópicos inexactos sobre la actual situación de la justicia en España: que la justicia está en crisis o que los ciudadanos no creen en sus jueces, que éstos no han aceptado el sistema democrático y que defienden sus privilegios corporativos frente a la reforma judicial. Yo lamento discrepar de esa calificación de tópicos inexactos. Hay, evidentemente, una crisis de la justicia, que no actúa con la limpieza -¡esa corrupción nunca seriamente atacada!- ni sobre todo con la eficacia que la nueva sociedad requiere; existen muchos jueces y tribunales -¿para qué poner ejemplos?, basta darse una vuelta por las hemerotecas- que no han aceptado sinceramente el sistema democrático, y resulta difícil negar la constante defensa de los privilegios corporativos que, frente a la pretendida reforma judicial, han llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Cuál es en España la legitimidad democrática del poder judicial? Mientras que, directamente las cámaras legislativas e indirectamente el Ejecutivo -que depende de la mayoría parlamentaria-, son elegidos por el pueblo, los jueces son reclutados por oposición, a través de unas pruebas que se realizan ante otros jueces. Es, pues, muy importante que esa legitimidad democrática se busque al menos para el Consejo General del Poder Judicial, ya que es el órgano de gobierno de la magistratura y se halla dotado de muy importantes atribuciones. Pero la elección de 12 de sus 20 miembros por los propios jueces, y por un sistema mayoritario que convierte en árbitro de aquélla a la fuertemente conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, refuerza el sistema de cooptación corporativa, que tiene muy poco de democrático.

Frente a la propuesta socialista de elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial por las Cortes, la derecha ha esgrimido el argumento de la división de poderes. El viejo sistema defendido por Montesquieu chirriará, dicen, si la elección se lleva a cabo por otro poder, el legislativo en este caso, que además, aducen también, se moverá, en definitiva, a impulsos del Gobierno, con los consiguientes peligros de partidismo y politización y con evidentes riesgos para la sacrosanta independencia judicial.

Pero en una democracia -y en otro caso no sería auténtica-, los poderes, todos, tienen que emanar del pueblo. El argumento de la división de poderes podría tener sentido si la elección de los 20 miembros por el. Parlamento fuese una alternativa a un actual modo de elección que fuese verdaderamente popular, auténticamente democrático. Frente a una cooptación corporativa como la que hoy existe, frente a una elección controlada y dominada por la Asociación Profesional de la Magistratura, cualquier sistema es preferible desde el punto de vista democrático. Esa elección, sujeta además a la mayoría reforzada de las tres quintas partes, puede reflejar la actual estructura pluralista de la sociedad de modo mucho más exacto que la realizada por una asociación monolíticamente conservadora que ni siquiera representa el actual punto de vista de toda la carrera judicial.

Como la concreta influencia del partido hoy mayoritario vendrá matizada por la exigencia de la mayoría de las tres quintas partes, lo que descarta el peligro de partidismo, sobre el de politización solamente cabe decir que ésta es inevitable y que quienes se rasgan las vestiduras ante ella olvidan que existió ya en los tiempos del franquismo, ajustada entonces al régimen dictatorial imperante, y que existe ahora, en el sistema de elección cuya modificación se pretende, atemperada a la ideología de quienes hoy controlan la elección.

En cuanto a la independencia judicial, hay demasiado que hablar sobre ella. Para mí, en todo caso, no hay ninguna dependencia más peligrosa que la de unas ideas muy poco acordes con el sistema constitucional y democrático por el que se rigen los españoles.

Jueces para la Democracia

La asociación Jueces para la Democracia, que agrupa a la mayor parte del sector progresista de la carrera, ha dado por eso su apoyo, siquiera se trate de un apoyo crítico, a la nueva fórmula de elección. Aunque alguno de sus miembros más caracterizados, que lo es además del Consejo General del Poder Judicial, manifestase al conocer la noticia que la elección parlamentaria carecía de apoyo constitucional y respondía a una actitud de democracia jacobina, la asociación ha terminado por apreciar en el nuevo sistema "una vinculación más directa con la soberanía popular del órgano de gobierno del poder judicial". Y es que, evidentemente, la hay El órgano de gobierno de un importantísimo poder del Estado debe reflejar también la presente estructuración política de los españoles. Sólo así podrá hacerse eco de sus aspiraciones y deseos. Por eso, esta vez, y con la esperanza de que sirva de precedente -¡esa ley del Jurado siempre postergada!-, mi aplauso a los socialistas.