Portugal vive la polémica de la reprivatización 10 años despues de las nacionalizaciones

Hace 10 años, una tumultuosa reunión de la Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas, convocada después del fracaso del intento de golpe de Estado del general Antonio de Spínola, creaba el Consejo de la Revolución portuguesa. La nacionalización de la banca, de los seguros y de otros sectores de la economía portuguesa fue, a partir del 13 de marzo de 1974, la imagen de marca del nuevo poder que emergía en Portugal. La disputa sobre el futuro de las empresas públicas y de la revisión de la Constitución en sus materias económicas es el telón de fondo de las crecientes dificultades de la coalición de socialistas y socialdemócratas que apoya el Gobierno de Mario Soares.

LisboaEl mundo entero juzgó inminente la colectivización completa de la economía lusa y la caída de Portugal en la órbita soviética, pero pocas voces se levantaron entonces en el interior del país para contestar las nacionalizaciones. Ninguno de los cuatro grandes partidos se opuso, ni siquiera el CDS (Centro Democrático Social), que defendía entonces un "socialismo personalista" en la línea de la doctrina social de la Iglesia.La Constitución, promulgada en mayo de 1976, después de las primeras elecciones y del contragolpe de noviembre de 1975 -que alejó, según la terminología de la época, el peligro de asalto comunista al poder-, consagró la "irreversibilidad de las nacionalizaciones de 1975". Más aún, la revisión constitucional de 1982 mantuvo, por voluntad expresa del Partido Socialista de Portugal (PSP), el principio de irreversibilidad de las nacionalizaciones y el modelo de economía mixta.

Como mucho, el PSP admite una alteración de la legislación sobre los límites de los sectores público, privado y cooperativo de la economía, y, desaparecido el Consejo de la Revolución, hizo aprobar ya medidas concretas destinadas a abrir a la iniciativa privada sectores hasta entonces monopolio del Estado, como el de la banca, o a permitir la participación de capitales privados en empresas estatales o la venta de participaciones estatales en empresas mayor¡tariamente privadas.

En sus más recientes declaraciones públicas, Mario Soares tuvo oportunidad de definirse como un liberal en materia política, pero no tanto en materia económica", y el pensamiento de los actuales responsables socialistas de la economía portuguesa es que una liberalización excesiva, con el desmantelamiento del sector público y la reprivatización de la mayor parte de las empresas estatales, provocaría un caos y efectos negativos "conio mínimo tan graves como las nacionalizaciones salvajes del 13 de marzo de 1975".

"Acabar con el Gobierno"

Agravada por el ambiente preelectoral que se vive ya en Portugal, la polémica sobre el futuro de las empresas públicas y la revisión de la Constitución puede, en las próximas semanas, provocar convulsiones en el interior del Gobierno y hacer inevitable la ruptura de la coalición y la convocatoria de elecciones anticipadas.En el último consejo nacional del partido socialdemócrata, el ministro de Agricultura, Álvaro Barreto, asumió el compromiso formal de dimitir en mayo si hasta aquella fecha no fuese concluida la aprobación de la nueva legislación agraria, a la que los comunistas y los sindicatos que controlan califican de "contrarreforma agraria".

Con el doble objetivo de "acabar con la anarquía que se instaló en la zona de reforma agraria" y ingresar unos miles de millones de escudos en las arcas del Estado, el ministro socialdemócrata de Agricultura no se propone únicamente devolver a sus propietarios los dos tercios de las 1.200.000 hectáreas expropiadas u ocupadas desde 1975, sino también transformar las unidades colectivas sobrevivientes en empresas capitalistas clásicas arrendatarias de tierras del Estado.

Para el líder comunista, Álvaro Cunhal, que se ha llegado a un mo mento crucial y que "el movimiento popular debe acabar en las pró ximas semanas con este Gobierno o este Gobierno acabará con las conquistas de la revolución de abril de l974".

La confederación sindical CGTP-Intersindical, mayoritariamente comunista, realizó ayer una jornada de lucha, con manifesta ciones en Lisboa y en las restantes capitales de provincia, cuyo lema principal fue "la defensa de las nacionalizaciones".

Recordando el inicio del proceso político que en pocos meses llevó a la apropiación por el Estado de 16 bancos e instituciones financieras, 40 compañías de seguros, 59 empresas industriales, varias decenas de empresas de transportes y siete empresas de comunicación social, el presidente de la poderosa patronal CIP, Pedro Ferraz da Costa, asume el carácter político de la iniciativa ahora tomada de denunciar, junto al Defensor del Pueblo, "los atentados contra los derechos de la persona humana" perpetrados ininterrumpidamente por el Estado portugués en los últimos 10 años, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de "todas las disposiciones legales hasta ahora publicadas y nunca cumplidas en materia de nacionalizaciones" y amenazando con demandar el Estado portugués ante la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo de Europa por violación de las convenciones europeas ratificadas por Portugal y de la propia Constitución lusa.

Indemnizaciones

Ferraz da Costa recordó el pasado 11 de marzo que "cerca de medio millón de portugueses afectados por las nacionalizaciones de 1975 aún no fueron indemnizados y que la ley del 26 de octubre de 1977, que prometía el cálculo, en el plazo de 90 días, del montante de las indemnizaciones debidas quedó sin efecto práctico. Otra ley, de 1980, que preveía la entrega de títulos provisionales de iridemnización, creó nuevas injusticias, violando el principio de igualdad ante la ley.Ferraz da Costa admite que el problema es de tales proporciones que su solución no puede ser "rápida, fácil, ni técnicamente perfecta", pero considera que tampoco se puede transigir con la decisión del Gobierno de "no hacer nada", patente, según él, en los Presupuestos del Estado para 1985.