Gray pudo ser utilizada en España para colocar dinero en EE UU como pago por tráfico de influencias

La agencia de relaciones públicas norteamericana Gray and Company pudo ser utilizada, en su intento de establecerse en España, para desviar fondos a Estados Unidos como mecanismo de pago a algunas personalidades españolas por servicios prestados o por expectativas de servicio, según apuntan fuentes solventes. La operación, sin embargo, no pudo consumarse a causa de las sospechas de algunos directivos de la propia Gray sobre la legalidad de la operación ante la normativa estadounidense y por diferencias de criterios en torno a la organización de la empresa en España.

El intento de instalarse en España de Gray and Company, una de las primeras firmas lobbistas (de influencia) de Washington en el campo de las relaciones públicas, también se vio condenado al fracaso debido a su incapacidad para hacerse con contratos importantes con empresas españolas. Tal es el caso de Unidad Eléctrica (Unesa) e Iberia, sus dos primeros clientes potenciales contactados, que rechazaron la propuesta de contrato presentada por empleados de Gray por entender que no necesitaban sus servicios en aquellos rnomentos. Gray también contacté con personas del Ministerio de Defensa y con la sociedad Defex.No obstante, fuentes familiarizadas con el caso apuntan que en este oscuro asunto desatado por la Prensa norte americana aún persisten muchos cabos sueltos en tomo a las intenciones de la empresa de Washington y de sus potenciales clientes en. España. Para los mismos medios, el nexo de unión se encuentra en el dinero que, según denuncias del ex empleado de Gray Carter Clews, se despositó en un banco de Baltimore a favor de la sociedad norteamericana con el supuesto fin de entregárselo, en parte, a un diputado español.

La cifra aparentemente depositada asciende a 250.000 dólares (unos 46 millones de pesetas), de los que 25.000 (4.500.000 pesetas) acabaron en una cuenta bancaria en Madrid a nombre de la sociedad Adicsa -de la que son únicos socios los diputados aliancistas Miguel Herrero de Miñón y José Ramón Lasuén-, 125.000 dólares (algo más de 10 millones y medio de pesetas) fueron devueltos y otros 100.000 (ocho millones y medio) fueron consumidos en gastos.

Unesa reiteró ayer, en un comunicado, sus anteriores manifestaciones de que en ningún caso hizo pago alguno a Gray and Company y que sus conversaciones para la firma de un contrato para organizar un seminario o simposio en Madrid con el fin de facilitar inversiones norteamericanas en España no concluyeron en nada positivo.

En medios del sector eléctrico se apuntó ayer la creencia, basa da en hechos contrastables, de que Gray and Company recibiera el dinero para algún tipo de contrato por parte de una empresa eléctrica o un consorcio concreto distinto a Unesa o, en su caso, de una agencia consultora de imagen y estudios técnicos vinculada al consorcio. Los nombres de consejeros comunes a las dos empresas fueron citados por personas que han hablado con Carter Clews y otros directivos de Gray, pero su participación no ha sido probada todavía.

Contactos

La aparente participación de otra enipresa o consorcio eléctrico en las relaciones con Gray se desprende de las personas que, como Lasuén hareconocido que hizo, sirvieron de intermediarios en la presentación de la agencia norteamericana a las empresas españolas. Tal es el caso de los contactos que, según fuentes próximas a Gray y contrastadas en el sector eléctrico, se mantuvieron con personas vinculadas a una empresa eléctrica y a una consultora que trabaja para distintas compañías eléctricas. La supuesta participación de un antiguo alto funcionario energético en estos contactos no pudo ser confirmada hasta ayer.Por otro lado, personas próximas a la oficina de Gray en Madrid manifestaron que los problemas de la empresa norteamericana en España surgieron como resultado de las diferencias de criterio entre Alejandro Orfila, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y vicepresidente de ray, con arter ews, encargado de la oficina de Madrid. Al parecer, Orfila monopolizaba todo el asunto del dinero, y Clews servía de tapadera con sus conversaciones con las empresas del "contrato importante" que perseguía Orfila.

El problema se zanjó con la visita a Madrid de un sobrino de Robert Gray, presidente de la empresa, que opinó que la operación España podría no cumplir la normativa legal norteamericana referente al pago de servicios a funcionarios extranjeros (caso de la empresa Edicsa). Finalmente, todas las personas que participaron en la operación española llegaron a un acuerdo para abandonar la empresa o fueron despedidos.

Las operaciones de Gray and Company en España no han sido canceladas del todo. La semana pasada, un representante de la sociedad todavía visitó a algunos de sus potenciales clientes y les inquirió sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. A la vista de la explosión del asunto en la Prensa, es muy posible que Gray and Company, según algunas fuentes, abandone la escasa actividad que tenía en Madrid, centralizada a través de una pequeña oficina abierta en un hotel.