El Vaticano y los masones

El viernes 22 de febrero de 1985 la televisión italiana daba la noticia de que la Iglesia mantenía la incompatibilidad entre ser católico y masón. Al día siguiente, l'Osservatore Romano publicaba en primera página, a tres columnas, un artículo anónimo -aunque, evidentemente, reflejo oficial del antiguo Santo Oficio romano- bajo el título: Reflexiones a un año de la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Inconciliabilidad entre la fe cristiana y la masonería. Artículo que ha suscitado toda una serie de comentarios sobre la política vaticana que van más allá del mero problema masónico.Oportunismo político

Sobre la oportunidad o coyuntura del momento elegido caben múltiples especulaciones, que fundamentalmente giran en torno, no tanto de la próxima discusión parlamentaria del informe elaborado por la comisión que se ha ocupado de la famosa logia P-2, sino más bien de los contactos políticos que en estos días están teniendo lugar en Roma con vistas a la búsqueda de un sucesor de Pertini en las ya cercanas elecciones presidenciales. Algunos han querido ver otras connotaciones en el hecho de que dicho artículo comparta la titularidad de primera página con otro que lleva por título: Estados Unidos ayudará a los 'contras' en Nicaragua.

Pero, al margen de especulaciones más o menos sugestivas, es evidente que el intentar justificar las reflexiones vaticanas como aclaración a un breve documento aparecido en el mismo periódico, no hace un año, sino 15 meses (26 de noviembre de 1983), resulta tanto más llamativo por cuanto dichas reflexiones no consiguen su objetivo.

En primer lugar, ya el título no es excesivamente acertado. Hubiera sido más correcto haber hablado de fe católica, pues ciertamente no existe incompatibilidad entre fe cristiana y masonería, desde el momento que son muchos los obispos anglicanos, ortodoxos y luteranos que hoy día son masones sin problemas de fe cristiana, como en su día lo fueron el primado de la Iglesia anglicana, el doctor Fisher, y el patriarca Atenágoras, de la Iglesia ortodoxa, con quienes Juan XXIII, lejos de todo triunfalismo personalista, inició, con su sencillez y humildad características, una apertura de diálogo ecuménico en tina atmósfera de comprensión fraternal.

Subversión y naturalismo

Tampoco resulta excesivamente acertado el planteamiento inicial del artículo, en el que se dice que el juicio negativo de la Iglesia contra la masonería ha sido inspirado por múltiples razones prácticas y doctrinales. Entre las prácticas cita "la actividad subversiva" de la masonería contra la Iglesia. Entre las doctrinales, que la masonería tiene ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica, que llevan "a un naturalismo racionalista, inspirador de su actividad contra la Iglesia". El traer como pruebas dos documentos de León XIII, la Humanum Genus, de 1884, y una carta al pueblo italiano de 1892, da la sensación de cierta pobreza y parcialidad histórica, no ya porque la Iglesia a la que se refiere León XIII no es la de hoy, ni los problemas políticos de la reunificación italiana tienen por qué seguir afectando todavía hoy a la Iglesia universal, sino porque la masonería actual tampoco tiene nada que ver con la del siglo XIX ni con una cuestión política concreta, pasada o presente.

Recordemos que solamente Pío IX y León XIII, en sus documentos y alocuciones, hablaron más de 400 veces contra la masonería, identificada en muchos casos con la carbonería (lo que es insostenible desde el punto de vista histórico) y siempre con las sociedades patrióticas y secretas que en aquellos años lucharon por la unificación italiana, en contra de los intereses temporales del Papa, que se oponía a la pérdida de sus territorios pontificios. El acento político de aquellos ataques quedó reflejado en el leit motiv que en todos ellos sintetizaba el pensamiento pontificio y que no era otro que el que la masonería y las sociedades secretas atacaban "los derechos del poder sagrado y de la autoridad civil", que "conspiraban contra la Iglesia y el poder civil", que "atacaban a la Iglesia y los poderes legítimos". El propio León XIII, en la Humanum Genus, alude a las prohibiciones de la masonería por parte de ciertos Gobiernos y recalca que "el último y principal de los intentos" de la masonería era "el destruir hasta sus fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo". Y como prueba del proceder de la "secta masónica" y de su "empeño en llevar a cabo las teorías de los naturalistas", añade que la masonería "mucho tiempo ha que trabaja tenazmente para anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridad de la Iglesia y a este fin pregona y contiende deberse separar la Iglesia y el Estado, excluyendo así de las leyes y administración de la cosa pública el muy saludable influjo de la religión católica".

Es claro que hoy el Vaticano II propugna esa separación entre Iglesia y Estado, sin incurrir por ello en ideas naturalistas. Pero es igualmente importante constatar que la propia Iglesia, cuando poco después de morir León XIII (1903) promulgó el Código de Derecho Canónico (27 de mayo de 1917) que ha estado en vigor hasta el 28 de noviembre de 1983, sintetizó todas las normas doctrinales y prácticas habidas contra la masonería en el canon 2.335, en el que se decía que "los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica".

Poder terrenal

Esta identificación de masonería como una sociedad que "maquina contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas" sólo se puede comprender desde la óptica de la problemática planteada en Italia por la famosa "cuestión romana" o pérdida de los Estados pontificios, donde estaban simbolizados los dos poderes, el civil y el eclesiástico, el trono y el altar, o si se prefiere, la Iglesia católica y el poder legítimo gubernamental, coincidentes ambos en una misma persona, el Papa, en cuanto rey de Roma y jefe de la Iglesia católica.

En el nuevo Código de Derecho Canónico, el canon 2.335 ha sido sustituido por el 1.374, en el que se dice textualmente: "Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho".

Es decir, que ha desaparecido toda referencia a la masonería, a la excomunión y a los que maquinan contra las potestades civiles legítimas, tres de los aspectos básicos que sólo tenían razón de ser en el contexto histórico de un problema concreto italiano del siglo XIX, que, evidentemente, al no existir hoy resultaba anacrónico mantener. Y así lo entendieron los expertos que durante más de 20 años trabajaron en la redacción del nuevo Código de Derecho Canónico, a pesar de las presiones que a última hora se ejercieron, especialmente desde ciertos sectores fundamentalistas de la Iglesia, para que se mantuviera la excomunión contra los masones.

Golpe involucionista

Sin embargo -y en parte fruto de estas presiones-, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sorprendía el 27 de noviembre de 1983, es decir, la víspera de entrar en vigor el nuevo Código de Derecho Canónico, con un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia, publicando una "declaración sobre las asociaciones masónicas", por la que, antes de ser nombrada y constituida la comisión pontificia de interpretación del código, se adelantaba en sentido restrictivo, por no decir negativo, haciendo decir al código lo que en modo alguno se recoge en él, echando por tierra uno de los pequeños avances que en los últimos años se había conseguido en la clarificación de las relaciones entre la Iglesia y la masonería.

En dicha nota se decía, en síntesis, que "permanecía inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas porque sus principios siempre habían sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia, por lo que la inscripción en ellas permanecía, prohibida", a pesar de que en el nuevo Código de Derecho Canónico no se mencionara expresamente a la masonería. Y añadía que "los fieles que pertenecieran a las asociaciones masónicas estaban en estado de pecado grave y no podían acceder a la santa comunión". Finalmente, concluía diciendo que "no competía a las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas".

Ante la reacción de no pocas conferencias episcopales contra esta nota, que suponía una contradicción con lo practicado por la Iglesia desde el Vaticano II y por la propia Congregación para la Doctrina de la Fe, que había autorizado hacía ya 10 años, pública y oficialmente, la pertenencia de los católicos a ciertas masonerías, l'Osservatore Romano se ha visto obligado a hacer el reciente comentario, más desafortunado, si cabe, que la nota precedente y que supone una vuelta a la época inquisitorial. Y lo más grave es que tanto la declaración de 1983 como las reflexiones de 1985 están inspiradas en un documento tan reaccionario y erróneo como la declaración que los obispos alemanes hicieron el 28 de abril de 1980 contra la masonería.

Ritos y religión

Pues las reflexiones vaticanas del 23 de febrero de 1985 no son otra cosa que una glosa de dicha declaración alemana, a la que sigue en sus puntos fundamentales, como el relativismo, el concepto de la verdad en la masonería, las acciones rituales, la visión que los masones tienen del mundo, etcétera. El paralelismo es tanto más llamativo cuanto falso el planteamiento de la declaración alemana. Pues ya el punto de partida es gravemente erróneo al considerar a la masonería como una religión o pseudorreligión y a los rituales masónicos como si tuvieran un carácter sacramental.

Pues la masonería no es, ni ha sido nunca, una religión. Es una sociedad laica, con una finalidad filantrópico-cultural y humanístico-filosófica, que tiene un ideario de fraternidad universal y perfeccionamiento del hombre, lo suficientemente amplio y ambiguo en sus formulaciones para que tengan en ella cabida hombres de diferentes creencias y opiniones políticas, sin que esto suponga indiferentismo ni sincretismo, sino simplemente tolerancia y respeto con relación a la libertad de pensamiento y creencias de los demás, en una asociación en la que tienen cabida todos los creyentes -es decir, no ateos-, sean éstos cristianos, católicos, musulmanes, hebreos, budistas...

Y esto lo comprendieron muy bien Juan XXIII y Pablo VI, así como el antecesor del cardenal Ratzinger en su mismo puesto, el cardenal Seper, quien ya en 1972 propició la posibilidad de la presencia de los católicos dentro de la masonería. En concreto, intervino, tanto en Francia como en el Reino Unido e Italia, un representante del Vaticano, en la persona del entonces secretario de la Comisión Pontificia para los no Creyentes y consultor de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, don V. Miano, encargado de estudiar los problemas que planteaba el canon 2.335 y de exponer viva voce que podía ser aceptada la interpretación de dicho canon según la cual se restringía la excomunicón sólo a los miembros de aquellas asociaciones "que se dedicaban a complós contra la Iglesia y los poderes civiles legítimos". Posteriormente, el 19 de julio de 1974, el cardenal Seper hacía ya público un documento en este mismo sentido. Criterio que fue renovado el 12 de marzo de 1975, en respuesta a la Conferencia Episcopal Brasileña.

El Vaticano se contradice

De acuerdo con esta pauta, diferentes conferencias episcopales, como la inglesa, norteamericana,canadiense, francesa, escandinava, dominicana, etcétera, fueron adoptando medidas que resolvíanlos problemas pastorales y de conciencia planteados a tantos católicos que no veían motivos de incompatibilidad con su pertenencia a la masonería.

Ante el radical cambio de actitud que supuso el documento de Ratzinger del 26 de noviembre de 1983, varias conferencias episcopales pidieron aclaraciones a Roma en el sentido de saber quién tenía razón en todo este problema, si Ratzinger o su antecesor, Seper; preguntas que hasta ahora habían quedado sin respuesta. Finalmente, ha llegado una respuesta, indirecta en su formulación, con la que se pretende eludir la cuestión fundamental de la hostilidad de la masonería contra la Iglesia, que era el único motivo jurídico de incompatibilidad que existía en el código antiguo y se intenta volver a cuestiones doctrinales y de principios, basadas no en documentos masónicos actuales, sino en los testimonios y doctrina de León XIII. Cuando precisamente hoy día se sabe tanto del entorno histórico de aquella época y del confusionismo ideológico entonces existente, al menos en lo que a la masonería se refiere.

En síntesis, el documento que nos ocupa es una clara marcha atrás en la trayectoria seguida por la propia Congregación para la Doctrina de la Fe durante estos últimos años, y más concretamente desde el Vaticano II. Pues del reconocimiento explícito de que hoy día podían existir -y de hecho existen- masonerías que ya no maquinan contra la Iglesia, la conclusión lógica hubiera sido que, por tanto, los principios ideológicos y morales que inspiraban a dichas masonerías no eran opuestos a la Igleisa católica. Y para ello hubiera bastado la lectura y análisis de las constituciones y prácticas de dichas masonerías actuales, sin necesidad de remontarse a León XIII. Sin embargo, la conclusión ha sido precisamente la contraria. La masonería ya no máquina contra la Iglesia, pero sus principios doctrinales no han cambiado, y por tanto, los católicos que se inscriben en la masonería -realizando un simple juego de palabras- ya no están excomulgados, aunque "su inscripción constituye objetivamente un pecado grave", y, por tanto, "no pueden acceder a la santa comunión". Y de paso se desautoriza a las conferencias episcopales y autoridades eclesiásticas locales que en los últimos años se habían pronunciado de una manera más o menos abierta y favorable a la entrada y permanencia de los católicos en la masonería. En adelante se centraliza en Roma el juicio de valor sobre la naturaleza de cualquier logia del mundo -uno más de los absurdos del reciente documento-, aunque muy en la línea involucionista y de recorte de prerrogativas impuesta por la política actual vaticana.