Los magistrados desoyen las quejas del juez del 'caso Banca Catalana'

El Pleno de la Audiencia de Barcelona, aduciendo una cuestión estrictamente formal, decidió ayer, por unanimidad y en menos de 15 minutos, archivar el escrito de queja planteado el pasado 25 de febrero por el magistrado juez Ignacio de Lecea, instructor del caso Banca Catalana. En este escrito, De Lecea pedía que se reconsiderase la modificación de su estado procesal efectuada por los magistrados en la sesión del pasado 22 de febrero, ya que, en su opinión, ello supone un grave perjuicio jurídico, político, y social que afecta a la instrucción del sumario y al futuro Tribunal Superior de Cataluña.

La decisión del Pleno de la Audiencia Territorial fue anunciada por el magistrado ponente de la causa, Vicente Navarro, en una rueda de prensa que se celebró en la Biblioteca del Palacio de Justicia al finalizar la reunión de los magistrados. Navarro anunció lacónicamente que los magistrados habían decidido no admitir y archivar el escrito de Ignacio de Lecea, ya que consideraban que no se podía dar al mismo el valor de "un voto reservado o particular" en un debate en el que aquél no había participado. En el pleno del pasado 22 de febrero, los magistrados rebajaron el status de De Lecea, que a partir de entonces debería someterse a las decisiones de la asamblea de magistrados.Vicente Navarro intentó minimizar el tema, así como las consecuencias de la decisión, asegurando que el problema suscitado era de "régimen interior", sin ninguna conexión con la instrucción sumarial del caso Banca Catalana, por lo que el documento se archivará en la secretaría de la Audiencia Territorial de Barcelona, sin que se refleje en el sumario la existencia de tal documento y la del debate.

El magistrado Vicente Navarro insistió en que el papel jurídico de Ignacio de Lecea seguía siendo el de "instructor delegado del Pleno de la Audiencia con facultades para obrar con jurisdicción propia e independiente", tal y como se señala en el artículo 303 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desmentida su dimisión

La decisión del Pleno de la Audiencia Territorial no pudo ser comunicada ayer oficialmente al magistrado Ignacio de Lecea, que se encontraba fuera del Palacio de Justicia cuando finalizó la sesión. Ignacio de Lecea se negó a responder a las preguntas formuladas por los periodistas y a informar sobre la noticia de su supuesto cese, dada horas después de la celebración del pleno por una emisora de radio. El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, desmintió la información facilitada sobre el juez instructor, asegurando que De Lecea no le había presentado la dimisión como instructor del sumario sobre Banca Catalana.La decisión del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona de archivar el caso, sin entrar a debatir el documento, no sorprendió ayer en medios jurídicos, ya que desde hace varios días se rumoreaba que esta medida era la solución más lógica al problema, dado lo complicado de la situación procesal y la inusual fórmula utilizada por De Lecea. En los citados medios jurídicos se asegura que hace pocos días algunos magistrados, preocupados por dar una salida airosa al problema, aconsejaron que de manera informal se le sugiriera a De Lecea que retirara el documento. Esta posibilidad fue descartada.

Tampoco se tuvo en cuenta la opinión de otros magistrados que recomendaron que en la sesión de ayer se introdujera una votación de apoyo al instructor. Al parecer, algunos de los magistrados que buscaban una solución discreta para el conflicto suscitado con el escrito de De Lecea, reconocían y participaban de las preocupaciones y protestas expresadas por el magistrado en el documento, pero aseguraban que estos argumentos quedaban invalidados por la manera en que se habían formulado.

De Lecea fue nombrado juez instructor delegado para el sumario de Catalana por el pleno del 10 de julio de 1984, a propuesta del presidente de la Audiencia Territorial. Todos los magistrados menos uno aceptaron el nombre propuesto. Al parecer, la única oposición fue la de un magistrado de una sala penal que protestó por la fórmula utilizada para el nombramiento.