La Caja de Ahorros de Sabadell prepara una acción judicial contra el agente Buxeres

La Caja de Ahorros de Sabadell prepara una acción judicial contra el agente de cambio y bolsa Alejo Buxeres, en la que reclamará valores o fondos por una cuantía superior a 2.600 millones de pesetas, según manifestó ayer el presidente de la entidad, Ramon Gabarró, en un acto en el que dio a conocer los resultados de la caja. Aunque no precisó si se trataba de una acción civil o penal, fuentes solventes aseguraron que seguramente se tratará de una querella criminal de similares características a la presentada el pasado jueves por la Caja Layetana, en la que reclamaba al mismo agente unos 3.5% millones de pesetas.

Pero la última palabra sobre esta decisión todavía no se ha dicho y está pendiente del alcance de las negociaciones que desarrolló ayer en Madrid el director general de la entidad, Miquel Forrellad.A pesar de los adversos resultados de las inversiones bursátiles, Gabarró calificó de "brillante" el ejercicio de 1984 en el que la caja había obtenido un cash-flow (beneficios más amortizaciones y dotaciones a insolvencias) de 2.484 millones de pesetas, lo que representaba un incremento del 43% sobre el año anterior. De esta cifra, 250 millones de pesetas se destinarán a amortizaciones; 766 millones, a dotaciones para posibles insolvencias en general, 1.283 millones, a insolvencias específicas para el quebranto eventual de las inversiones bursátiles; y los 185 millones restantes, a financiar la obra social.

Para hacer frente a posibles problemas de liquidez, esta entidad junto a la Caja Layetana han conseguido un crédito de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) por un valor de 4.500 millones de pesetas con un plazo de amortización de 10 años y a un interés del 8%. A excepción de dos o tres entidades, las 78 cajas de ahorros restantes han suscrito ya la parte que les corresponde de este préstamo, según fuentes de la Caja de Sabadell.

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona intentaba ayer ultimar la formalización de otro crédito de la CECA de una cuantía próxima a los 1.000 millones de pesetas para afrontar una parte de las deudas del despacho de Buxeres. Las negociaciones para la concesión de este préstamo han registrado fuertes tensiones a la hora de establecer las garantías del mismo. Ello es debido a que el Colegio de Agentes, como entidad, carece de bienes patrimoniales suficientes para responder de una operación de esta cuantía por lo que se solicitó a los agentes a que respondieran con sus bienes personales. Los directivos de la Caja de Sabadell reiteraron que todas las operaciones bursátiles que se habían realizado eran correctas. En este sentido, precisaron que la caja reclamaba los títulos correspondientes (o su valor en pesetas) a las órdenes de suscripción de valores de renta fija por un valor de 2.600 millones de pesetas. Y añadieron que la caja tenía en su poder los documentos oficiales con la firma y sello del agente Alejo Buxeres, pero que transcurridas seis semanas desde la intervención del despacho aún no tenía noticia de los títulos, por lo que abrigaba serias sospechas de que muchos se hubiesen volatilizado.

Durante la reunión trascendió que, aunque las acciones iban dirigidas contra Alejo Buxeres, se tenía constancia de que éste había sido víctima de un reiterado abuso de confianza por parte de su principal apoderado, Juan Sampere. La Caja de Sabadell y las demás entidades de ahorro implicadas en el asunto operaban con Sampere por tener depositada su confianza en este conocido profesional de los medios bursátiles desde hace más de 20 años, mientras que Buxeres sólo era agente oficial de Cambio y Bolsa desde hace seis años. Alejo Buxeres insistió ayer a este periódico que desconocía las relaciones de su despacho con las citadas cajas de ahorro. Un alto responsable de la Caja de Sabadell señaló que hasta diciembre sólo se había invertido en renta fija, lo que había generado unos beneficios de 200 millones de pesetas en 1984. No obstante, en el citado mes se dio órdenes para la compra de 1.600 millones de pesetas en acciones, cuyos títulos estaba pendiente también de regularizar.

En relación con el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número de 17 de Barcelona, Fernando Campos, ha citado a declarar en los próximos días a Buxeres, a Juan Sampere y al síndico de la Bolsa, Jaime Ruiz Cabrero.