El sindicalismo policial
El sindicalismo policial sufre desde la llegada del PSOE al Gobierno un agudizamiento de su crisis permanente, que impide la necesaria clarificación de espacios y objetivos de cada sindicato. Y siendo conscientes de las dificultades comunicativas que trae consigo hablar desde la policía acerca de la política sindical del actual Gobierno, sobre todo cuando, por definición, debiera ser el primer Gobierno de los trabajadores desde hace mucho tiempo, nos causa perplejidad comprobar cómo las dificultades entre sindicatos e Interior se generan en el lado opuesto al que cabría esperar; no es el cumplimiento del cambio por lo que sindicatos y Ejecutivo están enfrentados, sino por el no cambio, por el no cumplimiento de los objetivos que en relación con el Departamento de Interior se había anunciado.El sindicalismo policial nació legalmente en 1977 mediante un real decreto que vino, a dar salida a una situación de efervescencia interna. Sirvió la norma en su momento como válvula de escape, pero era a todas luces insuficiente, y así se denunció reiteradamente. Siete años después continúa vigente y en claro enfrentamiento con el derecho sindical reconocido en el artículo 28 de la Constitución; tanto tiempo después cabría esperar que este Gobierno, por vocación, subsanara tal anormalidad. Pero no sólo no es así, sino que se incrementan los expedientes disciplinarios y sanciones a los dirigentes sindicales; se aprueba una reforma del reglamento disciplinario con fines claramente antisindicales e informada negativamente por la comisión superior de personal, en tanto puede infringir la Constitución; se dicta por el director de la Seguridad del Estadio una disposición "para regular la acción sindical", y establece, entre otras cosas, que la representación será fijada en relación con el número de afiliados (?) de cada organización...
Si el derecho sindical y el incumplimiento en su profundización es hoy uno de los puntos clave en la fricción con el ministerio, no lo es menos el retraso -y nos tememos que ya es algo más que eso- en el envío al Congreso del proyecto de ley orgánica de los cuerpos de seguridad. Dicha ley es esperada por los sindicatos con ansiedad, en tanto debe representar la adecuación plena de dichos cuerpos al modelo policía¡ diseñado en la Constitución y la configuración de la función policial como un servicio público y democrático. Pero también se espera con preocupación por cuanto hoy parece que los objetivos del Gobierno derivan hacia otros radicalmente diferentes a los anunciados, porque si hasta hace dos años se nos habló de cuerpos de seguridad civiles, desmilitarizados, de unificación policial y delimitación de competencias con la Guardia Civil, etcétera, ahora el Gobierno afirma en los borradores de la ley y en las conversaciones con los sindicatos que la policía es un "instituto civil armado" y que, en consecuencia, podrá limitarla o exceptuarla del derecho de sindicación.
Vocación militarista
Esta vocación militarista actual del Gobierno viene ya avalada en la ley orgánica de la Libertad Sindical, en su artículo 12 , 5: "El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que no tengan carácter militar se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos institutos".
¿Qué ha variado, qué poderosas "razones de Estado" impiden asumir al Gobierno los argumentos de una enmienda parlamentaria socialista de octubre de 1979? (enmienda número 284 al proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana. Motivación: "El artículo 69 del proyecto señala que la Policía Nacional constituye un cuerpo civil; por tanto, es una contradicción declararla instituto armado. El artículo 28 de la Constitución sólo prevé la limitación de sindicación para los institutos armados, no para los cuerpos civiles...").
Tal vez la respuesta haya que buscarla en las recientes declaraciones del presidente del Gobierno en las que recordó que tradicionalmente la izquierda había fracasado en España por no haber ' controlado "lo que se llama la calle". Es posible que ahí esté la respuesta, porque hace ya casi dos años idéntico argumento fue esgrimido por el actual subsecretario del Interior, en una entrevista con nuestra organización y en la que le planteamos la necesidad de llevar a la práctica las promesas de profundización del derecho sindical, elaboración de la ley orgánica de los Cuerpos de Seguridad desde: una óptica progresista y desmilitarizadora, etcétera. No vamos a entrar ahora en el rigor seguido para formular tal juicio, pero en lo que en modo alguno podemos estar de acuerdo es en que se justifiquen restricciones sindicales y demás cambiazos mediante una llamada al estado de la calle. Tal vez sea más riguroso recordar que la ausencia de cambios efectivos en algunos cuerpos de seguridad durante la República facilitó que directores generales de los mismos fuesen destacados cabecillas de la rebelión en 1936.
Teniendo como punto de referencia estricta las coordenadas expuestas, nuestro sindicato no puede estar de acuerdo, una vez más, con la actuación y proyectos del Ministerio del Interior. Y, por favor, no se nos argumente en contra de nuestras reivindicaciones un estado de la calle. Porque libertad, sindicalismo, democratización y desmilitarización de los cuerpos de seguridad son factores necesarios para que el servicio policial sea de verdad un servicio público; lo otro no es sino una concepción autoritaria del orden público. Nosotros sólo pedimos que el cambio se haga.
