El juez del "caso Banca Catalana' afirma que el cambio de su situación puede ser inconstitucional

El próximo viernes, a la una de la tarde, se reunirá el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona para examinar la queja planteada por el juez del caso Banca Catalana, Ignacio de Lecea, contra el acuerdo adoptado el 22 de febrero por la asamblea de magistrados que modificó la situación jurídica y procesal del instructor. De Lecea, en su escrito de protesta, alerta a los magistrados sobre los peligros que entraña dicha modificación, y entre ellos cita la posibilidad de que, si se equipara su cargo al de un juez especial, su nombramiento podría ser considerado como inconstitucional.

El magistrado Ignacio de Lecea presentó su escrito de protesta ante el pleno de la Audiencia Territorial el pasado 25 de febrero, tres días después de que se celebrase la asamblea de los magistrados y antes de tener conocimiento oficial de sus resoluciones. La impugnación de De Lecea se basa primordialmente, según reconoce el propio magistrado en el encabezamiento de su escrito, en las informaciones recogidas a través de la Prensa.En el escrito de protesta, y antes de entrar en el fondo del asunto, Ignacio de Lecea plantea la supuesta incorrección cometida por sus compañeros al convocar y celebrar el debate sin su presencia. Asegura que en el citado pleno, que tenía como objeto examinar la pertinencia o no de unas pruebas recabadas por el ministerio fiscal, se trató previamente y sin aviso de un tema ajeno al recurso y de carácter más general, como era el de sus funciones y su relación con respecto al pleno de la Audiencia Territorial.

El magistrado De Lecea recaba su derecho, y el de los otros dos magistrados suplentes, a asistir a cualquier pleno en que se traten problemas orgánicos y funcionales relacionados con su cargo. Pero el instructor delegado minimiza esta incorrección, al asegurar que esta supuesta irregularidad no la plantea para pedir la nulidad de la sesión, ya que, en su opinión, es mejor "para el interés general y de la Justicia dejar las cosas como están".

Tras este preámbulo, el magistrado entra en el fondo del asunto y plantea los peligros procesales, jurídicos e incluso políticos que entraña la modificación de su status jurídico. El juez delegado asegura que si se ha modificado su status para equipararlo a las funciones de un juez ordinario, se corre el peligro de convertir el pleno de la Audiencia Territorial en una sala más de justicia, olvidándose de que políticamente este pleno está ocupando el lugar que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En opinión del magistrado, cabe también la posibilidad de interpretar esta modificación como un intento de equiparar sus funciones a- las de un juez especial. En este caso, De Lecea alerta a los magistrados de que se corre el peligro de que su nombramiento pudiera ser considerado contrario al artículo 24, apartado 2, de la Constitución, que prohíbe el nombramiento de jueces especiales.

Para Ignacio de Lecea, no cabe otra posibilidad que continuar manteniendo el papel que le otorgó el pleno de la Audiencia Territorial en su sesión del pasado 10 de julio, cuando, de una manera tácita, se entendió que el magistrado actuaría por delegación de la asamblea, sin otras cortapisas que las de no poder dictar procesamientos ni poder acordar la conclusión del sumario. Asegura además De Lecea que si se mantiene la modificación de su status, ello significa que se le da plenos poderes para procesar, declarar concluso el sumario e incluso para decretar la apertura del juicio oral.

"Un problema marginal"

El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, restó ayer importancia al debate originado por la carta de De Lecea y aseguró que se trataba de un problema marginal sin gran trascendencia. El magistrado, que se negó a entrar en el fondo de la polémica, desmintió además que el asunto hubiera provocado un enfrentamiento con el juez delegado.En medios jurídicos, sin embargo, se aseguraba que el debate sobre la carta de De Lecea podría convertirse en una moción de confianza en tomo a la labor efectuada durante estos 10 últimos meses por el magistrado, y en el caso que fuese contraria a sus intereses, De Lecea podría verse obligado a pedir su sustitución en la instrucción de la causa. Esta última posibilidad se descarta en los citados medios, ya que se asegura que De Lecea saldrá reforzado del debate y contará a partir de la discusión con el apoyo mayoritario de los magistrados. El principal argumento de esta última hipótesis reside en el resultado de la última votación, en la que los magistrados quedaron enfrentados, procesal y jurídicamente, por 16 votos a 17. En opinión de los citados medios, es un enigma la fórmula que articulará el pleno para dar su apoyo a De Lecea, ya que es prácticamente imposible que se reconsideren o se modifiquen los polémicos acuerdos del pasado 22 de febrero.

Pero, al margen de esta polémica procesal, a los especialistas en el tema de Banca Catalana les preocupa el hecho de que el caso se centre ahora en un debate jurídico ajeno a la investigación del supuesto fraude. Desde hace casi tres meses, según los citados medios, se encuentra paralizada una petición importante: la de aportar al sumario la documentación de los créditos otorgados al ex presidente de la entidad Jaume Carner y los documentos de la supuesta doble contabilidad del banco.