Los mineros británicos volverán mañana a los pozos

La huelga minera británica, el conflicto laboral más largo en la historia de las relaciones industriales del Reino Unido, ha terminado. Una conferencia especial de delegados de las 19 cuencas mineras del país, reunida en Londres, acordó ayer, en una dramática y apretada votación, la vuelta al trabajo "sin condiciones" a partir de mañana, martes. El resultado de la votación, 98 a favor del abandono de la huelga por 91 en contra, demuestra la virulencia de los sentimientos entre los representantes de la base, que ha convertido esta huelga en el conflicto laboral más violento desde finales de la II Guerra Mundial.

, Hasta el último momento, el presidente del sindicato nacional minero (NUM), Arthur Scargill, el líder más radical del sindicalismo británico, trató de persuadir a los delegados de la necesidad de mantener la huelga.El último cartucho fue la espinosa cuestión de una amnistía para los 700 huelguistas despedidos por la Empresa Nacional del Carbón (NCB) por delitos cometidos durante la huelga y relacionados principalmente con la violencia de los piquetes en sus enfrentamientos con la policía o en ataques a las instalaciones de la empresa.

La empresa del carbón se ha negado a readmitir a los obreros despedidos e incluso a considerar el tema de una amnistía general. Su posición es que cada caso será estudiado individualmente. Los representantes de las zonas más militantes, como Yorkshire, Gales del Sur, Kent y Escocia, defendieron tenazmente la prolongación de la huelga hasta que, por lo menos, se consiguiera la readmisión de los despedidos, La conferencia aprobó una moción, después de acordar la vuelta al trabajo "sin condiciones", por la que se establece un fondo especial destinado a pagar los salarios de los obreros despedidos, al tiempo que insta a la ejecutiva del sindicato para que continúen las conversaciones con la empresa con el fin de conseguir su readmisión.

El punto de vista de los delegados de las zonas más militantes es que "se ha perdido una batalla, pero no la guerra". "Se trata de un repliegue", manifestó un delegado, "pero la lucha para conservar nuestros puestos de trabajo y mantener vivas a nuestras comunidades continúa". Incluso Scargill declaraba el viernes que, aunque se acordara la vuelta al trabajo, "la guerra de guerrillas" seguirá en los pozos.

El sentimiento de muchos mineros de Gales del Sur, la zona que más sólidamente ha apoyado la huelga ante la ausencia de otros puestos de trabajo alternativos, queda expresado por la afirmación de sus representantes en el sentido de que es mejor volver al trabajo sin haber alcanzado un acuerdo, lo que significa que las espadas están en alto, que firmar un acuerdo humillante para los mineros.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones y estos sentimientos, la opinión general en el Reino Unido es que la National Union of Mineworkers (el sindicato minero) y, concretamente, su ejecutiva han sufrido una derrota sin precedentes en los anales del sindicalismo británico, que puede tener una influencia decisiva para el futuro del movimiento sindical e, indirectamente, para el del Partido Laborista. Por primera vez, él sindicato nacional minero, antaño la fuerza sindical más poderosa del país, cuyas huelgas de 1972 y 1974 provocaron la caída del Gobierno conservador de Edward Heath, ha sido incapaz de imponer sus condiciones en primer lugar a la empresa y, en última instancia, a la Administración de Margaret Thatcher.

La huelga ha abierto igualmente una brecha en el hasta ahora sólido Trades Union Congress, el máximo organismo de los sindicatos británicos, cuyos intentos de mediación se han estrellado repetidamente ante la intransigencia de los dos máximos protagonistas de la disputa Arthur Scargill y Margaret Thatcher.

La mayoría de los sindicatos, preocupados con asegurar al máximo empleo a sus afiliados en un país donde el paro acaba de sobrepasarla barrera del 14%, se han limitado a prestar "un apoyo moral" a los huelguistas que no ha estado acompañado por medidas prácticas. Sólo los sindicatos de maquinistas de ferrocarril y de la Marina mercante han acudido con paros intermitentes en apoyo de los mineros, mientras que el carbón se trasladaba en cantidades masivas por carretera y los trabajadores de las plantas de energía seguían descargando el combustible.

En opinión de los observadores, Scargill, que a la salida de la conferencia de delegados manifestó que la lucha continuaba, cometió dos errores de bulto en la convocatoria de la huelga en marzo de 1984. El primero fue negarse a convocar una votación a escala nacional entre los afiliados a su sindicato sobre la conveniencia de declarar la huelga. El segundo, subestimar las reservas de carbón en manos del Gobierno.

La negativa a convocar una votación sobre la huelga se tradujo en el hecho de que varias cuencas mineras, entre ellas Nottinghamshire, la segunda en importancia del país, se negaron a secundar el conflicto y adoptaron una actitud de desafío antela ejecutiva hasta el punto de que sus representantes se negaron ayer a asistir a la conferencia especial convocada en Londres alegando que era "inconstitucional".

El precio pagado por Thatcher

Sin embargo, no sólo Scargill y el sindicato salen desgastados del conflicto. El precio pagado por el Gobierno ha sido igualmente alto. La huelga ha costado a Gran Bretaña una cantidad que oscila entre los 600.000 millones y el billón de pesetas, según la fuente que haga el cálculo. Y las encuestas de opinión demuestran que el público británico no está satisfecho de la forma que el Gobierno ha llevado el conflicto.

Los últimos sondeos sitúan a conservadores y laboristas en el mismo nivel de aceptación popular, y uno de ellos da a los laboristas una ventaja de dos puntos sobre los conservadores, una baja para estos últimos de nueve puntos en un a170. Igualmente, esas encuestas revelan que, para un 70% de la población, la política del actual Gobierno conservador propicia la división y no la concordia nacional.