El fiscal del Estado abre expediente a Valerio Martínez

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, anunció ayer la apertura de un expediente disciplinario al fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin, en relación con su actuación en la investigación del asesinato de Santiago Brouard, que inicialmente tuvo encomendada. Fuentes jurídicas de Madrid y del País Vasco han señalado la "falta de oportunidad" de esta decisión, adoptada justamente en la misma fecha en que se hizo público el acuerdo judicial de no aceptar que dicho fiscal declare en el sumario abierto por el asesinato.

El juez de instrucción número 1 de Bilbao, Arturo González Yagüe, que instruye el sumario por el asesinato de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna, ocurrido el 20 de noviembre pasado, denegó, entre otras pruebas solicitadas por Txema Montero, abogado de la acusación particular, la consistente en que el fiscal Martínez prestara declaración (ver EL PAIS de ayer).El mencionado fiscal, antes de ser relevado del caso por el asesinato del médico Santiago Brouard -dirigente de Herri Batasuna-, había dirigido la investigación, entre otras muchas vías, hacia los servicios de información del Estado, iniciativa que disgustó en los ministerios de Interior y Defensa, cuyos titulares respectivos, José Barrionuevo y Narcís Serra, lo comunicaron, a través del de Justicia, Fernando Ledesma, al fiscal general del Estado.

Relevo

Tras el encuentro producido el 28 de diciembre de 1984 entre Ledesma y el teniente fiscal del Supremo, Cándido Conde-Pumpido, éste último se puso en contacto con el fiscaljefe de Bilbao, Fermín Hernández, quien desconocía las iniciativas inveitigadoras adoptadas por el fiscal encargado del caso, por lo que sugirió relevarle y encargarse personalmente.

Conde-Pumpido, que sustituía a Burón por vacaciones de éste, consideró que no era "prudente apartar de la investigación al fiscal que la venía llevando y que esa decisión podría ser origen", explicó, "de interpretaciones desviadas sobre su verdadero motivo".

El 7 de enero de 1985, el fiscal jefe de Bilbao comunicó a Conde-Pumpido, según la información facilitada por éste, autorizada por Burón, "las dificultades que tenia para atender mi indicación de mantener en el caso al fiscal Valerio, dada la renuencia de éste a cumplir sus funciones en las condiciones de dependencia que el Estatuto impone y por haber solicitado que se le apartara de la investigación".

Ante estos nuevos datos, Conde-Pumpido aceptó el relevo "aún contrariándome la situación", según dijo.

Posteriormente, Emilio Valerío Martínez de Muniain hizo declaracíones a los medios de comunicación social.

A su regreso a Madrid, Burón decidió la apertura de diligencias informativas para averiguar lo sucedido entre el fiscal jefe de Bilbao y su subordinado.

La tarea informativa se encomendó al jefe de la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado, Elíseo García Martínez, acompañado por el teniente fiscal Rafael Rojo Urrutia, quienes se, entrevistaron en Bilbao con los dos fiscales y el 23 de enero dieron cuenta a Burón.

A partir de ese momento quedó abierta la posibilidad de iniciar un expediente disciplinario contra Emilio Valerio Martínez, sin que se descartara que el expediente afectara también a Fermín Hernández.

Sorpresa

El anuncio, ayer, de la decisión de Burón de abrir expediente disciplinario contra el fiscal Valerio Martínez causó sorpresa en medios jurídicos madrileños y vascos, en los que se puso de manifiesto el riesgo de que la medida adoptada por el fiscal general del Estado se relacione con el criterio del fiscal jefe de Bilbao, asumido por el juez González Yagie, contrario a la declaración de Emilio Valerio Martínez en el sumario. En tales fuentes se estimó inadecuadala aplicación del articulo 417 de la ley de Enjuiciamiento Crirninal (ver EL PAISde ayer), ya que Emilio Valerio no está sujeto a ningún secreto procesal ante el juez que instruye el sumario, ni es de aplicación "la obediencia debida" ni la necesidad de autorización j)or parte del superior jerárquico.

'Desmarcarse'

"El fiscal jefe de Bilbao", señaló una de estas fuentes, "podría, como mucho, desautorizar la declaración espontánea del fiscal a sus órdenes; pero si el juez, de oficio o A petici ón de parte, ordena que declare, porque estima que puede aportar algo a la investigación del asesinato, el impedimento por parte del fiscal jefe constituiría una forma de complicidad en el delito de falta de colaboración con la justicia", añadió.

En cuanto a la decisión del juez de denegar la declaración, tales fuentes consideraron que el hecho de apoyarse en el débil argumento del criterio del fiscal jefe, indica una persistencia en su actitud de tratar de desmarcarse de las implicaciones más delicadas del caso.

El expediente disciplinario abierto por el fiscal del Estado, Luis Burón Barba, en el que deberá ser oído el fiscal objeto del mismo, puede dar origen a la imposición de algunas de las sanciones -desde la mera advertencia o reprensión hasta la suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año o la separación- previstas en el Estatuto del Ministerio Fiscal.