Los accionistas de Galerías Preciados rechazan el acuerdo sobre el justiprecio

El Jurado de Expropiación de Madrid y en última instancia el Tribunal Supremo tendrán que resolver el contencioso abierto entre la Administración y los representantes de los cerca de 10.000 accionistas minoritarios de Galerías Preciados. Definitivamente no habrá acuerdo entre las partes en la fijación del justiprecio de las acciones y en un plazo de unos 10 ó 15 días, la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, presentará su hoja de aprecio (valoración de las acciones) que marcará distancias más sensibles entre las peticiones de los accionistas y lo que la Administración estaba dispuesta a acordar.

Aunque a nivel oficial fuentes de la Dirección General del Patrimonio afirmen que "hasta que no presentemos la hoja de aprecio no se puede hablar de ruptura", lo cierto es que la reunión que mantuvieron con los representantes de los accionistas, el pasado miércoles 13 de febrero, terminó sin acuerdo.

Los representantes de los minoritarios, encabezados por Jesús María Agurruza, agente de Cambio y Bolsa, siguieron insistiendo en pedir un justiprecio por sus acciones del 150% -en el momento de la expropiación la cotización oficial en Bolsa era del 28%-, incluyendo un 5% de premio de afección, no aceptando por tanto el ofrecimiento de la Administración que se mostró dispuesta a pagar las acciones al 50%.

Contrapropuesta más dura

Las diferencias económicas, para el Estado, entre una propuesta y otra eran claras. Mientras, el Patrimonio estaba dispuesto apactar un precio que oscilaría entre los 1.000 y los 1.500 millones de pesetas, los representantes de los accionistas reclamaban entre 4.500 y 5.000 millones de pesetas. La ruptura, de hecho, del escaso diálogo que han mantenido las partes supone que la oferta de la Administración va a sufrir un fuerte ajuste a la baja.La valoración que se está elaborando en estos momentos en la Dirección General del Patrimonio está siguiendo las pautas económicas marcadas en la ley y, según dichas pautas, es muy posible que aparezca una valoración negativa. La resta del saldo neto patrimonial de la empresa (capital más reservas) con las pérdidas acumuladas de los últimos ejercicios resulta positiva en 20.000 millones de pesetas. Sin embargo, según los técnicos, ponderando cualquier sistema de capitalización de dichas pérdidas que se emplee con saldo mencionado, "el resultado es siempre negativo". Y esa filosofía es la que parece que va a imperar en la valoración que presente la Administración. También se va a tener en cuenta el escaso valor de los inmuebles que no pueden ser dedicados a otra cosa que a grandes almacenes. Precisamente, los representantes de los accionistas han hecho mucho hicapié en la valoración de estos inmuebles, cuyo valor elevado queda anulado por no poder ser destinados a otra actividad distinta a la actual.