¿Por qué el consumidor no opina?

Enero ha subido los servicios bancarios. En otros sitios de nuestra anhelada CEE se llama venta abusiva a ofertar algo gratis, crear su necesidad y después cobrarlo. Algo de esto ocurrió con algunos servicios bancarios. Enero ha cuestionado también el precio de los productos agrícolas, planteando un incremento medio para los productos sometidos a regulación. Este costoso mes de enero ha subido, entre otras fuentes de energía, el gasóleo y el gas. Según las previsiones, no deberían celebrarlo los que usan gasolina simplemente porque ésta no subió. Se van a cambiar los octanajes para evitar el plomo y con ello disminuir la contaminación, lo que es necesario. Esto parece que incrementa en 0,25 pesetas el coste del litro por el nuevo refinado. Puede ser que la gasolina suba.Enero subió los transportes: los trenes son más caros, y también los autobuses, tanto discrecionales como regulares. Las tarifas eléctricas, el teléfono y el tabaco no quedan ausentes de esta movida. El consumidor lo lee y se calla. Realmente se merece el premio a la paciencia. Sin embargo, teóricamente, opina en estos temas, pues tiene un puesto en la Junta Superior de Precios, junto a la Administración -que tiene 13-, los empresarios y los sindicatos.

Derechco a ser consultado

Al estar prácticamente ausente de estos foros se autoexcluye de ejercer uno de los cinco derechos de los consumidores que la Comunidad Económica Europea reconoce y ejercita. Es el derecho a ser consultado y a opinar en las decisiones que le afectan. El segundo programa de la CEE para una política de protección y de información de los consumidores (mayo de 1981)dice que se deben crear condiciones para que el consumidor "participe en la elaboración y en la puesta en práctica de las grandes decisiones económicas que le conciernen dírectamente como comprador o usuario".

La falta de convencimiento de sus derechos comienza por el propio consumidor, que ha asimilado la necesidad de sindicarse para la gestión de su salario, pero se le ha olvidado afiliarse para la gestión de su gasto (control de precios). El programa de la CEE además dice que "la elaboración de las nuevas orientaciones en materia de política económica y social debe ser el resultado de una concertación entre todas las partes interesadas, incluídos los consumidores, y que el consumo no debe ser considerado como una variable de ajuste del desarrollo económico". Cuando el consumo sea considerado como algo más, cuando al consumidor se le reconozca como "partenaire económico", entonces el sistema de mercado podrá empezar a asimilar la necesidad de ajustarse a los intereses de los ciudadanos.

La CEE creó en 1973 el Comité Consultivo de los Consumidores (CCC), con objeto de que los intereses de los consumidores estén representados y éstos puedan ofrecer sus opiniones sobre todos los problemas que de alguna manera les afecten. Este comité tiene capacidad de ofrecer opiniones a iniciativa propia aunque no haya sido consultado. No solamente asume problemas de precios, sino que opina sobre todo tipo de situaciones del mercado que afecte al consumidor. Lo componen 33 miembros, de los que nueve son técnicos especializados en temas de consumo, y 24, representantes de las distintas organizaciones de consumidores o ciudadanos que trabajan por la calidad de vida (CES, sindicato; Coface, organizaciones familiares; BEUC, asociaciones de consumidores; Eurocoop, cooperativas de consumo). El comité consultivo envía representantes a otros comités, como el de productos alimenticios, el de cuestiones aduaneras, el de cuestiones veterinarias y otros 20 comités para diversos productos agrícolas. En todos ellos tiene 90 representantes en total. El objetivo es aportar cuantos más datos posibles para la elaboración de la legislación específica.

Los diversos países integrantes de la CEE tienen órganos de representación similares al Comité Consultivo de los Consumidores.

Sin cauces de opinión

En España no existe algo parecido, a pesar de que la ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE, 24 de julio de 1984), en su artículo 22, prevé que el Gobierno determinará la composición y funciones de un consejo, integrado por asociaciones de consumidores, como órgano de representación y consulta. Los consumidores no tenemos capacidad de opinar porque no hay cauces. El órgano que más podría semejarse al comité de la CEE es la citada Junta Superior de Precios, que teóricamente debe opinar solamente sobre las diversas subidas sectoriales de precios.

Esta junta tiene función consultiva, pues la decisión se toma en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Pero analizando su composición, la presencia de los consumidores es más bien simbólica: un presidente, nombrado por el Ministerio de Economía; 10 vocales representantes de diversos ministerios, dos de asociaciones empresariales, uno de cada sindicato representativo a nivel estatal, uno de asociaciones de consumidores, un secretario general y un jefe de gabinete técnico; los dos últimos, nombrados por el Ministerio de Economía. Hay un peso mayoritario de la Administración. En la exposición de motivos del decreto de 26 de marzo de 1982, que renueva la composición y funcionamiento, se basa la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en lo negociado desde los pactos de negociaciones laborales (Estatuto de los Trabajadores y Acuerdo Nacional de Empleo). Y esto no es criticable en sí mismo. Lo que no es correcto es que la presencia de los consumidores esté desequilibrada al tener sólo un representante. Ni siquiera se asimila a la de los sindicatos u organizaciones empresariales. De nuevo se refuerza la idea de concebir al ciudadano más como trabajador (gestión del salario) que como consumidor (gestión del gasto). Además, la consulta en las decisiones de precios, aunque fuera eficaz, no podría agotar el derecho de los consumidores a opinar. El comité de la CEE es mucho más amplio que el tema del precio. Pues el problema del consumo también es el de la salud, la reparación de daños, la información, la formación, etcétera. Y ahí los consumidores españoles sí que estamos mudos.

El consumidor se limita a ver cómo suben los precios y cómo le suceden las cosas. A lo sumo le queda la posibilidad del enfado personal. Con ello se renuncia al derecho de opinar en las decisiones que le afectan. El sistema económico lo ha marginado de la toma de decisiones, como históricamente hubiera marginado el poder empresarial al trabajador si no hubiera nacido el sindicato como contrapoder laboral. La necesidad de asociarse como consumidor será la base en que apoyar ese contrapoder que equilibre la situación de mercado a favor del consumidor. El sistema por sí mismo no va a dar al consumidor esa posibilidad. Es el propio consumidor quien tiene que asumir su problema y realizar su derecho a opinar en las decisiones que le afecten desde unas organizaciones capaces de representarlo.