Las empresas rechazan la propuesta de privatizar el trabajo portuario

Las empresas estibadoras han rechazado la propuesta de la Administración para asumir la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), hoy organismo autónomo del Ministerio de Trabajo. Las empresas aducen "la existencia de un número desorbitado de trabajadores y un coste laboral fuera de lógica". Y señalan que "resulta imprescindible" que la dependencia administrativa de las tareas portuarias siga siendo del Ministerio de Trabajo. Según fuentes del sector, las propuestas de la Administración suponen un coste anual de 3.000 millones de pesetas.La propuesta de la Administración de privatizar la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), organismo autónomo del Ministerio de Trabajo, ha sido rechazada por las empresas estibadoras que temen cargar con los defectos estructurales de la organización, entre los que se encuentra el pago de un peculiar sistema de seguro de desempleo que alcanza los 3.000 millones de pesetas anuales.

Según la contrapropuesta presentada por los representantes empresariales a la oferta de privatización efectuada por el Ministerio de Trabajo, en estos momentos la Administración no puede liberarse de las responsabilidades económicas que hoy existen en los puertos. En consecuencia, se plantea que o bien se produce una retirada paulatina de estas responsabilidades, o bien se establece una subvención durante un tiempo mínimo de ocho años. Paralelamente, se propone que la organización del trabajo portuario, si se produjera la privatización, fuera facultad de las propias empresas.

La propuesta de privatización de la OTP realizada por el Ministerio de Trabajo viene a mantener los mismos privilegios que hasta ahora tiene el colectivo de trabajadores portuarios, cambiando la responsabilidad del colectivo hasta ahora en manos de la Administración a una corporación formada por las empresas que operan en los puertos españoles. Las empresas tendrían que asumir parte, de personal fijo y recurrir a la corporación cuando necesitara más trabajadores. La Corporación tendría que abonar los salarios de los estibadores censados y hacer frente al pago del seguro de desempleo que, en el caso, portuario, tiene características especiales.

Clarificar dependencias

La contrapropuesta empresarial pone especial énfasis en la necesidad de clarificar exactamente las dependencias de los trabajadores con las empresas, las de éstas con la corporación, la de la corporación con la Administración, la de ésta con los trabajadores y la de éstos con cada uno de los elementos mencionados. Porque, según medios del sector, la Administración deja en manos de las empresas las obligaciones económicas, mientras se reserva facultades "excesivamente amplias" que no deben quedar "a la determinación de la Autoridad Portuaria".En este sentido, se hace especial referencia al establecimiento del número mínimo de trabajadores con que debe contar la corporación de empresas, y que, según Trabajo, ha de ser competencia de la Administración. Las citadas fuentes subrayaron que "la autoridad portuaria podrá definir aspectos como la calidad del servicio, o las cautelas necesarias para que el puerto esté atendido, pero no el número de trabajadores con los que ha de contar la corporación, lo que sería asumir un riesgo que no podrían controlar en el futuro".

En cualquier caso, las empresas estiman que habría que establecer un período transitorio, antes de proceder al traspaso definitivo de competencias, coexistiendo en principio la gestión administrativa de la OTP, y la relación laboral con la corporación.