Los ayuntamientos piden ser relevados del mantenimiento de los colegios públicos

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ramón Sainz de Varanda, ha enviado al ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, una carta donde le pide que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos legales para que los ayuntamientos dejen de pagar "las cargas que suponen el mantenimiento y sostén de los centros escolares públicos".La carta solicita "una respuesta concreta" al Gobierno sobre las obligaciones de los municipios en este campo, que, en opinión de la FEMP, afecta al marco de competencias del Estado.

Un portavoz autorizado de la federación -órgano de representación de los ayuntamientos españoles, creado en 1981- afirmó que "al ser los colegios públicos una competencia del Estado, éste debe asumir los gastos que generen o bien aportar a los Ayuntamientos las compensaciones económicas oportunas en cada caso".

Obligaciones municipales

Los Ayuntamientos están obligados actualmente a pagar el mantenimiento de los centros públicos, entre los que se encuentran los gastos de electricidad, agua y luz, en virtud de la ley General de Educación de 1970 y la ley de Bases de Régimen Local de 1955.

La FEMP no dispone aún de una cifra global de lo que estos gastos pueden suponer a los municipios, por lo que ha encargado una encuesta con el fin de conocerlos. No obstante, fuentes de la federación han apuntado como ejemplo los 300 millones anuales que el Ayuntamiento madrileño de Getafe (126.000 habitantes) destina a estos menesteres dentro de su presupuesto ordinario.

En la carta, en la que se señala que estas cargas "pueden llegar, en muchos casos, a yugular las ya depauperadas economías de muchas corporaciones locales", se pide solución para diversos aspectos concretos, como la falta de créditos a los municipios para la realización de grandes reparaciones en los centros. La misiva del presidente de la FEMP concluye pidiendo "la clarificación definitiva en cuanto a las competencias locales en materia de educación, las dotaciones económicas por la asunción de estas competencias y soluciones rápidas y justas".