El Gobierno inicia una campaña para explicar la ley de Incompatibilidades, que entra hoy en vigor

El Gobierno emprenderá una campaña, basada en 40.000 carteles y 700.000 folletos explicativos de "todo lo que usted quería saber sobre incompatibilidades", con el objeto de inducir a los funcionanos públicos a que declaren a partir de hoy cualquier segunda actividad, pública o privada, que pudiera ser incompatible con su trabajo en la Administración.Fuentes del Ministerio de la Presidencia declararon ayer que habían sido presentadas en el correspondiente registro 35.000 declaraciones de segunda actividad entre funcionarios de la Administración del Estado y 101.000 entre funcionarios de la Seguridad Social, cuando se calcula que pasan ampliamente de 200.000 los funcionarios con un segundo puesto de trabajo.

La ley que hoy entra en vigor concede un plazo, que en la mayoría de los casos expira el próximo 24 de abril, para que los funcionarios que consideren que su segunda actividad es compatible soliciten la preceptiva autorización para ejercerla.

Las fuentes del Ministerio de la Presidencia consultadas admitieron desconocer el número exacto de funcionarios que ejercen dos actividades públicas -aunque ya ha comenzado un trabajo de detección de cualquier posible fraude en las declaraciones- y, menos aún, el número de quienes ejercen actividades privadas presuntamente incompatibles con su trabajo al servicio del Estado. Tampoco existe una evaluación exacta de los puestos de trabajo que quedarán libres como consecuencia de la aplicación de esta ley, aunque los informes elaborados por los técnicos del ministerio elevan la cifra hasta alrededor de 10.000.

La mayor parte de tales vacantes será cubierta a través de la oferta pública de empleo, que será aprobada en un próximo Consejo de Ministros y creará, se espera, alrededor de 25.000 nuevos puestos de trabajo.

De las 35.000 declaraciones de actividad en la Administración presentadas hasta la fecha, 28.000 se resolvieron autorizando el segundo puesto de trabajo. Sin embargo, medios gubernamentales destacan que éstos fueron los criterios empleados a la hora de aplicar la ley anteriormente vigente, que data de 1982 y fue elaborada por UCD. La ley que hoy entra en vigor tiende a dificultar en mayor medida que la anterior el ejercicio de actividades privadas para los funcionarios. Los datos que obran en poder del Ministerio de la Presidencia indican que algo más del 49% de los funcionarios con una segunda actividad pertenecen al grupo A (titulación universitaria superior) y que este porcentaje va decreciendo según disminuye el nivel de estudios.

De acuerdo con sondeos elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 79% de. los españoles se muestra favorable al régimen de incompatibilidades para los funcionarios, si bien este porcentaje decrece hasta un 65% cuando los interrogados son los propios funcionarios. Pese a esta general aceptación, la ley ha levantado protestas en algunos sectores, especialmente en los relacionados con la sanidad y con la docencia.

También se benefician de un tratamiento específico, al margen ya de esta ley, determinados cuerpos como los letrados de las Cortes, que, según un reciente informe periodístico que no ha sido desmentido, no están sujetos de hecho a un régimen de incompatibilidades, al depender de las normas que el Parlamento acuerde para ellos.