Expediente a tres miembros de la Ertzantza por sacar las armas en el desalojo de una familia

La Consejería de-Interior del Gobierno vasco ha decidido abrir expediente a un sargento y dos miembros de una patrulla de la Ertzantza (policía autónoma) que esgrimieron sus armas en la mañana del lunes durante el desalojo de la familia de José Fernández Ortega, que habitaba una casa del barrio bilbaíno de Iturrigorri-Peñascal, expropiada por el Ejecutivo autónomo para construir nuevas viviendas. "La consejería reconoce que ésta no es la forma de actuar de la Ertzantza", declaró el viceconsejero de Seguridad, Eli Galdos.

"Por lo tanto", añadió, "se les ha abierto expediente a los responsables. Es posible que en un momento de tensión se hayan puesto nerviosos, pero un ertzaina no se puede poner nervioso. Esta no es la enseñanza que han recibido los policías autónomos y estamos dispuestos a cortar de raíz este tipo de actuaciones". Por otra parte, la familia afectada por la expropiación ha solicitado una moratoria de tres días para convencer al copropietario José Fernández Ortega sobre la conveniencia de desalojar el inmueble.Los enfrentamientos entre miembros de la policía autónoma y la mencionada familia, integrada por José Fernández Ortega, su esposa, un hijo, una hija y el marido de ésta, ocurrieron en la mañana del lunes cuando la Ertzantza, requerida por la consejería de Política Territorial del Gobierno vasco, procedía a desalojar a los habitantes del inmueble número 49 del barrio de Iturrigorri. Según reconoció a este periódico el viceconsejero de Política Territorial Ibon Areso, el mencionado inmueble forma parte de una finca cuyo expediente de expropiación data del 20 de octubre de 1983.

Fernández Ortega es copropietario de la finca junto a otros dos hermanos, Julio y Amparo, con los que el Gobierno vasco llegó a pactar una tasa de compensación económica a cambio de la expropiación. José, sin embargo -que habita en el inmueble junto a su mujer, su hijo, su hija y el marido de ésta últimase resistió desde un principio a aceptar las condiciones.

"El 7 de noviembre se le comunicó a esa familia", declaró el viceconsejero de Política Territorial, "que disponía de dos meses para desalojar la vivienda e instalarse en la nueva, pero no hicieron caso. Así las cosas, el 7 de enero se le anunció que serían desalojados por la fuerza".

En la mañana del pasado lunes, una patrulla de la policía autónoma intentó efectuar el desalojo forzoso del inmueble, pero topó con la resistencia del copropietario José Fernández que, tras exhibir un cuchillo de grandes dimensiones, improvisó la elaboración de un cóctel molotov con un frasco de gasolina que lanzó contra los miembros de la policía autónoma que respondieron esgrimiendo sus pistolas reglamentarias y efectuaron disparos con los fusiles lanzapelotas. No obstante, el desalojo no se hizo efectivo y el Gobierno vasco esperará los tres días pactados con la familia.