La Administración quiere imponer mayor claridad en las auditorías realizadas en las grandes sociedades anónimas

La crisis financiera que ha tenido lugar en los últimos años en España ha hecho que la Administración se plantee la necesidad de tener información suficiente sobre la situación de las entidades y de las sociedades filiales que componen los grupos financieros. La nueva normativa que se ha elaborado sobre coeficientes de inversión, garantía e información de las entidades financieras establece la obligatoriedad de que se auditen los balances y cuentas de resultados consolidados de los grupos financieros, y no sólo de las compañías matrices, como ha sido habitual hasta ahora.

El Banco de España, por su parte, ha recomendado que no esperen a la aprobación del proyecto de ley, que entrará en vigor en 1985, y que se hagan ya para el ejercicio que se acaba de terminar. Pero las recomendaciones del Banco de España y los problemas detectados en algunas de las auditorías realizadas van más allá de la mera consolidación de balances y apuntan hacia la profesionalidad con que se realizan en algunos casos y el alcance real que tienen las advertencias firmadas por los auditores. Una auditoría es una revisión limitada de las principales partidas de que consta un balance, y de esta revisión se emite una opinión por parte de los auditores acerca de si el balance "presenta adecuadamente la situación financiero-patrimonial" de la entidad o entidades estudiadas "de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados", como suele afirmarse en los informes.En los últimos tiempos, algunas sociedades, financieras o no financieras, han atravesado por problemas patrimoniales graves que no habían sido detectados por los informes de los auditores realizados con anterioridad o que se han declarado en crisis profunda a los pocos meses de haber contado con un informe limpio de auditoría. El último caso conocido es el de la Caja Rural de La Mancha, que ha sido intervenida por el Banco de España después de que la inspección del banco emisor estimara una diferencia de casi 500 millones de pesetas entre lo que aparece en los libros de contabilidad y lo apreciado por los inspectores en el apartado de morosos y de dudoso cobro y un déficit patrimonial de 171 millones de pesetas. Esta caja rural tenía un informe limpio de una auditoría externa en el que se decía que los morosos y fallidos que aparecían en la contabilidad de la caja eran los existentes.

En el Banco de España existe una cierta preocupación por el deterioro que este tipo de errores puede provocar en el grado de confianza de la sociedad sobre el trabajo de los auditores externos y, sobre todo, porque una generalización de este tipo de errores hace que el control externo sirva para poco a la hora de intentar detectar posibles problemas u ocultaciones. Para tratar de impedir esto, desde hace varios años se trata de establecer un marco general de actuación de todas las compañías que se dedican a realizar auditorías de cara a que se homogenice la actuación, tanto en la metodología como en la redacción de los informes.

Preocupación por los errores

Porque a los posibles errores existentes se une también el lenguaje utilizado y la imposibilidad de reconstruir los pasos dados por los auditores para llegar al informe final. Un ejemplo de ello es cuando se realiza un balance consolidado de un grupo financiero, en el que se incluye el banco matriz, los bancos filiales, las sociedades del grupo que realizan actividades financieras y las que tienen en propiedad inmuebles que se utilizan prioritariamente por las propias sociedades del grupo.Consolidar el balance de todas estas sociedades significa reclasificar contablemente algunas partidas de los balances individuales para que tengan todas una homogeneidad, y se puede llegar a un situación equilibrada. La consolidación exige eliminar las transacciones entre las sociedades del grupo, ya que el balance sólo puede presentar la situación del grupo con el resto del sistema económico. Este tipo de reclasificación es entendible, en opinión de los expertos consultados, pero lo son menos los "ajustes patrimoniales" que los auditores realizan para llegar a considerar como válido el balance de todo el grupo resultante.

Los ajustes patrimoniales, según expertos, entre los que se encuentran algunos del Banco de España, significan, en pura contabilidad, que "los apuntes existentes en los libros de contabilidad de las sociedades deberían corregirse para ajustarse a la realidad", ya que lo que vienen a significar normalemente son pérdidas latentes que no se sacan a la luz. Ello implicaría, necesariamente, una reducción de los fondos propios del grupo consolidado escrito en los libros o una disminucion de las reservas totales en el caso de que los ajustes impliquen pérdidas. Como quiera que hasta ahora son muy pocos los grupos financieros que al presentar el balance consolidado del grupo lo acompañan del balance individualizado de cada una de las sociedades que componen dicho grupo, resulta prácticamente imposible detectar exactamente dónde se encuentran esos ajustes patrimoniales.

Para algunos auditores, por el contrario, la frase "ajuste patrimonial" puede significar la existencia de pérdidas latentes, pero también la no consideración como gastos de las empresas del pago del impuesto sobre beneficios de las sociedades, la necesaria reducción del capital de la entidad en función del número de acciones de la matriz que tengan el resto de las sociedades del grupo y la consideración del fondo de comercio, que tiene relevancia en el caso de la adquisición de bancos en crisis con un valor patrimonial menor del que se ha pagado por ellos en compra.

Aclarar qué se quiere decir exactamente cuando se habla de "ajustes patrimoniales", explicitando los realizados para llegar al balance consolidado del grupo, es una de las preocupaciones prioritarias que tiene la Administración, y en especial el Banco de España, ante los informes de auditoría externa que presentan las entidades financieras.